De regular a mejor

Lunes 5 Septiembre, 2016

No hay norma perfecta. En la medida en que las interacciones e intercambios voluntarios se dan espontáneamente en una sociedad y mercado libres, lo que le resta al Estado muchas veces es regular sobre aquello en lo que la plena coincidencia de voluntades es difícil o imposible. De forma natural, existirán grupos beneficiados y perjudicados con cada nueva pieza de legislación.

Es por eso una buena noticia la presentación del proyecto de ley de la bancada de Peruanos por el Kambio para promover la creación de una Oficina de Estudios Económicos (OEC) en el Congreso que ayude a identificar el impacto de las leyes. A pesar de que el Reglamento del Congreso dispone que todo proyecto de ley debe contar con un análisis costo beneficio (ACB), pocos congresistas cumplen adecuadamente con el requerimiento. Por ejemplo, según publicaciones del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso, de una muestra de 100 proyectos de ley “el 81% decía que no irrogaba gastos o que no demandaba recursos adicionales”, en tanto el que 90% de ACB presentados tenían menos de 20 líneas de texto. Otros estudios encuentran resultados similares.

La idea es que la nueva oficina adscrita al Congreso sirva de soporte permanente en materia económica para los congresistas y sus despachos, y que lleve a cabo un análisis no vinculante de los predictámenes. Este será público y de libre acceso para enriquecer el debate legislativo y trasparentar los impactos de la norma ante la ciudadanía.

Ciertos sectores han criticado la propuesta de la bancada oficialista por tener un sesgo demasiado “economicista”. ¿Cómo valorar –se preguntan algunos– la vida humana o la conservación ambiental en un frío ACB? Lo primero a poner en claro aquí es que dejar de llevar a cabo un análisis costo beneficio explícito no hace que la valoración implícita en cada pieza de legislación desaparezca; simplemente la oculta. Si, por ejemplo, se desea crear una nueva área natural protegida que restrinja las actividades económicas en determinada zona, el hecho de aceptar o descartar la propuesta supone necesariamente una valoración –implícita o explícita– sobre sus costos y beneficios.

Lo segundo es que, si bien la metodología de ACB suele demandar una estimación cuantitativa, no es necesario que así sea. En el extremo, una identificación simple de los ganadores y perdedores de cada legislación propuesta sería ya un gran paso adelante con respecto a la situación actual. Esto último resulta sumamente importante porque no son pocas las ocasiones en las que los beneficios de la norma en cuestión superan a los costos, pero los primeros resultan dispersos entre la sociedad y los segundos concentrados en un grupo en particular que se puede organizar fácilmente para ejercer presión. La lucha por bajar aranceles en beneficio de la gran de mayoría de consumidores es un ejemplo claro.

Por supuesto, blindar la entidad de influencias políticas, garantizar que la gente idónea la lidere, y asegurar que esta no se convierta simplemente en un trámite burocrático adicional es prioridad. El proyecto de ley para crear la oficina recibirá comentarios y mejoras mientras transita ahora por el proceso legislativo regular. Quizá si la OEC estuviera ya en operación las mejoras al proyecto serían aún más sustantivas.

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