Cambios laborales deben atacar problema de fondo; el resto es complementario
10 de agosto de 2006
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Susana Pinilla, anunció que su sector analiza la posibilidad de concretar una alianza con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que las empresas que incumplan con pagar las multas impuestas sean derivadas a la central de riesgo e inhabilitar su acceso al crédito. (Semanam@íl y diarios)
Nuevamente, se pierde de vista cosas importantes: el marco legislativo laboral necesita ser reformado; las normas laborales actuales sólo alcanzan a una minoría de la población laboral (y a las empresas grandes, que, por lo general, cumplen con el marco legal); y la forma de mejorar la calidad del trabajo requiere de un adecuado esquema de incentivos, complementado con una fiscalización efectiva, pero sin abuso.
El incumplimiento de normas de trabajo no es generalizado. La mayoría de empresas formales cumple las normas y está bien que las que no lo hacen sean sancionadas, de acuerdo con la legislación (al margen de la causa: financiera, de gestión o legal). Pero, ¿acaso no debería preocuparles más a las autoridades los derechos laborales de la mayoría? Dos de cada tres trabajadores son informales y lo más probable es que no tengan derecho laboral alguno. Además, el 90% del mercado del microcrédito está desatendido –de acuerdo con los promotores del ingreso de la banca pública en el segmento. En ambos casos, la absurda legislación es el factor determinante. Entonces ¿qué ganamos limitando el acceso al crédito de las pocas empresas formales que hay en el sector?
Lo primero que hay que hacer es reformar el marco legal. Se necesita una ley de trabajo flexible y de consenso. Algunos regímenes especiales, como el de la ley de mypes, deben hacerse permanentes y ampliarse su aplicación a las pequeñas empresas. También se requiere un esquema de incentivos: premios, facilidades y reconocimientos para las empresas que cumplan las normas laborales. Además, así como la ministra invoca a las empresas grandes a no subcontratar services o empresas de outsourcing que incumplan estándares de seguridad laboral, en vez de bloquear el acceso al crédito de las incumplidas, debería buscar crear algún tipo de certificación para que los intermediarios financieros sepan que la empresa evaluada para un crédito está comprometida en elevar la calidad del ambiente de trabajo y consideren eso como un punto a favor. Así es como trabaja la comunidad internacional. Algunos organismos multilaterales, por ejemplo, priorizan sus préstamos al cumplimiento de ciertos requisitos.
Distribución de la PEA por Ciudades (En Porcentaje del Total), 2005*
Fuente: MTPE / Elaboración: Instituto Peruano de Economía
*No incluye Sector Público, ni mediana y gran empresa del sector privado. En ambos casos se asume total formalidad.
Las cifras del propio MTPE revelan el altísimo número de trabajadores con derechos laborales nulos o limitados. Cancelar las licencias municipales por accidentes laborales no resuelve nada. La discriminación no es positiva, y lo es menos cuando el marco legal no está bien definido y genera problemas de excesiva discrecionalidad. Además, perjudica a los trabajadores que se quedan sin trabajo.