Andina/difusión

Mala leche, sueldo mínimo y Subsidio 65

09 de agosto del 2011

Podría haber correcciones. Evalúan efecto en el alza del salario mínimo. / García Naranjo confirma inversión en planes sociales. ‘Bono gratitud’ solo ha atendido a 2,000 personas. (Perú 21 09/08/2011)

Tres conocidos columnistas opinaron hoy sobre la difícil relación entre el gobierno del Presidente Humala y la prensa, en los diarios La República (ver) y Diario 16 (ver), todos los cuales apoyaron a Gana Perú durante la campaña presidencial. Dos volvieron a exhibir su confusión conceptual, posiblemente resultante que siempre ven la realidad a través de un prisma político populista. Uno sugirió que “la derecha” intentaba demoler mediáticamente al gobierno aprovechando sus errores. Otro sostuvo que los programas sociales importunaban a “la derecha” y sus economistas. Coincidimos en que hay visiones retrógradas del desarrollo, de la política, de los ciudadanos y de otros temas, tanto a la “derecha” como a la “izquierda” del espectro político. Si no fuera así, el Perú estaría mucho más desarrollado y no escucharíamos el maniqueísmo trasnochado con el que algunos califican las preferencias políticas. La teoría moderna de políticas públicas identifica cuatro categorías puntuales, que un estudiante de pregrado puede identificar tras una explicación breve, para que el Estado intervenga en la economía: las llamadas fallas de mercado. También reconoce que hay fallas de Estado, dado que las autoridades elegidas y los burócratas tienden a actuar en función de incentivos políticos que no necesariamente coinciden con los de la población. Debido a que existen tanto fallas de mercado como fallas de Estado, para corregir las primeras con frecuencia se intentan recrear las condiciones y los esquemas de incentivos que existirían en un mercado sin fallas. Por ejemplo, se regula, las tarifas eléctricas para simular un entorno competitivo en vez que el Estado produzca, transmita y distribuya electricidad.

Otro tema a considerar y sobre lo cual la teoría no es concluyente acerca de sus efectos es que el Estado promueva la equidad -inclusión social en la jerga de moda- incluso a costa de la eficiencia. Es decir, hasta que punto estamos dispuestos a pagar para que haya mayor equidad y qué rol debe jugar el Estado en este sentido. Así, las propuestas de pensadores como John Rawls o Amartya Sen se oponen a las de muchos economistas liberales clásicos. Particularmente, en un país como el nuestro, creemos que la visión Rawlsiana es más adecuada: se deben diseñar las políticas públicas para beneficiar, en la mayor medida posible, a los ciudadanos verdaderamente más necesitados, los que en el Perú se pueden representar por una niña desnutrida crónica o una madre gestante que viven en algún caserío alto y frío de la sierra.

Basándonos en consideraciones conceptuales y en amplia evidencia empírica que algunos ignoran o distorsionan (ver), hemos cuestionado la idoneidad de dos propuestas oficiales: volver a aumentar el sueldo mínimo y, al menos en su diseño actual, Pensión 65 (CD 17/05/2011). Declaraciones recientes de la Ministra García Naranjo y el Ministro Vega añaden razones para estar preocupados por su racionalidad.
La Ministra de la Mujer criticó el “bono de gratitud” implementado por el gobierno de García Pérez, ya que solo ha atendido a dos mil personas. Políticamente, estamos de acuerdo: se creó para intentar desinflar el impacto electoral de Pensión 65, cuando se supone que el Presidente de la República no debería intervenir en las elecciones. Pero la siguiente cita a la Ministra incluye un error garrafal: “El promedio de vida en Perú es de 74 años, por eso solo se ha atendido a dos mil personas”. Sí y no. Efectivamente, la expectativa de vida al nacer es de 74 años, pero esta cifra incluye una proporción aún considerable de mortalidad infantil, así como muertes previas a la edad de trabajar. La expectativa de vida de una persona que sobrevive a la infancia es mucho más elevada. Tanto para el diseño de un plan de pensiones como para el subsidio llamado “Pensión” 65, la expectativa relevante es la de aquéllos peruanos en pobreza extrema que superan los 65 años; y esta cifra supera los 80 años. Una especialista en programas sociales debe conocer un concepto tan elemental. El Censo del 2009 nos dice que hay más de 700,000 peruanos con más de 75 años y más de 1.7 millones con más de 65 años. Utilizando la Encuesta Nacional de Hogares estimamos que hay casi medio millón de peruanos, de 65 años o más, en condición de pobreza. Así que hay expansión de cobertura de Pensión 65 para rato.

Acerca del aumento del sueldo mínimo, el Ministro de Trabajo dijo: “Iremos evaluando el efecto de la medida y, si es necesario, se harán correcciones”. Valdría la pena indicarle al Ministro que ya se evaluó el efecto de la medida. Hay varios trabajos aplicados coincidentes de investigadores del Banco Mundial, el Banco Central, el Grupo de Análisis para el Desarrollo y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico: el aumento del sueldo mínimo promueve mayor informalidad, empeora la distribución del ingreso y no se traduce en aumentos de sueldos a quienes ganan menos o poco más que el mínimo, que son los más pobres. Para comenzar, ¿qué sentido tiene proclamar un salario mínimo cuando el Estado ni siquiera intenta hacerlo cumplir para la mayoría de los trabajadores que son informales? (ver gráfico). Pero cumplir con la promesa de campaña excluirá, no incluirá, a más peruanos en las mejoras de bienestar observadas en los últimos años. El Ministro Vega también dijo que el aumento de S/. 75 no pasó por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) dado de que se trata del cumplimiento de una oferta electoral. La principal falencia de nuestro país es su debilidad institucional. Douglas North, Premio Nobel de Economía, definió a las instituciones como “restricciones diseñadas por las personas para restringir su comportamiento”. El Ministro Vega, ha sido muy franco: donde manda Presidente electo que ofreció una propuesta populista inconveniente, no hay institucionalidad ni Consejo que valga.

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