Andina/difusión

Megaproyectos vs Cosecha de Agua

19 de marzo del 2014

 
proyectos de irrigaciónLa Corporación Andina de Fomento (CAF) firmó un préstamo de US$ 150 millones al gobierno peruano para el Proyecto Chavimochic III (ver).

Es generalmente aceptado que los proyectos de irrigación son muy positivos para la sociedad. Es común que se les llame “el gran anhelo” de alguna parte de nuestro país. Por ello mismo, su relevancia política es obvia y tienden a tener mucho apoyo de todo tipo de políticos dentro y fuera del gobierno. Es impresionante pasar por la carretera y ver una zona verde, y activa en medio del desierto, por ejemplo.

Para determinar la conveniencia de una política pública, sin embargo, no solo debemos considerar sus beneficios, sino también sus costos, y es la relación entre ambos –beneficios versus costos sociales– la que nos permite saber cómo priorizar el uso de los limitados recursos de la sociedad.  Es más, un principio básico de economía es que debemos considerar no sólo los costos del proyecto sino el llamado “costo de oportunidad”: lo que se debe dejar de hacer para poder dedicar los recursos al proyecto. Los escasos recursos de la sociedad se pueden usar para fines alternativos, y la idea es que no sólo se utilicen en algo que valga la pena sino que se usen de la mejor manera posible.

Los beneficios sociales de la mayor actividad agrícola asociada a los megaproyectos de irrigación son, conceptualmente, los siguientes: i) El significativo empleo que usualmente se genera, dado que los proyectos tienden a ser intensivos en mano de obra, y la actividad económica, y empleo adicional que se genera cuando los trabajadores gastan sus ingresos. ii) Las exportaciones generadas que contribuyen las divisas necesarias para balancear nuestras necesidades de importación y evitar los desequilibrios de la balanza de pagos que generan inestabilidad cambiaria. iii) Los impuestos pagados que financian el gasto público, si bien la agricultura está afecta a una tasa de impuesto a la renta de 15%, que es la mitad de lo que pagan la mayoría de sectores. iv) Los encadenamientos con proveedores de todo tipo y el impacto positivo del surgimiento de un “cluster” agroindustrial.

Los costos sociales usualmente considerados están básicamente asociados al costo de llevar el agua a los agricultores (las grandes represas son costosas) y al uso mismo de este recurso escaso. El agua de los megaproyectos de irrigación puede tener distintos usos, aunque usualmente el agua es mejor usada en estos proyectos que en la agricultura en promedio porque en general el agua casi se regala y en los megaproyectos se tiende a cobrar una suma más cercana a su verdadero costo de producción.

Así, no parece que hubiera un problema. Tampoco hay dudas respecto a que se pueda justificar la intervención del Estado en los megaproyectos de irrigación: hay fallas de mercado que pueden justificar la intervención del Estado.

Sin embargo, en nuestra opinión, la principal consideración por la que se puede cuestionar la inversión en estos proyectos es el uso alternativo de los recursos públicos. Más en un gobierno que se reclama inclusivo. La información disponible indica que si los recursos fueran utilizados en financiar proyectos de microirrigación no sólo se tendría un mayor impacto sobre la producción sino que se beneficiaría a más agricultores y a agricultores de menores ingresos (ver gráficos).

Sólo como ejemplo, un tipo de microirrigación, la “cosecha de agua” pareciera ser una alternativa mucho más efectiva y equitativa para proyectos de irrigación financiados por el Estado. Consiste en construir micro reservorios en la parte alta de los cerros para guardar el agua de lluvia y correntío para obtener múltiples beneficios cuyo detalle escapa a esta nota. Y la lista de posibles intervenciones públicas para el desarrollo rural es más larga. Sólo queremos señalar que Chavimochic III es bueno, pero no tanto si consideramos que no sólo escasea el agua sino también los recursos públicos y las buenas decisiones sobre su uso.

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