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Acá nones

26 de noviembre del 2013

Desde hace años el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) evalúa cambios a la inequitativa distribución de recursos que suponen el canon minero, petrolero y gasífero. La asignación de los recursos públicos debe ser guiada por los principios de equidad y de apoyo a los menos afortunados. La comparación de la distribución del canon por persona con medidas de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas (agua o desagüe, por ejemplo) dejan en claro la poca relación entre uno y otro (ver gráficos 1 ,2 y 3).

Con frecuencia el canon acrecienta la desigualdad existente, a veces de manera escandalosa. El MEF intenta compensar esta disparidad asignando otros recursos del presupuesto y usando instrumentos como el Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Sin embargo, el nivel que el canon ha alcanzado en algunas regiones y distritos debido a la escala de los grandes proyectos mineros o de hidrocarburos –especialmente con el aumento del precio de los minerales y el petróleo– hace imposible que el MEF compense las tremendas desigualdades generadas. Por estos motivos, la asignación del presupuesto público de inversión es dispar, lo cual limita la posibilidad de que se utilice para igualar oportunidades y es injusto para los muchos peruanos que no se benefician equitativamente de los recursos que son patrimonio de todos los peruanos.

La idea del canon, que fue apoyada por algunos empresarios mineros, era que con él las comunidades cercanas a los proyectos mineros tendrían un beneficio tangible y sustancial de la actividad minera, lo cual ayudaría a reducir los conflictos. El error fue que, como hemos comprobado, el asegurar un presupuesto importante a ciertas autoridades locales ni asegura el bienestar de la población ni es necesariamente asociado a la actividad que lo genera. Los pobladores no buscan presupuestos de inversión en cuentas especiales a nombre de las autoridades, sino bienestar. La infraestructura básica, social o productiva es un medio para tal fin. Pero los proyectos mal diseñados y mal ejecutados, así como los que nunca se ejecutan, con frecuencia empeoran el problema político y la falta de confianza en el Estado. Y esto, sin considerar las agendas politiqueras o el uso ilegal de los recursos públicos.

En un contexto de precariedad institucional, clientelismo político, búsqueda de rentas y ausencia de rendición de cuentas, la distribución de  los recursos mediante el canon no necesariamente contribuye al desarrollo. La ineficacia del canon ha llevado a que los proyectos mineros y petroleros tengan que obtener la licencia social de las comunidades ofreciendo obras y presupuesto sin que se considere la contribución del canon. Pero, por supuesto, esto sólo ocurre para la minería formal y no para la minería informal que ni contribuye al fisco ni cumple normas ambientales ni laborales ni contribuye con obras para la comunidad.

Los recursos del canon tienden a ser invertidos de manera aún más ineficiente que la inversión pública en general porque son, por ley, de las entidades subnacionales y las universidades públicas de la zona de influencia del canon. Estas instituciones carecen aún de las capacidades e incentivos para invertir bien sus recursos. Pero no es privilegio de los gobiernos subnacionales invertir mal. La ausencia de planes, la fragmentación de la inversión pública, lo poco y mal que se trabaja generalmente con el sector privado, lo poco que se mantiene (con frecuencia para volver a construir licitando y mordiendo), entre otros factores, son males endémicos del sector público. La discusión del canon debería servir para avanzar en solucionarlos.

Insistimos en que parte importante de los ingresos fiscales provenientes de recursos no renovables o temporales deberían alimentar un Fondo Soberano de Riqueza que financie mejor y más sostenidamente la infraestructura básica necesaria. Contribuiría a hacer más sostenible la renta minera. Pero también se requieren reformas en las políticas de inversión, el servicio civil y la descentralización, las cuales deberían ser parte de la transformación hacia instituciones políticas más inclusivas.

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