El Estado cae en la hipocresía con la formalización de la minería ilegal

16 de mayo del 2012
El Comercio

Hace semanas, un experimentado y bien informado asesor del Congreso nos contó que altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, incluidos varios ex funcionarios del fenecido Banco Minero entidad que en los 70, cuando la preocupación ambiental era escasa, promovió por primera vez la explotación de oro en Madre de Dios estaban preparando una iniciativa legal para que una empresa pública comprara oro a los productores ilegales. Pensamos que exageraba.

Le comentamos que nuestra legislación no permitía producir oro con una tecnología exactamente igual a la que se usaba durante la fiebre del oro de California, a mediados del siglo XIX. Que incluso para empresas líderes mundiales era difícil encontrar una solución tecnológica viable que permitiera la extracción legal del oro en Madre de Dios. En suma, el oro de Madre de Dios no era, en el mundo de la legalidad, una opción. Pero lo es en nuestra ‘macondiana’ realidad.

Varios gobiernos se hicieron de la vista gorda e incluso algunos funcionarios participaron de esta depredación, pese a la evidente destrucción medioambiental, hoy visible en un aparato de bolsillo vía Google Earth. Esto se debe a que no hay frentes de defensa cuando se trata de verdaderamente defender el medio ambiente, ni carreteras tomadas para protestar por los costos sociales de la minería ilegal: niños con envenenamiento de mercurio por tomar agua o alimentos contaminados por la minería ilegal y, por ello, condenados a la pobreza; miles de hectáreas dragadas, inundaciones, ríos desviados y destrucción de enormes ecosistemas. Esta falla de mercado justifica la intervención pública.

Pero no ese cuestionable decreto supremo que, lleno de medias verdades y eufemismos, legaliza la ilegalidad ‘temporalmente’ por presión política. Así no fuera cierto lo que cree el citado asesor y no tuviéramos motivos para pensar que los ciudadanos pagaremos la llenada de bolsillos de algunos “servidores públicos”, se ha perpetrado un despropósito mayúsculo. El dispositivo legal se consideró tan urgente que, en ausencia del presidente y del ministro de Economía, fue firmado por los encargados de sus respectivas funciones.

El infame DS 012-2012- EM otorga a Activos Mineros del Perú S.A.C. el ‘encargo especial’ de “implementar un programa temporal de formalización a través de la comercialización de oro para pequeños mineros y productores mineros artesanales que están en proceso de formalización”. La verdad es que la pequeña minería y la minería artesanal no son lo mismo que la minería ilegal, y que registrarse formalmente no puede al terar métodos de producción ilegales que destruyen el medio ambiente.

Es alarmante que bajo la excusa de permitir una actividad ‘temporal’, el DS 012 en realidad autorice las actividades de compra y venta de oro no solo a Activos Mineros sino también a “los titulares de plantas de beneficio y los demás comercializadores”. Es decir, el supuesto control que se estableció para que no se pudiera lucrar de la explotación ilegal de oro se borró de un plumazo. ¿Con qué descaro puede alguien rasgarse las vestiduras por las lagunas de Conga mientras se permite esto? Eso es hipocresía que nos está costando caro con caídas en la producción legal de oro.

EL DS 012 le encarga a Activos Mineros que elabore “estudios de precios para establecer precios de referencia” y “estudios sobre al almacenamiento, transporte y trazabilidad del oro”. Un estudio bien hecho, como el que no harán, estimaría los tremendos costos sociales de la producción de oro ilegal. Si así fuera, los mineros ilegales, formalizados temporalmente ahora, tendrían que pagar por entregarle el oro a la empresa pública.

“El presente encargo especial se realiza considerando la sostenibilidad económica financiera de Activos Mineros S.A.C.” balbucea el DS 012. Deben usar otro concepto realista mágico: en su presupuesto del 2012, la misma empresa espera perder S/.27 millones; ya le debe US$185 millones a la Agencia de Cooperación Japonesa. Al menos son transparentes en algo: ya desde el DS están anunciando que la temporalidad se extenderá para seguir “solucionando políticamente una crisis social”. ¿Acaso alguien cree que esto durará solo 18 meses?

La frase ambiental del DS es de Ripley: “en tanto no se haya implementado un procedimiento de certificación de la calidad ambiental y procedencia del oro, el Ministerio de Energía y Minas establecerá un Registro Especial ”. ¿Qué procedimiento? Este es un cheque en blanco y sin fecha.

Cuando Antonio Brack era ministro de Ambiente, se realizó una operación para detener el funcionamiento de las dragas que destruían el medio ambiente, incluyendo algunas que tenían autorización legal para operar. El Estado debe parar la contaminación haciendo cumplir las leyes: ese oro no puede beneficiar a quienes depredan el medio ambiente en perjuicio de todos los peruanos. No hay una solución regulatoria posible. Tampoco aplican las consideraciones de equidad: los dueños de las operaciones mineras ilegales de Madre de Dios  no están entre los peruanos más pobres mientras que aquellos cuyas vidas destruyen sí lo están.

Por supuesto que se podrían justificar programas de asistencia social para los mineros desplazados que usualmente son malamente explotados. Programas de capacitación, asistencia para mejorar la productividad en actividades alternativas e inversión social en donde quieran asentarse legalmente. Pero esto es una claudicación, inclusive para nuestro Estado, ausente donde debe estar, pero demasiado metido donde no debe estar.

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