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Columnas de opinión

Acotación y fiscalización, Petroperú

14. 07. 2003

SUNAT volvió a acotar, por tercera vez, a empresas eléctricas por la “doble depreciación”

• La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) acotó a EDELNOR (por S/.300 millones), Luz del Sur (por S/.200 millones) y EDEGEL (por S/.500 millones) por haber, presuntamente, utilizado inadecuadamente el DS-120-94-EF que reglamentó el beneficio de la revaluación de activos y doble depreciación de los mismos en caso de reorganización societaria. Las empresas consideran que el caso no está siendo llevado adecuadamente. Ignacio Blanco Fernández, representante de ENDESA en el Perú y gerente general de EDELNOR, afirmó que estas dos compañías apelarán ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial por la acotación. (Correo y Gestión)
• SUNAT también acotó a la compañía minera Barrick por haber, supuestamente, hecho uso indebido del DS-120-94-EF. (Correo)
• SUNAT ya había acotado anteriormente a las tres empresas eléctricas mencionadas porque consideraba que éstas habían “estabilizado” inadecuadamente, gracias a los convenios de estabilidad tributaria, los beneficios otorgados por el DS-120-94-EF a partir de 1999, año desde el cual el mencionado decreto ya no fue ratificado. Las eléctricas, sin embargo, obtuvieron fallos favorables de tribunales arbitrales. Además, apelaron el fallo de SUNAT, que se ratificó en la acotación. El caso fue remitido al Tribunal Fiscal que, finalmente, determinó que las acotaciones efectuadas por SUNAT eran nulas. SUNAT ha insistido y acaba, en el caso de las tres empresas eléctricas mencionadas, de cuestionar la metodología utilizada para valorizar las empresas. Adicionalmente, en el caso de EDEGEL, ha cuestionado la lógica económica de la operación. Esta vez, en cambio, es la primera en la que la autoridad tributaria acota a Barrick.
• Aunque el proceso podría ser largo, ya que el representante de ENDESA en nuestro país ha señalado que apelarían la decisión de SUNAT y llevarían el caso hasta la Corte Suprema de ser necesario, esperamos que esta vez se resuelva definitivamente. De lo contrario, se seguiría posponiendo la incertidumbre que está afectando a algunas de las empresas trasnacionales que seguirían figurando entre los mayores inversionistas en nuestro país. Recordemos que ENDESA está a punto de suscribir el contrato take-or-pay por parte del gas que produciría el proyecto de Camisea; PSEG, accionista de Luz del Sur, es una de las empresas interesadas en la hidroeléctrica de Yuncán y Barrick es dueña del proyecto aurífero de Alto Chicama.

 

SUNAT amplía el exitoso sistema de detracción del IGV
• SUNAT iniciará hoy una mayor fiscalización del Impuesto General a las Ventas (IGV) que incorporará a productos para la construcción, la madera y los desechos metálicos en el sistema de detracción, mecanismo con el que espera un mayor cumplimiento del pago y fiscalización del IGV. (Gestión y La República)
• SUNAT ha decido ampliar el sistema de detracción del IGV, que utilizó inicialmente para algunos productos agrícolas. Desde hoy día, los compradores de arena, madera, desechos metálicos, leche cruda entera y café crudo o verde también depositarán en una cuenta del Banco de la Nación un porcentaje del importe del monto de la compra. La autoridad tributaria espera recaudar S/250 millones al año con la medida. Es positivo que se siga intensificando la fiscalización del IGV, particularmente tras el incremento de la tasa del mismo, que fomentaría una mayor evasión tributaria.

 

Gobierno observa ley que excluía a Petroperú del proceso de privatización
• El Ejecutivo decidió observar la autógrafa de ley que prohibía la privatización o liquidación de Petroperú, debido a que el proyecto limitaba la entrada de capitales en el país y, además, daba la impresión que estaba cancelando los procesos de promoción de la inversión privada. (Perú 21, La República y Expreso)
• Nos parece positivo que el gobierno haya decidido mantener abierta la opción de privatizar Petroperú. Los sucesos recientes en la empresa confirman que la gestión de la misma no es transparente ni le rinde adecuadamente cuentas a la opinión pública. Tampoco entendemos por qué un Estado tan necesitado de recursos como el nuestro tiene que desviarlos para financiar actividades que podrían, perfectamente, ser asumidas por una empresa privada, de acuerdo con el principio de subsidariedad que reconoce la Constitución.
• Dudamos, sin embargo, que el gobierno decida privatizar, por ejemplo, la refinería de Talara o algunas estaciones de servicio de la empresa que compiten deslealmente con el sector privado debido a la considerable impopularidad que tal decisión tendría, según las encuestas de opinión.

 

 

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