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Ciudadanos que esperan por sus derechos en salud en realidad no tienen derechos

14 de marzo del 2022
Dra. Flor de María Philipps

En nuestro país, la Ley General de Salud de 1997 reconoció los Derechos, Deberes y Responsabilidades concernientes a la salud individual y fue modificada parcialmente por la Ley 29414, promulgada en 2009, al establecer los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.

Sin embargo, pese a tratarse de un tema vinculado a la protección de la vida y la salud de las personas y por ello resultar transversal al interés de la sociedad, tuvimos que esperar hasta el año 2015 para contar con el reglamento[1] que precisó el listado detallado y alcance de cada uno de los derechos regulados por norma, permitiendo su comprensión, interpretación e implementación. Dicho reglamento también dispuso la divulgación de estos derechos en todas las Instituciones Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) como clínicas, hospitales, centros médicos, entre otros, tanto públicas como privadas, y encargó a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) velar por su aplicación y monitoreo.

¿Cuáles son nuestros Derechos como Usuarios de los Servicios de Salud?

Los ciudadanos debemos saber que, en tal condición, tenemos cinco derechos:

  1. Derecho al acceso a los servicios de salud, que incluye la atención en situación de emergencia, la libre elección de médico o IPRESS, recibir atención con libertad de juicio clínico, acceso a una segunda opinión médica y a medicamentos y productos sanitarios.
  2. Derecho al acceso a la información, que incluye ser informado de los derechos como usuario, conocer el nombre de los responsables del tratamiento, ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud, ser informado sobre las razones de traslado dentro o fuera de la IPRESS, acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS, recibir información sobre la propia enfermedad, decidir el retiro voluntario de la IPRESS, negarse a recibir o continuar un tratamiento y ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
  3. Derecho a la atención y recuperación de la salud, que incluye ser atendido con pleno respeto a la intimidad y dignidad personal, recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos, la seguridad personal y no ser expuesto a peligro por personas ajenas al establecimiento, autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía y el respeto al proceso natural de la muerte de enfermo terminal.
  4. Derecho al Consentimiento Informado, que incluye otorgarlo o negarlo de forma libre y voluntaria, debiéndose respetar el derecho a la información y a la libertad de decisión y el acceso a la copia de la historia clínica personal.
  5. Derecho a la protección de los derechos en salud ante vulneración o disconformidad con la atención precisando el proceso de solución de controversias, así como la responsabilidad frente a la vulneración de derechos.

Este es un apretado resumen pues la norma se extiende en cada uno de los derechos antes presentados. Sin embargo, y como bien sabemos, el marco regulatorio es necesario, pero no suficiente. Cabe, entonces, preguntar ¿estos derechos son una realidad en la vida de todos los usuarios de los servicios de salud, de manera objetiva, plural y concreta? Posiblemente las experiencias personales o los comentarios recibidos resultan poco positivos con relación al uso de los servicios de salud.

Veamos que informa SUSALUD en su reporte ejecutivo de enero del 2022, que registra los reclamos presentados por los usuarios ante esta institución. Como se puede observar, el acceso a la información (36%) y el acceso a los servicios de salud (33%) resultan los derechos más vulnerados. Estos están vinculados a situaciones de insuficiente información sobre la propia enfermedad y la falta de acceso a medicamentos y productos sanitarios, respectivamente. Casi la mitad de los casos se presentaron en los hospitales de la red pública de Lima, a cargo del MINSA (49,3%), seguido de los hospitales públicos a cargo de los Gobiernos Regionales (25,6%).

Por otro lado, la tendencia en el último quinquenio muestra una retracción en el número de reclamos para los años 2017 y 2018 que debería ser materia de análisis e informe a cargo de SUSALUD. Asimismo, resalta el interés de la ciudadanía por conocer y comprender mejor sus derechos como usuarios de los servicios de salud reflejada en la solicitud de Consulta Especializada, esta es una señal de maduración social que, sin duda, se convertirá en una fuerza impulsora de la mejora de los servicios de salud.

Resultan claros los desafíos pendientes desde el lado de la oferta pública, a lo que debemos agregar la voz del usuario como eje del sistema. Toca trabajar en ello.

Notas al pie:
[1] Decreto Supremo N° 027-2015-SA

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