Andina/difusión

Premio consuelo

1 de julio de 2013
Velaverde
 
La elección de los integrantes del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva (BCR) ilustra muy gráficamente nuestra precariedad institucional y lo arraigada que está la búsqueda de rentas en nuestro país. Las consideraciones realmente relevantes en buen parte de los congresistas y otros politiqueros que los elegirán son la medida en que recibirán o pagarán favores a cambio del apoyo para el nombramiento, o en que neutralizarán a entidades que bloquearía sus iniciativas -como la Defensoría que, de pronto, adquirió relevancia política por cuestionar elementos del serivicio militar obligatorio-, o en que las respaldarían legislando positivamente, por ejemplo. El pasmo en que siguen los actores políticos desde hace casi dos años, quienes insisten en demostrarnos que viven en un universo paralelo al repetir una y otra vez que el 5 de julio es la fecha límite para la elección, es otra manifestación de la debilidad de nuestra “democracia” sin partidos. La alternativa para desatar el nudo gordiano por la que han optado es definir los nombramientos del Tribunal y la Defensoría, antes de hacer lo propio con los tres directores pendientes del BCR. Los directores de la autoridad monetaria pasarán, pues, a ser el premio consuelo de este enrarecido proceso político. Efectivamente: si “partido” no eligió miembros del Tribunal, el mayor premio, ni puso al defensor, puede aspirar a que le dejen de elegir un director del BCR.

Debo corregirme: es injusto cargar la tinta con los padres de la patria, cuando colegios profesionales, gremios y sindicatos participan en este proceso y en, algunos casos, no se distinguen de los primeros.

Es imprescindible que, después de terminar con este papelón, el Congreso apruebe el proyecto de ley que se bloqueó durante el gobierno pasado en segunda votación, que haría posible el reemplazo de un director cada año, escalonadamente. Eso reforzaría la independencia política del BCR, que ya es alta en comparaciones internacionales, afortunadamente.

Un juez supremo es un de los cargos muy apreciados por la sociedad en otros países. Es el intérprete de la Constitución, que lista los principales derechos y deberes de los ciudadanos, en función de los cuales se debe legislar y gobernar. Ha hecho una carrera que incluye evaluaciones en toda su vida profesional, la cual corona con la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Acá no. Acá puede obviar la carrera, hacer lobby con un grupo de congresistas o hasta tener evidencia que incrimina a uno de sus líderes políticos, por ejemplo. Esos es suficiente para pasar a la parte más alta de la pirámide de un Poder Judicial tan desprestigiado como el nuestro. Fortalecer la carrera judicial y certificar las facultades que pueden otorgar bachilleratos de derecho son, pues, ingredientes básicos de una solución estructural a este problema.

Fuera del Congreso también se cuecen habas. El Poder Ejecutivo lanzó el concurso para elegir a los directores de los reguladores. Hay una singular barrera de entrada para integrar los consejos -o evaluar proyectos para el Estado, por ejemplo-: los candidatos tienen que tener la licenciatura. El quid pro quo es que el Congreso deja a los colegios restringir la competencia para que luego éstos participen del enrarecido proceso político que describimos, entre otras rentas. El interesado puede tener un doctorado en la mejor universidad de economía del orbe, ser un académico reconocido mundialmente en regulación de servicios básicos y trabajar en la mejor consultora del mundo en la materia. Pero no tiene un papelito otorgado por una “universidad” peruana y refrendado por el “colegio”. ¡Qué vivan las rentas! ¿Hasta cuándo seguiremos cediendo tanto bienestar para que unos vivos sigan haciendo de las suyas?

 

01-07-2013 – Premio Consuelo – Pablo Secada – Vela verde

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