Andina/difusión

Presupuesto, reforma pensiones, ley puertos

2 de septiembre de 2002

La propuesta de presupuesto incluye fuentes de financiamiento “por definir”

• El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley General de Presupuesto (ver cuadro 1).

Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Peruano de Economía

• Javier Silva Ruete (JSR) anunció que, en lo que queda del año, no se prevé adoptar medidas tributarias adicionales al incremento del ISC a los combustibles y la cerveza dispuestos el viernes pasado. El ministro de Economía y Finanzas afirmó que aún no calcula las necesidades de financiamiento que requerirá el país en el 2003 y reiteró que la prioridad del gobierno es ampliar la base tributaria. JSR sostuvo que próximamente se intensificará la fiscalización en el pago del IGV y el Impuesto a la Renta (IR). Restó credibilidad al estimado de la SNI sobre el efecto económico del contrabando, al afirmar: “si supiéramos exactamente lo que se pierde ya hubiéramos agarrado a los contrabandistas”. Informó que, para el próximo año todos los propietarios (personas naturales) que tengan más de una vivienda pagarán IR a partir de la segunda vivienda, impuesto que se aplicaría sobre la base del autoavalúo.
• Esta semana llegará al Perú una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar la situación fiscal del país, los nuevos supuestos macroeconómicos del 2002-03, y las medidas que aplicará el Ejecutivo para mejorar la recaudación tributaria.
• El gobierno, que aún no consigue cerrar la brecha fiscal de este año, envió al Congreso la propuesta oficial de presupuesto para el próximo, la cual incluye fuentes de financiamiento “por definir” y otras que, desde nuestro punto de vista, son inciertas. Así, por ejemplo, se incluyó US$689 millones de fuentes de financiamiento “por definir” dentro del Programa Anual de Concertaciones de Créditos Externos que remitió el Ejecutivo al Congreso, US$600 millones de las cuales serían recursos de libre disponibilidad (ver cuadro 2). Además, el gobierno emitiría US$500 millones de bonos en el mercado internacional el próximo año y privatizaría activos públicos por S/1.4 mil millones, dos quintas partes de los cuales financiarían las operaciones del Tesoro Público. La capacidad del gobierno de levantar fondos en el mercado de capitales internacional se verá determinada, en gran medida, por los resultados de las elecciones brasileñas de octubre. En un escenario pesimista pero muy probable, el mercado continuaría cerrado para países que tienen un riesgo país similar al peruano (alrededor de 8%) en el futuro previsible. De otro lado, nos parece cuestionable el estimado oficial de ingresos de privatización, así como el uso que se le daría a los recursos recaudados (ver cuadro 3). Primero, es discutible que el gobierno consiga, así llegase a un acuerdo con los futuros presidentes regionales, privatizar las distribuidoras eléctricas del norte: el propio PPK admitió públicamente, antes del Arequipazo, que no había ni un postor interesado en dichas empresas. Segundo, tampoco es evidente que, por ejemplo, Repsol-YPF esté dispuesta a adquirir las acciones remanentes de Refinería La Pampilla o que haya algún interesado en Sider Perú, que atraviesa por una delicada situación financiera. Tercero, de acuerdo con la Ley de Bases de Descentralización, el Tesoro Público sólo podría utilizar el 28% de los ingresos de privatización y concesión para financiar sus operaciones, no dos quintas partes de los mismos como lo sugiere la propuesta oficial. En resumidas cuentas, nuestra opinión sigue siendo similar a la expuesta en el pasado: algunos funcionarios del equipo económico siguen intentando posponer el impostergable ajuste fiscal. Los costos económicos del mismo, sin embargo, son cada vez mayores.

Cuadro 3 — Ingresos y Distribución de Recursos por Privatizaciones y Concesiones, 2003 (En Millones de Nuevos Soles)

Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Peruano de Economía.

1 Personal y obligaciones sociales
2 Incluye el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública
3 Obligaciones provisionales
4 Incluye inversiones, inversiones financieras y otros gastos de capital

• Si bien las medidas tributarias adoptadas el viernes pasado contribuirían a reducir la brecha fiscal, constituyen otro grupo de medidas aisladas que, además, revierten parcialmente el camino que este mismo gobierno emprendió hace menos de un año (ver gráfico). Recordemos, por ejemplo, que en noviembre del año pasado el gobierno redujo el ISC a la cerveza de S/1.49 a S/1.16 por litro (-22.1%). Desde el viernes, lo aumentó a S/1.31 por litro (12.9%). ¿Para qué lo redujo en esa medida si, para entonces, ya era obvio que las perspectivas fiscales no eran, por decir lo menos, las mejores? ¿Para qué revirtió parcialmente la medida si Backus transfirió la reducción del ISC íntegramente a los consumidores? ¿Se hubiera adoptado una decisión de este tipo antes que se anunciara la transferencia de las acciones de la cervecera que controlaban grupos nacionales?

Presión Efectiva del ISC a los Combustibles sobre el Precio Ex Planta, Ene 00-Ago 02

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Instituto Peruano de Economía

ONP propone reforma integral de pensiones

• Marisol Giulfo, gerente general de la ONP, reveló que la institución que dirige está culminando los estudios para presentar un proyecto de ley que daría vida a un Régimen Único de Jubilación. La propuesta, que saldría a la luz en un mes, tiene como objetivo distribuir el gasto que efectúa el Estado para el pago de pensiones entre todos los jubilados de manera equitativa. Giulfo explicó que este cambio permitirá realizar una verdadera reforma del Estado, ya que por fin se dejaría de vincular al jubilado con el trabajador activo, lo que permitirá nivelar algunos sueldos que no se incrementan por el efecto que tal medida tiene en las pensiones. “Esto hará posible bajar el costo a todos los peruanos que actualmente con sus impuestos tienen que financiar una planilla de 9 mil millones de soles”, concluyó.
• El ex ministro de Trabajo del régimen aprista entre los años 1985 y 1986, Carlos Blancas Bustamante, calificó la propuesta de la ONP de unificar las pensiones del sector público y privado, para lograr una mayor equidad, como “legal y constitucionalmente inviable”. “Es una propuesta sorprendente y no sé que sustentos técnicos tenga”, manifestó. El también catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú sostuvo que los regímenes pensionarios de la ley 19990 y de la 20530 tienen legislaciones y sistemas de financiamiento diferentes. En el caso de la ley 20530, el planteamiento implicaría eliminar la homologación de pensiones con la remuneración de los servidores en actividad, lo cual está garantizado por la actual Constitución. Por tal motivo, cualquier ley que se pretenda dictar en ese sentido sería “fulminada por inconstitucional”, afirmó, tras recordar que esta iniciativa es una “repetición” de lo que el gobierno de Alberto Fujimori pretendió hacer desde 1992: “eliminar y congelar” el sistema de la ley 20530. Cabe resaltar que Blancas fue candidato a congresista por el APRA, con el N°6, en las elecciones congresales del 2001 y se desempeñó como asesor de la Comisión de Trabajo del Congreso hasta julio último.
• El valor actuarial del déficit, es decir, la diferencia entre la planilla y la recaudación, supera los US$13 mil millones y US$21 mil millones en el caso de la 19990 y la 20530, respectivamente. Para recuperar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, debería seguir profundizándose la reforma previsional. Discrepamos, por ello, con quienes pretenden descartar de plano una propuesta como la que está elaborando la ONP, justamente ahora que se está debatiendo la reforma constitucional. Hacerlo, creemos, equivale a desconocer datos tan contundentes de la realidad económica como el que hemos citado. Sin reformas adicionales, el sistema público de pensiones simple y llanamente no es viable.

El Ejecutivo y la Ley de Puertos

• El viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Raúl Diez Canseco, dijo que la ley de puertos va a “mover positivamente el tema de las concesiones”. “Por ejemplo, los pobladores de Ilo quieren que se concesionen sus puertos, y con el revuelo positivo del gasoducto de Bolivia. Es un puerto que tenemos que tenerlo muy eficiente porque el desarrollo en el sur del país va a ser muy interesante”, afirmó.
• Con respecto al anteproyecto de la Ley de Puertos, OSITRAN se mostró en contra de que la autoridad portuaria que se crearía proponga las tarifas y el organismo regulador las defina porque ello resultaría en duplicidad de funciones. Tampoco está de acuerdo con que se delegue las funciones técnico-operativas a la autoridad portuaria.
• Estamos de acuerdo con el vicepresidente Diez Canseco. Por ello, es lamentable que ya se haya perdido más de un año en el proceso de concesión de puertos que detuvo la congresista oficialista Doris Sánchez. Asimismo, es cuestionable que, como lo afirmó el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el Ejecutivo aún no halla remitido al Legislativo sus observaciones al proyecto de Ley de Puertos.

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