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Columnas de opinión

Programas sociales e inclusión

3. 08. 2011

02 de agosto del 2011

Los programas sociales costarán S/. 1,000 mlls. el próximo año. (Gestión 02/08/2011)

Miguel Castilla, Ministro de Economía y Finanzas, hizo algunas precisiones sobre los programas sociales que el Presidente Ollanta Humala anunció en la campaña presidencial y precisó en su discurso del 28 de julio. Primero y más importante, Cuna Más, Beca 18 (ver cuadro 1), Pensión 65 y la ampliación del Programa Juntos se harán siguiendo los principios de gradualidad y focalización. Es decir, para su implementación, que será progresiva, posiblemente se utilizará el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH. Así se reducirá la probabilidad que estos programas lleguen a quienes no deben -filtración- y no lleguen a quienes deben -subcobertura-. S/. 0.2 de cada S/. 1 que se asigna al Programa Juntos, por ejemplo, no llega a sus beneficiarios, mientras que un indignante S/. 0.75 de cada S/. 1 del Vaso de Leche acaba en las manos equivocadas (CD 25/02/2011). El Ministro Castilla añadió: «Hemos avanzado en actualizar el padrón de los beneficiarios en pobreza extrema». Cuando el padrón esté listo -y se publique- se minimizará el aprovechamiento político de los programas sociales y su avance será más uniforme: hoy muchos beneficiarios potenciales no son atendidos -subcobertura -y otros reciben más de un programa social. Más adelante, por ejemplo, se podrá elaborar un ranking de qué ministros, presidentes regionales y alcaldes cubren a una mayor proporción de beneficiarios identificados por el SISFOH, cruzando la información con los padrones de beneficiarios, los cuales deben ser adecuadamente verificados. Este ranking sería mucho más relevante, dicho sea de paso, que el tan seguido sobre la ejecución de la inversión pública, que ignora el pequeño detalle de la calidad del gasto en inversión y las diferencias en el presupuesto según las etapas de un proyecto de inversión.

El Ministro también precisó que el presupuesto de los cuatro programas mencionados ascenderá a S/. 1000 millones en el año 2012, lo cual es razonable considerando el presupuesto ejecutado en los programas de este tipo vigentes. De los cuatro programas mencionados, tres nos parecen razonables y ya hemos explicado por qué pensamos que Pensión 65 no cumple con los requisitos para ser un programa social prioritario (CD 17/05/2011). Fuera de este punto, coincidimos con Miguel Castilla en que, dentro de las cifras mencionadas, estas iniciativas se pueden financiar «sin necesidad de generar ingresos adicionales» y «reorientando los recursos públicos con que se cuenta actualmente». En este sentido, la incertidumbre acerca del impacto fiscal de las propuestas del nuevo gobierno debería empezar a despejarse.

El Ministro Castilla también anunció ayer que Carlos Oliva lo sustituye en el Viceministerio de Hacienda. Carlos Oliva es un especialista en descentralización y evaluación de programas públicos. Este es un perfil -como el del propio Dr. Castilla -mucho más adecuado para el Perú de hoy, cuyo principal reto es mejorar la calidad del gasto, que el típico perfil antiguo del vice de Hacienda: el Doctor No, que recorta hasta el «gasto» en mantenimiento cuando aprieta el cinturón.

Con el ánimo de mejorar sus resultados, sugerimos a las autoridades que para asegurar la mejor evaluación -y posterior perfeccionamiento -de los programas sociales se comience por concursar líneas de base. Las líneas de base son encuestas socio-demográficas y económicas hechas antes de la adopción de un programa público para poder evaluar su impacto. Las evaluaciones también deben ser concursadas entre entes independientes y deben distinguir muy rigurosamente el impacto del programa público en el bienestar para determinar si el programa cumple o no con las expectativas y si se debe perfeccionar o descontinuar para usar los fondos en programas más exitosos (ver estudio del Banco Mundial). En aras de la transparencia, se deben publicar tanto las líneas de base como las evaluaciones independientes de impacto, además de la base de datos del SISFOH, los padrones de beneficiarios de los nuevos programas y, poco a poco, de todos los programas públicos relevantes (ver boxes). Así, se potenciará su hoy alicaída eficiencia y se minimizará su uso político. Los ciudadanos tendremos herramientas modernas y adecuadas para pedirles cuentas a nuestras autoridades y las autoridades tendrán elementos valiosos con los cuales tomar decisiones respecto al gasto público. Ninguna de estas dos cosas es posible hoy en día.

Para concluir, seguimos pensando que la «inclusión social» -la frase cliché de moda de este gobierno que en realidad caracteriza muy bien lo que ha ocurrido en el Perú durante la última década -requiere un buen programa de desarrollo rural, uno de cuyos principales componentes es un buen programa de infraestructura rural. El Gobierno Central, en la línea anunciada por el Presidente Humala de colaborar con los gobiernos subnacionales, tiene que apoyarlos técnicamente en el diseño y el financiamiento de programas de infraestructura que integren regiones, provincias o distritos sobre la base de alguna lógica económica. Por ejemplo, una cuenca, un circuito turístico o uno comercial. Nos atrevemos a afirmar que programas multianuales, diseñados y ejecutados por actores privados en Alianzas Público Privadas (APP) serían mucho más incluyentes que algunos, sino todos, los programas de bandera mencionados.