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Computadoras caras y nuestro valle de silicona

03 de junio del 2011

Importadores de PC y laptops seguirán en desventaja de precio. Abogados estudian si medida va contra acuerdos de libre comercio. (El Comercio 02/06/2011)

En una consulta con quienes consideramos los asesores más calificados del Congreso de la República la conclusión unánime fue que cada uno de los Poderes Legislativos recientes ha sido peor que el anterior y que el próximo será peor aún. El Proyecto de Ley aprobado por el Congreso la semana pasada, que comentamos en esta ocasión, ilustra el punto previo.

La autógrafa de la ley exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las computadoras ensambladas en nuestro país así como a las partes necesarias para ensamblarlas (ver gráfico 1). En la nota que comentamos, un ejecutivo de una empresa investigadora de mercado, coincide con los promotores de la norma y la apoya arguyendo que reduciría o eliminaría el contrabando de piezas y partes para computadoras porque al eliminar el IGV se eliminaría la ventaja en precio de los informales que no lo pagan. Bajo esta argumentación, habría que eliminar el IGV a todos los productos porque así se eliminaría la ventaja que tienen los informales. Es más, para que detenerse a medio camino, eliminemos todos los impuestos y ahí sí que los informales se las verían figurillas para convertir con los formales… excepto que, claro, ya no habría como distinguir a uno del otro. Claramente esta línea de justificación de la norma no tiene sentido.

Otros arguyen que al reducir el IGV se abaratarán las computadoras y sus partes, y se reducirá la brecha digital. Si este fuera el objetivo, mejor sería quitarle el IGV a todas las computadoras, y no sólo las ensambladas localmente, que son una parte menor de la oferta total (ver gráfico 2). Pero ninguna de las dos ideas es buena porque bajar el IGV no asegura que los precios bajen (CD 24/03/2011) y, peor aún, bajar el IGV quiere decir que quienes más consumen computadoras pagan menos impuestos y que estos impuestos ya no se pueden usar para programas orientados a realmente reducir las brechas sociales, digitales u otras. Los lectores no necesitan ayuda para saber si esta reducción de impuestos beneficia más a los pobres o a los ricos. Es decir, esta línea de justificación tampoco tiene sentido.

Lo que sí tiene sentido es por qué hay interés en la norma: un pequeño grupo de empresas locales gozaría de una fuerte (y lucrativa) ventaja en costos sin que, como explicamos arriba, se beneficien los ciudadanos en general -y menos los más pobres. Es decir, estamos frente a otro de los típicos casos de mercantilismo malamente disfrazado a que nos tiene acostumbrados nuestro Congreso.

El problema no acaba ahí. Contrario a lo que se indica en la nota que comentamos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sí opinó en contra de la medida. La norma no sólo incumple lo dispuesto en los tratados de libre comercio -tratados supranacionales y por tanto de mayor jerarquía legal que una medida mercantilista de un Congreso saliente en nuestra democracia sin partidos- sino con una multitud de otras normas. El Acuerdo General de Comercio y Aranceles -GATT por sus siglas en inglés, anterior a la Organización Mundial de Comercio (OMC) – cuestiona el trato tributario diferenciado a productores nacionales y extranjeros. Así que tendríamos que exponernos a sanciones comerciales de la mayoría de nuestros socios comerciales para beneficiar a un grupo de interés particular nacional. Los consumidores tendríamos que pagar más por muchos productos, incluyendo peores computadoras, ya que se reduciría sensiblemente la competencia y la oferta en el mercado mencionado.

El Proyecto de Ley en mención fue promovido especialmente por la congresista Marisol Espinoza, una de las figuras más notorias de Gana Perú. Si bien esto debe preocupar, no debería sorprender: la norma es perfectamente consistente con el plan de gobierno de la agrupación política. Requiere cuestionar algunos tratados de libre comercio, promueve la “industrialización” y premia a los “empresarios nacionales”, que “añaden valor” y “reduciría la brecha digital”. Todo en línea con lo planteado y, mejor aún, ayuda a los “amigos” de quienes deciden estas arbitrarias ventajas.

La realidad de la norma, que esperamos que el Ejecutivo no promulgue es la opuesta: encarecería las computadoras y beneficiaría a un pequeño grupo de empresarios bien conectados, concentrando la riqueza. Quizás con suficientes grupos afortunados podríamos acumular los recursos para generar nuestro propio “valle de silicona”, pero en lugar de un cluster tecnológico, nos referimos al surgimiento de una pujante industria de cirugía plástica gracias a la mayor demanda de cirujanos para las beneficiadas por la norma.

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