Agro necesita reformas, no impuesto único y Saneamiento: eliminemos injerencia política

5 de diciembre de 2005

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que la propuesta de crear un impuesto único agrícola no debería ser aprobada, argumentando que es contraria a los principios de neutralidad y equidad del sistema tributario. El MEF agregó que se perjudicaría a los pequeños productores agrarios y se abriría la puerta para volver a regímenes tributarios sectoriales. (Semanam@il y Gestión)

Coincidimos con el MEF en que crear un impuesto único agrícola sería negativo. Ello sólo nos llevaría a reducir la ya limitada recaudación por tributos internos de ese sector, sin que esto implique un incentivo para la formalización. Además imposibilitaría la fiscalización al ocultar a ciertos actores involucrados en la cadena que va desde el productor hasta el consumidor final.

El agro ya recibe una ayuda considerable: crédito subsidiado, fondos rotatorios, rescates financieros, fraccionamientos tributarios y tratamientos especiales de todo tipo. Sin embargo, sólo aporta en impuestos S/.320 millones que, descontando devoluciones por S/.150 millones, alcanzan un neto de apenas S/.170 millones, equivalente a sólo 1.25 días de funcionamiento del Estado (usando el presupuesto de 2006). Y a pesar de esto, recibe a cambio exoneraciones de entre S/.530 millones y S/.1,530 millones, así como inversión pública que, en el promedio para la última década, alcanzó los S/.685 millones anuales. Esto demuestra que los impuestos no son el problema. Una simplificación tributaria sí es importante, pero eso no implica la creación de un impuesto único (el IGV especial al arroz es un fracaso), sino dar facilidad administrativa para la declaración y el pago de los tributos.

Esto debiera venir acompañado de una reforma que incluya: un marco regulatorio para los derechos de propiedad y el uso del agua, la creación de una Ley de Aguas (mercado de aguas), la inversión en tecnología y en I&D, la promoción de las asociaciones público privadas para la inversión en proyectos de irrigación y, más importante aún, la promoción de la asociatividad y la reconversión (hacia productos más rentables en los que tengamos ventajas comparativas o competitivas), atando las compensaciones y demás beneficios al cumplimiento efectivo de metas en estos campos (Japón está condicionando los subsidios al agro al mayor tamaño de las unidades productivas). También es importante la prórroga de la Ley de Promoción Agraria por un plazo prudencial que permita incrementar la inversión en el sector.

 

 

Aunque el aporte del sector agropecuario a los ingresos tributarios ha aumentado, en la práctica, se ha estancado con relación al aporte de otros sectores. Actualmente sólo representa el 1.2% del total de recaudación por tributos internos, sin descontar las devoluciones.

 

 

 

 

 

 

 

Agua: eliminemos interferencia política y generemos incentivos para que EPS propongan tarifas 

Luego de que el ministro de Vivienda y Construcción, Rudecindo Vega, anunciara cambios en la Ley de Saneamiento para que el regulador sea un ente tarifario, representantes de Sunass comentaron que aún cuando se otorguen más facultades no es posible obligar a las empresas a aplicar ajustes. (Perú.21)

Coincidimos con el regulador en que lo que plantea Vivienda no soluciona el problema. Mientras no exista la obligación de las EPS de presentar su Plan Maestro Optimizado (PMO) y ejecutarlo, de acuerdo con lo que dicte Sunass, seguirá habiendo casos como los de Arequipa y Puno, donde por razones únicamente políticas no se pusieron en práctica las fórmulas tarifarias aprobadas por el regulador o, incluso, como ocurrió con Sedapal en el año 2003, que, por la misma razón, decidió no hacer efectivo un incremento de tarifas aprobado por el regulador en la revisión previa.

Si se hiciera lo que plantea Vivienda sin antes eliminar la injerencia política y generar incentivos para que las EPS entreguen sus PMO, lo único que se conseguirá es debilitar la institucionalidad de la regulación en el país, porque se generará la percepción de ineficacia del regulador. ¿O acaso es eso lo que se busca? De este modo, las EPS, apoyadas por Vivienda, aprovecharían para sacudirse del costo político de subir las tarifas, dejándole la tarea difícil a la Sunass. Pero mantendrían la “sartén por el mango” para decidir si las aplican o no, de acuerdo con su percepción de la molestia de los usuarios.

En los últimos 8 años la inversión pública en el sector a nivel nacional cayó en 89% gracias a la ineficiencia de la gestión de las EPS (incluyendo a Sedapal). Pero, como el perro del hortelano, tampoco se ha dejado al sector privado invertir y hoy tenemos una brecha colosal respecto de estándares internacionales (US$4,619 millones, según el IPE, y de US$3,800 millones, según Sunass); y los indicadores se han deteriorado (en los últimos 8 años, las coberturas de agua y desagüe aumentaron en tan sólo 4 puntos porcentuales y el agua no contabilizada se incrementó en casi 11 puntos porcentuales). Sin embargo, lo que propone Vivienda tampoco soluciona este problema, pues con los incrementos en las tarifas no alcanza para invertir y sólo se cubre la operatividad y ciertas inversiones pequeñas. No hay una política definida para el sector. ¿Por qué no atar los incrementos de tarifas y los créditos para inversión al cumplimiento de metas?

 

 

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