Populismo 2.0
Preocupación por ley que obliga a dar acceso gratuito a internet. (El Comercio 03/05/2011)
Nadie duda de que el acceso a Internet es uno de los medios más efectivos para promover el desarrollo de una persona, comunidad u organización. El origen de la noticia que comentamos hoy, el Proyecto de Ley 4434/2010 presentado por la bancada aprista (ver) cita la Declaración de Sao Paulo para el Impulso de la Banda Ancha, que afirma que el acceso a internet es «un insumo esencial para el desarrollo de la ciudadanía, facilitando la participación ciudadana mediante acceso a nuevos servicios y posibilidades en línea como: búsqueda de empleo, teletrabajo, pago de impuestos, servicios de educación y salud a distancia, y trámites». La importancia de la internet ha originado el concepto de «brecha digital», entendido como el acceso diferenciado a Internet que tenemos quienes podemos pagar banda ancha en nuestras viviendas o centros de trabajo, de un lado, y quienes no, de otro, ya sea porque no cuentan con los recursos o porque el servicio no está disponible (ver gráfico 1). La brecha digital amplía la diferencia en el acceso a oportunidades y, así, contribuye a ampliar la inequidad en la distribución de los ingresos. Esta, a su vez, es injusta y reduce el crecimiento potencial.
Tanto por consideraciones de equidad y eficiencia como si se considera a la información como un bien público, el Estado debería intervenir en el mercado de banda ancha (CD 31/08/2010). Durante la primera parte de la campaña presidencial, Perú Posible propuso el acceso satelital a Internet, la Alianza por el Gran Cambio sugirió que centros poblados de más de trescientos habitantes deberían acceder a banda ancha transmitida por troncales de fibra óptica, estimando una inversión de alrededor de US$ 180 millones, según un estudio aún no publicado que Apoyo Consultoría preparó para el Banco Mundial. En el Instituto Peruano de Economía estimamos que la inversión necesaria para cerrar la «brecha de banda ancha» en nuestro país, lo cual incluye ponernos a la par de los países más adelantados de la región (incluyendo desde líneas troncales hasta las redes de distribución locales) y asegurar disponibilidad de servicios de banda ancha de calidad para todas las capitales de distrito del Perú, costaría unas 9 veces el estudio de Apoyo.
A pesar de los argumentos expuestos, nos parece una pésima idea, bordeando en el absurdo la propuesta del PL 4434 de «declararse derecho fundamental el acceso a la banda ancha para todo ciudadano peruano residente en el territorio nacional». El que algo resulte muy importante para el desarrollo individual o comunitario no lo vuelve un derecho fundamental. Más importante aún, que un Congreso declare algo como derecho fundamental resulta un saludo a la bandera si no se tiene claro cómo y con qué presupuesto se hará que dicho derecho sea real y efectivo y no sólo la demagogia a la que nos tienen acostumbrados la mayoría de nuestros parlamentarios.
Resulta obvio para cualquier ciudadano que el que se haya declarado como un derecho fundamental a la educación no ha llevado a que los peruanos la tengamos. También es claro que, antes que el acceso a la banda ancha sería más importante el derecho a la alimentación, pero si el Congreso pasara una ley vacía (como el PL 4434) declarándola un derecho fundamental, eso no cambiaría nada el hambre de los peruanos más pobres. Pero sin que sea necesario que nadie declare un derecho fundamental, un buen programa de apoyo social debería ser capaz de virtualmente eliminar el hambre en el país.
Además ofrecer internet gratis a todos llevaría a que los proveedores privados de servicios no invirtieran más porque no podrían competir con el servicio gratuito del Estado. O la alternativa sería que el Estado subsidie todo el uso de internet de todos los peruanos (es un derecho para todos, no sólo para los pobres), lo cual costaría una fortuna y desperdiciaría recursos, como siempre, subsidiando con enormes sumas el consumo de los sectores de mayores ingresos que harían mayor uso del servicio. O, más probablemente, el Estado acabaría ofreciendo un servicio de pésima calidad que usarían los ciudadanos menos afortunados, mientras que los servicios de calidad se ofrecerían a precios elevados (porque se perderían economías de escala) que estarían al alcance de sólo los ciudadanos con mayores ingresos, con lo cual la brecha digital se ampliaría (ver gráfico 2). Pero los ciudadanos afectados por lo menos sufrirían con derecho.
Pretender que todos los peruanos tengan acceso a banda ancha es muy loable. Pero no es ni realista, ni eficiente, ni equitativo. Lo correcto es priorizar esfuerzos y focalizarlos en quienes los necesitan. Nuestros padres de la patria, sin embargo se han confundido y creen que estamos en Dinamarca, o han innovado creando el Populismo 2.0. No podemos negar, al menos, que parecen estar al día con los conceptos modernos de «computación en la nube».