Ejecutivo decide (políticamente) promover la informalidad laboral

8 de noviembre de 2005

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Carlos Almerí, señaló que ya se tomó la decisión política para aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV), pero que el tema debe pasar por un estudio técnico y el consenso de las partes involucradas. Además, pidió al Congreso de la República aprobar la ley de empleo público antes de que concluya la presente legislatura. (Semanam@il y Gestión)

No estamos de acuerdo con la ley del empleo público tal como está planteada e insistimos en que ésta debería quedar para ser trabajada y más ampliamente debatida en la siguiente administración. En relación con el aumento de la RMV, es necesario recordar que el salario de un trabajador es un precio más en el mercado y como tal debiera ser el resultado de la interacción entre oferta y demanda. Por lo tanto, los aumentos de salarios deben responder a aumentos en la productividad del trabajador. Pero al pretender elevar el salario mínimo o fijarlo en función de una canasta básica de consumo se lo desliga de la productividad y, por ende, se introducen distorsiones al proceso de creación y distribución de valor agregado en la economía.

La fuerte presencia de informalidad en el mercado laboral en el Perú (casi 66%) es un factor determinante en el resultado de la decisión adoptada. De acuerdo con el ex ministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, un aumento en el salario mínimo generaría graves consecuencias: (i) desempleo en el sector formal (en mayor proporción entre los jóvenes); (ii) desplazamientos de trabajadores y empresas hacia el sector informal; (iii) sólo a algunos se les subiría el salario (los de las empresas formales); (iv) mayores presiones a la baja en el salario del sector informal; (v) pérdida neta en el bienestar social (debido a la ineficiente asignación de la mano de obra); y (vi) se dificultaría a las empresas el cumplimiento de las asignaciones no salariales.

Insistimos en que el camino adoptado por el Ejecutivo es negativo porque incentiva la informalidad. De acuerdo con CEPAL, en América Latina casi el 70% de los nuevos puestos de trabajo se generan en el sector informal de la economía. Como hemos señalado antes, esto se explica principalmente por los sobrecostos que envuelven a la generación de empleo formal. En el Perú: costos de despido en aumento, períodos vacacionales por encima del promedio regional y fallos judiciales que devuelven estabilidad laboral, son aspectos que promueven la informalidad. Y el panorama es peor cuando se revisa el proyecto no consensuado de Ley General del Trabajo (LGT) que el Congreso pretende aprobar.

 

Al subir la RMV se afectaría, en mayor proporción, a las mypes, elevando sus costos finales hasta en 55%. Esto porque el 79% de trabajadores en las microempresas y el 33% de estos en las pequeñas empresas perciben un salario mínimo, mientras que en el caso de la gran y mediana empresa esta proporción representa apenas el 1.9% y 3.5%, respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concesión de agua en Piura: un pasito más; pero quedan millones de peruanos por atender

ProInversión informó que la buena pro para la concesión de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Piura se otorgará el 23 de febrero del próximo año. Los consorcios precalificados a la fecha son Proactiva Medio Ambiente (España-Francia), Conalvías (Colombia) y Latinaguas-Concyssa (Argentina-Perú). (Semanam@il y diarios)

La inversión necesaria en el sector agua y saneamiento alcanza los US$3,800 millones según la Sunass, pero para cumplir las Metas del Milenio se requeriría en total US$4,800 millones, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la inversión en curso y programada hasta el 2008 es de tan sólo US$1,300 millones. En el caso específico de la EPS Grau, las inversiones necesarias son de US$140 millones y el 50% de esta suma será financiada empleando un crédito del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). El Estado otorgará una contrapartida de entre US$20 millones a US$25 millones no reembolsables, para evitar que las tarifas para los estratos más pobres se eleven más allá de su capacidad de pago.

La situación del sector agua y saneamiento es alarmante. La cobertura de agua a nivel nacional está en 76% y la de alcantarillado en apenas 57%, de acuerdo con cifras del propio Ministerio de Vivienda. Eso deja a 6.5 millones de peruanos sin agua y a casi 12 millones sin alcantarillado. Con el riesgo que esto implica para la salud de esas personas, la ampliación de estas coberturas debiera ser hoy una realidad en vez de una simple declaración de buena voluntad del Acuerdo Nacional (Política de Estado 21 b). Y para eso se necesita de la participación de la inversión privada, dado que el Estado no tiene recursos para ese fin (el 91% del total de inversiones programadas hasta el 2008 proviene de organismos multilaterales).

La falta de sostenibilidad de las empresas públicas del sector se debe básicamente a la ausencia de una política integral respecto al sector que ha empeorado las malas prácticas en las empresas. A esto se suma la falta de correspondencia entre las tarifas y el costo del servicio, con un ineficiente esquema de subsidios cruzados, que no sólo no alcanza a los más pobres sino que además termina beneficiando a gran parte de los que sí podrían pagar el verdadero costo del servicio. Los resultados se reflejan en la cobertura y la calidad de los servicios: casi el 80% de las EPS tiene una continuidad del servicio menor a 20 horas por día incluyendo a Sedapal (18 horas por día); sólo se mide la mitad de lo que se distribuye; y sólo se trata el 23% de aguas servidas (Sedapal apenas un 10%).

 

La concesión, inicialmente programada para el 28 de octubre, se postergó por discrepancias con las autoridades locales, pese al deplorable estado de la cobertura y calidad de los servicios en Piura. Quedan pendientes los procesos de concesión de las EPS de Huancayo, La Libertad y Ucayali, que significarían inversiones por un total de US$515 millones.

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