Modificación del marco legal y presupuesto por resultados acelerarían concesiones

8 de noviembre de 2006

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, informó que su sector está poniendo en marcha el shock de inversiones anunciado por el jefe de Estado al impulsar la ejecución de 10 proyectos viales en diversos puntos del país, con una inversión pública de S/.693 millones. Esto beneficiaría a más de 5 millones de peruanos. (Semanam@il y diarios)

Tenemos un serio problema que nuestras autoridades no terminan de comprender. Si así fuera, los cambios necesarios ya se habrían realizado. La falta de inversión en infraestructura hizo retroceder al Perú del puesto 56 (2001) al 97 (2005) en el ránking de competitividad del Foro Económico Mundial. Hasta mediados de 2007, se ha programado cerca de US$1,700 millones para invertir en infraestructura. De acuerdo con el discurso del Premier ante el Congreso (ver CD 240806), sólo en Transportes la inversión privada proyectada hasta el 2011 es de apenas US$1,290 millones, mientras que el shock de inversión (básicamente recursos públicos) cuenta por S/.303 millones. Con una brecha de inversión en el sector de US$7,890 millones, es obvio que hay un déficit. Y cubrirlo debe ser la prioridad de la agencia de promoción de la inversión privada.

El tema de fondo no es la disponibilidad de recursos privados. El ahorro privado en economías emergentes ha crecido bastante en los últimos años. Los fondos de pensiones son una fuente de recursos aprovechable, si se hiciera una verdadera reforma del mercado de capitales para permitir la creación de mecanismos que permitan canalizar ese ahorro hacia proyectos de infraestructura. El tema de fondo es la lentitud del proceso. La concesión de puertos empezó en 1992 y luego de innumerables cambios se entregó el Muelle Sur 14 años después. En 1998, se creó el CEPRI-Aeropuertos y hasta hoy no se entregó en concesión ningún aeropuerto regional. Costa-Sierra se lanzó a inicios de 2004 y el primer tramo salió recién después de 2 y ½ años, pese a que son 28 proyectos de un promedio de sólo US$17.5 millones cada uno. Esperamos que esa lentitud no esté reflejando desconfianza en el sistema, pues, si así fuera, estaríamos lejos del camino al desarrollo.

El problema no es de falta de capacidad, sino de mala legislación. La ley que regula las concesiones (1991), sufrió innumerables cambios en estos 15 años; se comenzó un proceso de regionalización; y se reemplazó el esquema CEPRIs-COPRI por el de una agencia de promoción de inversión. El resultado es una maraña legal que hace que el marco no esté claro ni para el concedente ni para el concesionario y eso impide acelerar los procesos. Resolver el problema implica dos cosas: simplificar la legislación con una ley específica para Asociaciones Público Privadas (APP); y cambiar el esquema de financiamiento de la agencia de promoción de la inversión privada para que se ajusten al presupuesto por resultados.

Promedio de Inversión Pública y Privada en Chile y Perú (En Millones de US$), 2000-2004

Fuentes: IPE y MOP-Chile / Elaboración: Instituto Peruano de Economía

El problema de la demora en las concesiones se refleja, por ejemplo, en la diferencia en la inversión privada entre Chile y Perú. Entre el 2000 y el 2004, la inversión privada en transportes fue 25 veces mayor en Chile que en nuestro país. Y esa brecha no fue cubierta por inversión pública: la vieja política del perro del hortelano perjudica a todos los peruanos, que debemos pagar los sobrecostos.

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