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IGV: ¿inflación o sustitución del gasto público por privado?

09 de febrero del 2011

El impacto que los incrementos de precios internacionales del petróleo y de los alimentos tiene en la inflación preocupa al Gobierno. El presidente García anunció que, por tal motivo, se evalúan medidas por tomar en coordinación con el MEF. (El Comercio 09/02/2011)

 

De acuerdo con la noticia publicada en el decano de la prensa nacional, el gobierno considera reducir la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) en un punto porcentual y la(s) tasa(s) del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, esta(s) últimas de manera temporal. La justificación sería el eventual repunte de la inflación, lo cual coincide con las mayores expectativas de inflación que recoge, por ejemplo, la encuesta que elabora el Banco Central de Reserva (BCR). El aumento de precios de los bienes primarios (commodities), a su vez, son los que explican buena parte del aumento esperado de la inflación. En un recuadro que acompaña a la noticia, el diario elaboró una notita sobre la próxima alza del precio del pan, que subiría hasta en 5%, así como el efecto que tendría en los presupuestos de los peruanos más humildes.

La pobre justificación de las eventuales medidas nos sugiere que fueron decididas en Palacio: el trauma por la hiperinflación del primer gobierno del Presidente García sigue vivito y coleando. No nos queda claro, sin embargo, por qué tanto alboroto y disposición a asumir un alto costo fiscal por un aumento temporal de la inflación resultante de un choque de oferta importado y también temporal. Recordemos que la inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios. Reaccionar con una medida permanente y costosa, como la reducción del IGV, a un aumento transitorio de algunos precios no tiene mucho sentido. Además, el impacto de dicha reducción -0.8% del precio de un bien o servicio cualquiera gravado con el IGV, en promedio- sería aún menor, dado que parte de la reducción engrosaría los márgenes de los comercializadores, al menos en los mercados poco competitivos.

Creemos que los beneficios de la reducción del IGV van por otra parte. Primero, como puede verse en el recuadro, la tasa vigente del IGV es la mayor de las últimas tres décadas. El aumento de un punto porcentual del IGV adoptado el año 2003 se hizo por necesidades fiscales. Ahora que ha vuelto a mejorar la situación fiscal, si bien es cierto que principalmente por la misma alza de los commodities, se podría considerar regresar al sector privado los S/. 2 mil millones que costaría la medida. Segundo, son varios los liberales (ver documento de Daniel J. Mitchell como una referencia) que critican el IGV ya que es el impuesto que más facilita el incremento desbocado del gasto público. ¿Les suena conocido? Revisen el aumento del presupuesto o el gasto público en nuestro país si no. Tercero, la economía peruana es la quinta más informal del mundo. Reducir las barreras al acceso a la formalidad e incrementar la calidad del gasto y la inversión públicos debería ser una prioridad nacional.

Por otro lado, es probable que desde Palacio el objetivo político de esta medida sea doble: crearle dificultades fiscales al próximo gobierno y ganar réditos políticos con el supuesto efecto anti-inflacionario (a pesar de que muchos alimentos no pagan IGV). Vale la pena hacer dos reflexiones, más allá de esta eventual reducción del IGV. Son válidas para el gobierno entrante. Se puede y debe reducir la tasa del IGV, así como adoptar otras medidas tributarias -gravarlos según su nocividad, alcohol y tabaco; seguir reduciendo el nivel promedio y la dispersión de los aranceles; evaluar incentivar la reinversión de utilidades; graduar las regalías en función de la rentabilidad de las empresas extractivas-. Esto, sin embargo, es irresponsable si no se acompaña de las medidas que compensen su costo fiscal. Una reducción del IGV se debe acompañar con la sustitución de las exoneraciones tributarias, que tanto cuestan al fisco y tan poco bienestar genera en los supuestos beneficiarios, por mecanismos de intervención mejor focalizados y más felices. Por el lado del gasto, hay tres tareas pendientes. Primero, reformar la regla fiscal para que la política fiscal sea efectivamente anticíclica, incluyendo de verdad a los gobiernos subnacionales. Segundo, tomar en serio la mejora de la calidad del gasto, priorizando la Gestión por Resultados y las Alianzas Público Privadas bien diseñadas. Tercero, desarrollar un servicio civil del siglo XXI. Esta es, creemos, la reforma más relevante. Estas medidas deberían ser aprobadas como un paquete, idealmente en un esquema de todo o nada al inicio del próximo gobierno.

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