Andina/difusión

Reflexiones alrededor de la próxima reforma educativa chilena

08 de julio del 2011

Piñera descarta estatizar la educación, aunque universidades privadas podrían pagar impuesto a las utilidades. (América Económica 05/07/2011)

En las últimas semanas en Chile se han dado protestas estudiantiles contra, entre otras cosas, la educación superior privada que lucra utilizando artimañas legales, ya que dicha opción es ilegal en el vecino del sur. Tanto la protesta estudiantil como la propuesta oficial para avanzar con la reforma educativa motivan este comentario.
Como lo sostiene la teoría económica y lo hemos recogido en comentarios previos (CD 09/12/2010), hay fallas de mercado que justifican la intervención pública en la educación (superior). Se cumplen dos de las cuatro categorías de fallas de mercado. Primero, existen “externalidades positivas”: la decisión de consumir educación reporta al estudiante (serio) y a la sociedad beneficios mayores que lo que éste paga en su boleta. En contraste, la contaminación, por ejemplo, es una externalidad negativa: mi decisión de consumir diesel no considera el daño pulmonar a los transeúntes que genera costos a la sociedad. Segundo, la educación es un “bien semipúblico” en la medida que mi consumo del servicio educativo no impide a otro hacer lo propio: mi consumo del servicio educativo no lo agota, como si ocurre si consumo un pan con chicharrón para citar un ejemplo más banal. Como reflejo de estas consideraciones teóricas, la mayoría de universidades del mundo son públicas o privadas sin fines de lucro. La Universidad de Phoenix, una excepción al ser una universidad privada con fines de lucro (ver), dicta sus clases virtualmente.

Las universidades modernas son centros de investigación en los que se dicta clases como un subproducto. En un ranking mundial sobre instituciones que investigan, de las peruanas solo figura la Universidad Cayetano Heredia (ver), en el puesto 1851 de 2124. El costo de investigar seriamente es muy alto, ya que también se presentan fallas de mercado al realizar dicha actividad: difícilmente una universidad podría solventar dicha inversión sin acceder a fondos de cooperación o donaciones, por ejemplo, los que exigirían que no se lucre. Si, como debe ocurrir, las universidades peruanas aspiran a generar conocimiento, en vez de limitarse a reciclarlos, resultaría necesario apoyar el financiamiento de la investigación y sería aún más necesario de lo que ya lo es exigir a las universidades privadas con fines de lucro que contribuyan al fisco con el Impuesto a la Renta. Asimismo, se deben de evitar las artimañas legales que se usan para lucrar sin admitirlo, como constituir una “cooperativa” por ejemplo.

A diferencia de Chile, en nuestro país prácticamente no hay políticas públicas para financiar al alumno en vez de a la institución educativa; no hay préstamos educativos. Financiar a los alumnos les da mayor libertad de elegir dónde formarse, independientemente de la capacidad de las instituciones educativas públicas para acceder al financiamiento público. Asimismo, en el Perú casi no hay becas, si bien el gobierno ha concretado un programa de becas en instituciones educativas superiores para alumnos de todo el país recientemente. En Chile, en cambio, parte de la propuesta oficial para atender el reclamo ciudadano incluye aumentar a 120 mil las becas para educación técnico-profesional, de las 70 mil actuales. Si es que en el Perú logramos migrar, aunque sea parcialmente, hacia una política de subsidios a la demanda educativa, su financiamiento hace aún más imprescindible gravar a las instituciones educativas que realmente tienen fines de lucro.

Otra de las propuestas del gobierno de Piñera es crear un Fondo para la Educación de US$ 4 mil millones que se financiaría con recursos del Tesoro, el Fondo de Estabilización Económica y Social, los excedentes del cobre y otros. En nuestro país se viene discutiendo activamente la importancia del canon minero y de hidrocarburos en el financiamiento de la inversión pública subnacional y de lo ineficiente que ha venido siendo ésta. En la pobrísima ejecución de los recursos del canon destaca la falta de uso de los fondos destinados a las universidades regionales. En vez de seguir mal invirtiendo los impuestos y regalías asociadas a nuestros recursos no renovables, deberíamos constituir un fondo soberano de riqueza cuya administración financiera se concurse. Con estos recursos y también por concurso en el que participan asesores privados, se deberían diseñar esquemas de financiamiento a iniciativas educativas modernas que de preferencia integren a varios gobiernos subnacionales. Las intervenciones financiadas con recursos del fondo se concursarían y evaluarían independientemente. Somos conscientes de las limitaciones políticas existentes, pero ojalá, al menos, consigamos iniciar el debate sobre este tema tan importante y sin necesidad de huelgas y desmanes.

Dos propuestas finales. Primero, reformar el sistema de acreditación universitaria vigente, tercerizándolo para evitar su posible manipulación política. Segundo, tercerizar la elaboración y difusión de información sobre los rendimientos de la inversión en educación (ver tabla) y la calidad educativa (ver estudio), para que esté a disposición de los alumnos, potenciales o vigentes, y sus familiares. Esto ayudaría a que las costosas e importantísimas decisiones de educación superior se basen en información confiable, para beneficio de los alumnos y del país.

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