Intento de agilización de inversión pública sería óptimo con medidas complementarias
10 de mayo de 2007
El Consejo de Ministros aprobó un decreto de urgencia mediante el cual se facilitará a los gobiernos regionales o municipales ejecutar obras de manera inmediata. Otro punto del decreto está referido a la ejecución de obras bajo la modalidad de selección abreviada, lo que permitirá agilizar los trámites del concurso sin que se pierda transparencia en las licitaciones. (Semanam@il y diarios)
La norma pretende destrabar la inversión pública, mediante el tratamiento especial temporal (hasta el 31 de diciembre de 2007) a los proyectos de inversión en infraestructura (eléctrica, educativa, de transportes, de salud, de cárceles, de saneamiento y de irrigación, así como a las concesiones). Para ello establece un plazo máximo de 10 días para estandarizar los parámetros de los perfiles integrales que serán requeridos para evaluar los proyectos de inversión. Actualmente, el perfil (estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos de un conjunto de alternativas) es el documento inicial del proceso, tras el cual se elaboran los estudios de prefactibilidad y factibilidad (pueden no ser requeridos) para la declaratoria de viabilidad. La norma también agiliza el proceso autorizando el uso de procesos de selección abreviados.
Si bien esta especie de «vía rápida» para la inversión pública es positiva, debería ser potenciada con otras medidas, como: que el Estado limite su participación a la culminación del estudio de mercado y otorgue en concesión la construcción y operación de la obra bajo parámetros de gestión y garantías; la agilización y estandarización de procesos para la rehabilitación de infraestructura; la eliminación de las restricciones que imponen las normas sobre competencias en el ámbito geográfico (subsiste la posibilidad absurda de que una pista deba terminar donde acaba el límite geográfico de la región o distrito o provincia si es que no hay acuerdo entre las partes para hacer la obra); y la reducción de los plazos del SNIP (deberían usarse los días calendario en vez de días útiles). Estas cosas son elementales y podrían dinamizar considerablemente el sistema. Pero hay más. En el plano de la participación del sector privado, también hay que hacer cambios para atraer inversión. Entre otras cosas, se puede permitir que -como sucede en el caso de la minería- las empresas puedan deducir como gasto (de su renta imponible) la inversión en infraestructura de uso público.
Finalmente, es una pena que esta medida positiva haya coincidido con otra negativa, como es la que exceptúa del SNIP a la construcción de la presa y el túnel de trasvase del proyecto Alto Piura. Tenemos que aprender de una vez a hacer las cosas bien, con agilidad, pero sin caer en el facilismo.
Inversión Pública Presupuestada y No Ejecutada (En Millones de Soles)
Fuente: MEF (SIAF) / Elaboración: Instituto Peruano de Economía
En el 2004, lo que no se pudo ejecutar fue más de la cuarta parte de la inversión presupuestada. Dicho ratio aumentó hasta 39% en el 2006. La capacidad de gestión en el sector público para utilizar el dinero presupuestado es muy limitada. Se necesitan medidas complementarias al DU comentado para que la agilización de la inversión pública tenga éxito.