Mazamorra con azúcar
11 de enero del 2011
Bloquean venta de azúcar a EE.UU. Ejecutivo busca evitar desabastecimiento local de producto. Lote de 17 mil toneladas de Casa Grande se encuentra paralizado en puerto de Salaverry. (Perú21 10/01/2011)
El Decreto Supremo N 001-2011-AG es realmente preocupante. Primero, porque demuestra que el segundo gobierno aprista, a pesar de la experiencia nefasta de su primer gobierno, aún no entiende que los precios de los productos de consumo no se deben (y no se pueden) regular por decreto. Es sorprendente que aún no hayan entendido lecciones elementales respecto a cómo funciona el mercado y qué tipo de acciones a la larga perjudican al país y a los consumidores que dicen querer proteger. Segundo, por el pésimo precedente que sienta en cuanto a intervención arbitraria y torpe del Estado, especialmente cuando se consideran las “explicaciones” que se dan para justificar el Decreto de marras.
El DS 001-2011-AG pretende restringir las exportaciones de azúcar a los EEUU “para no desabastecer el mercado interno”. El ministerio de Agricultura autorizará las exportaciones sólo cuando estime que el mercado local está abastecido según cifras “elaboradas por el Ministerio de Agricultura y publicadas mensualmente en su portal electrónico (www.minag.gob.pe)”. Para los lectores que pretendan visitar dicho portal les adelantamos que no existe tal información. Afortunadamente, para entender las cifras relevantes, existen otras fuentes de información de las cuales podemos determinar que el Perú importa unas 20,000 toneladas de azúcar al mes, lo que equivale a la quinta parte de las aproximadamente 100,000 toneladas que consumimos mensualmente. El saldo es cubierto con producción interna, una pequeña parte de la cual (unas 8,000 toneladas mensuales) además se exporta a los EEUU.
¿Por qué se exporta azúcar a los EEUU si a la vez se importa del resto del mundo dos veces y medio más azúcar en promedio? Porque el gobierno americano otorga a distintos países productores de azúcar una “cuota” que les permite exportar cierta cantidad a los EEUU a un precio sustancialmente más alto que el precio internacional del azúcar (en el 2009 el diferencial promedio del precio del azúcar en los EEUU en relación con el precio internacional fue de alrededor de 50%, pero en marzo del 2010 llegó a un pico de 80%). El Perú tiene asignada una cuota de azúcar y si no la cumple no sólo se pierde el sobreprecio de la misma sino que se puede reducir la cuota a futuro por este incumplimiento (los productores internacionales hacen cola para que se les asigne cuota). Por ello, restringir las exportaciones de azúcar a los EEUU resulta absurdo: si en realidad hubiera riesgo de desabastecimiento, lo correcto sería importar más azúcar a precios internacionales, que es lo que los importadores harían, sin que el gobierno tuviera que intervenir, si percibieran que se avecina una escasez de azúcar en el mercado local. Además, como todo producto de consumo masivo, existen siempre stocks de azúcar para atender problemas temporales de desabastecimiento.
El argumento que entendemos esgrime el gobierno es que el Decreto es necesario para enfrentar la amenaza del grupo Oviedo de paralizar la producción en Pomalca y Tumán si el gobierno no les extiende la “protección” legal (leer CD 05/01/2011) de la que injustamente gozaban. Esta explicación no tiene sentido y estamos seguros que es sólo la excusa para una medida controlista y peligrosa que el mismo Ministro de Agricultura ya había anunciado hace dos meses con respecto al arroz (leer CD 19/11/2010). Nos sorprende que haya personas que se hayan creído el cuento. La producción de las azucareras en cuestión es una fracción (del orden de 18%) de la producción local de azúcar y aún si dejaran de producir los stocks existentes de azúcar (equivalentes a aproximadamente un mes de producción nacional o a seis meses de producción de Pomalca y Tumán) suplirían fácilmente su ausencia hasta que las importaciones compensaran cualquier necesidad de plazo más largo. Por último, la amenaza de paralizar la producción es poco creíble de parte de un grupo que vive de la caja que la venta de esta producción genera.
Como lo demostró antes con el caso citado del arroz, cuando se trata de productos consumo masivo (y más acercándose las elecciones) el gobierno tiene una proclividad por violar principios básicos del mercado, además de hacerlo de manera torpe e inefectiva. El gobierno no debe interferir con la libertad de comercio y menos aún de manera arbitraria y sin motivo alguno. Las leyes deben proteger a los ciudadanos contra estas tropelías del Estado, pero con la ingeniosidad que nos demostró hace 25 años, el gobierno encuentra formas de intervenir hasta cuando no puede. Que comiencen por actualizar y publicar la información en la actual que supuestamente se basa su última leguleyada.