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Columnas de opinión

Corto circuito en la distribución estatal de electricidad

13. 01. 2011

13 de enero del 2011

Las grandes mineras del norte del país han visto reducir intempestivamente su producción debido a que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (Coes-Sinac) empezó a racionar desde el pasado 6 de enero la energía a los clientes libres (consumidores que demandan más de 1 MW). (El Comercio 13/01/2011)

El explosivo crecimiento de la demanda eléctrica en el norte de nuestro país ha vuelto a recordarnos las falencias en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Recordemos parte de la historia.

La privatización de parte de las casi doscientas empresas públicas, incluyendo un cine que cumplía la «función social» de proyectar películas porno por ejemplo del grotesco extremo al que llegamos, fue una de las principales reformas estructurales. Precipitado por el desastre fiscal, pero asentado en la teoría y práctica que reconoce que el Estado falla, se privatizaron decenas de empresas públicas, en un proceso generalmente bien diseñado y ejecutado -lo cual contrasta con la falsa imagen creada y alimentada por parte de nuestros social-confusos-. La necesidad que tiene el Estado de intervenir en algunos sectores económicos, como la generación, transmisión y distribución de electricidad no implica que lo deba hacer a por medio de empresas públicas, muchas de las cuales se administra(ba)n de manera corrupta, ineficiente y dependiente del poder político -algunas de las fallas de Estado a la que nos referimos anteriormente-. Siguiendo la experiencia inglesa y chilena, por ejemplo, optamos por privatizar algunas de las empresas eléctricas y regularlas para simular condiciones competitivas. El proceso, que lideró el actual Ministro Pedro Sánchez, empezó muy bien. Se privatizó, por ejemplo, la distribución eléctrica de Lima, que se dividió en dos áreas que hoy administran EDELNOR y Luz del Sur.

Las distribuidoras eléctricas del resto del país, sin embargo, no alcanzaron a atraer el interés de los principales operadores eléctricos del mundo, que andaban de compras en los mercados emergentes. El gobierno diseñó un esquema de financiamiento subsidiado para que inversionistas nacionales se hicieran del control de las distribuidoras, política que seguramente hubiéramos criticado en su momento. El grupo dominante en el actual mercado lechero, entre otros, no consiguieron hacer negocio pese al subsidio. Eventualmente, las distribuidoras revirtieron al control del Estado. Ahí siguen. Nos olvidamos de la experiencia y la teoría. La declaración del presidente de OSINERGMIN nos acaba de despertar del letargo. Los eventuales apagones en el norte terminarán de avisparnos. ¿Lo harán al punto en que decidiremos privatizar las distribuidoras, ahora que la economía es más grande, su potencial de crecimiento es alto, los grupos nacionales están fortalecidos, tenemos el grado de inversión y la industria de fondos de inversión está muchísimo más desarrollada que antaño? Lo dudamos. La complacencia, las rentas asociadas a administrar empresas públicas en nuestra precariedad institucional y la temporada electoral, entre otras consideraciones, lo impedirán.

Entendemos que el gobierno está evaluando listar, justamente, parte de las acciones de las distribuidoras eléctricas del norte en la Bolsa de Valores de Lima como parte de la reforma de gobierno corporativo de las empresas públicas -la misma que el ex jefe del sindicato de SEDAPAL, posiblemente la segunda empresa pública en la que más se hace lo que les da la gana a sus administradores de turno tras PETROPERU, no quiere que aplique para la empresa de agua-. Nuestra sugerencia es simple. Que, en vez de listar una parte del capital actual, se haga el aumento de capital necesario para atender la emergencia y acompañar el sólido crecimiento del ya no tan sólido norte.