Andina/difusión

Cuando falla el Poder Judicial

14 de enero del 2011

Preocupados. Confiep pedirá hoy a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que tome las medidas legales pertinentes para detener la intervención en procesos de inversión que han estado realizando algunos jueces a través de acciones de amparo o de medidas cautelares (Perú21 14/11/2011).

El pedido de CONFIEP al que se refiere la nota apunta a la incertidumbre innecesaria que resulta de un poder judicial utilizado como instancia de decisión adicional en materias que no deberían de competerle. Si bien es muy importante tener un poder judicial que pueda intervenir efectivamente para evitar abusos y procedimientos irregulares, sea del gobierno o de actores privados, esta defensa del debido proceso se vuelve una farsa cuando quienquiera que no está de acuerdo con la decisión tomada en cualquier proceso público o privado puede convenientemente encontrar un juez dispuesto a “cautelar sus derechos” paralizando todo lo actuado. El problema radica entonces no en el sistema en abstracto sino en que casi no existe de riesgo de sanción efectiva a los malos jueces que se presten a ser utilizados de esta manera y se convierten así en escollos contra los cuales la razón, los acuerdos tomados e incluso la ley se estrellan. Este problema no es único a nuestro país, pero, como lo demuestran todos los estudios al respecto, el Perú tiene un poder judicial más malo que el que tienen la mayoría de países con los cuales podríamos querer compararnos. Como se puede ver en el gráfico, entre los puntos más débiles del Perú en el ranking mundial de competitividad del Foro Económico Mundial del Banco Mundial se encuentran la falta de independencia y la ineficiencia para resolver conflictos del poder judicial, temas en los cuales el ranking del Perú es lamentable: puesto 119 y 108, respectivamente (de 139 países), comparado con puesto 25 y 26 respectivamente para Chile, país con el que debemos siempre recordar competimos activamente por las inversiones y el comercio internacional. También es preocupante que el Perú no sólo sale mal parado en estas evaluaciones sino que se está perdiendo posiciones en lo que es un problema muy grave.

Las deficiencias de nuestro poder judicial se manifiestan también en que, según el Barómetro Político del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima (marzo de 2010), el 95% de los entrevistados confiaba poco o nada en el poder judicial y el 68% de ellos atribuía esta actitud a la corrupción (la lentitud y la incompetencia son otras explicaciones). El hecho es que la intervención de jueces para paralizar u modificar procesos relacionados con importantes inversiones privadas parece convertirse en uno de los principales obstáculos a la inversión y a la actividad económica, luchando el puesto con frentes dizque de defensa que usualmente detienen la mejora de la calidad de vida de la población a la que dicen defender. La predominancia de estos casos se ilustra en la primera página del suplemento económico de El Comercio de hoy, donde de las cuatro principales noticias de negocios y economía tres se refieren a problemas judiciales (en la concesión del Terminal Norte, la importación de autos usados y los embargos de Pomalca y Tumán).

El propio flamante Presidente del Poder Judicial hace dos días “exhortó a los jueces del país a actuar con celeridad absoluta pero con prudencia en procesos judiciales en los que están en juego la estabilidad económica del país y la garantía de las inversiones”, según una nota aparecida en Perú 21. Como indicamos al inicio, los jueces deben poder intervenir para detener injusticias, pero esto no debe ser una carta blanca para cualquier intervención. Es indispensable que se investigue y sancione con severidad a aquellos jueces que abusan de sus facultades para intervenir como partes en conflictos ajenos.

Por último, vale resaltar que aún en los casos en que es la intervención de un juez la que llama la atención y causa justificado rechazo, los problemas siempre aparecen en un contexto donde abundan los culpables. Recientemente la Cámara de Comercio del Cuzco publicó un comunicado respecto al proyecto Majes-Siguas que fue ejemplarmente respaldado por la Federación de Cámaras de Comercio del Sur (que agrupa a las cámaras de Arequipa, Abancay, Andahuaylas, Ilo, Juliaca, La Convención, Madre de Dios, Mollendo, Moquegua, Puno y Tacna) y por CONFIEP. El comunicado (LINK) , que debiera ser leído por todos los interesados en la forma en que se deben resolver los conflictos en el Perú y que marca una alentadora participación de instituciones tan importantes en el debate sobre el desarrollo nacional resalta la necesidad de encontrar consensos buscando propuestas que efectivamente resuelvan los problemas existentes en lugar de actitudes conflictivas y oposición sin propuestas. Para ello reclama un cambio de actitud de todas las partes involucradas: gobiernos regionales y locales, gobierno nacional y dirigentes políticos. Ojalá los escuchen.

COMENTARIOS

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