Sincerar tarifas de saneamiento tiene costo político, Ejecutivo debe asumir responsabilidad

15 de noviembre de 2005

El presidente de la Sunass, Sergio Salinas, anunció que ese organismo planteará modificar el Reglamento de la Ley General de Servicio de Saneamiento para evitar que las autoridades municipales, que tienen a su cargo las empresas de saneamiento, tengan injerencia política en los reajustes a las tarifas de agua potable. (Adepsep al Día)

No es una novedad que las decisiones políticas prevalezcan sobre las razones técnicas. La gestión de las empresas de saneamiento, incluyendo a Sedapal, no ha sido mala, sino desastrosa. Y lo seguirá siendo mientras sus órganos directivos sigan conformándose bajo criterios estrictamente políticos. Los órganos directivos de las EPS están integrados por alcaldes. Y sin ir muy lejos, el presidente de Sedapal es a la vez Secretario Técnico del Comité Consultivo de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que la administración tampoco se elige bajo criterios técnicos y eso se refleja en la cobertura y en la calidad del servicio: a pesar de los casi US$3,000 millones invertidos en el sector en los últimos 20 años, la cobertura de agua a nivel nacional es de apenas 76% y la de alcantarillado de 57%. Es decir, estamos entre los peores de la región.

La Sunass ya es autoridad tarifaria, a pesar que el Ministerio de Vivienda señale lo contrario. Lo que sucede en la práctica es que las EPS no tienen incentivos para proponer tarifas y que el regulador, en función de éstas, fije un nivel tarifario. En los pocos casos en que ha habido propuestas, las tarifas sugeridas por Sunass han sido sometidas primero al órgano directivo de las EPS para evaluar su aplicación. Un caso reciente es el de Arequipa, donde la junta general de accionistas (compuesta por alcaldes) decidió no aplicar los incrementos aprobados por Sunass para evitar el costo político que significaría el descontento popular.

El problema se solucionaría, en parte, si la estructura del órgano directivo de las EPS se desvinculara de la presión de los alcaldes. Un modelo sugerido podría ser el que se aplica a las cajas municipales cuyo directorio está compuesto mayormente por instituciones ajenas a las municipales. Pero además, la visión del ministerio debe cambiar hacia la generación de incentivos para que las EPS presenten sus propuestas tarifarias. La fijación tarifaria de oficio debería ser una excepción y no la regla. Y se debería potenciar el uso del Plan Maestro Optimizado, que vincula incrementos en tarifas con el cumplimiento de metas que aseguren al usuario un mejor servicio (sólo 3 ó 4 de estas empresas presentan dichos planes).

 

 

 

 

Inversión tirada al agua: no sólo son insuficientes los 4 puntos porcentuales que aumentaron las coberturas de agua y desagüe en los últimos 8 años, sino que además es un escándalo que el agua no contabilizada haya aumentado en casi 11 puntos porcentuales.

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