Persistir pese a la impotencia

15 de febrero del 2011
Azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí deben S/. 368 mlls. a las AFP. Según las cuatro AFP, 5,742 son los trabajadores de las azucareras afectados por el incumplimiento, de los cuales 795 están próximos a jubilarse. (Gestión, 15/02/2011)
En el último capítulo de la serie, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) actúan judicialmente y reclaman para que las azucareras depositen en las cuentas de sus afiliados los ingresos que les retienen. Los supuestos prohombres, según la prensa que compran, que administran estas azucareras también se apropian de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el Seguro Social del Perú (EsSalud), e incluso los pagos de impuestos. Venden el azúcar que producen a comercializadoras que ellos mismos controlan, apropiándose de un descuento de alrededor de un quinto respecto del precio de mercado (CD 05/01/2011<). Y así y todo, encumbrados funcionarios de este gobierno las protegen. Congresos de varias administraciones les han dado o extendido regímenes de protección patrimonial que, en realidad, le permiten seguir expoliando a todos los actores mencionados.
La prensa reportó que, hace unos días, un grupo de trabajadores obtuvo la administración judicial de Tumán. La semana pasada no tuvieron apoyo policial para entrar a Tumán a ejercerla. Esta semana, el apoyo fue claramente insuficiente. Entendemos que el mismo día que un general de la policía decidió, tras un sesudo análisis y consultas al todopoderoso, que cincuenta policías no eran suficientes para sacar a la mafiosa administración de Tumán, se le vio comiendo con el líder del grupo, el gerente -ya una pieza en la industria en la época en que Absalón Vásquez hacía y deshacía en las azucareras del norte- y un congresista que desempeñó un papel supuestamente importante en el Ejecutivo. El personaje en cuestión es el mismo policía que, hace un par de semanas, fue funcional al saboteo a la realización de la Junta General de Accionistas de una de las azucareras que controla Oviedo. No solo impidió el acceso a los directores designados por el Estado, sino que se los llevó a la comisaría a declarar porque desconocían la leguleyada de un juez corrupto. A los de la cena, al menos no podemos acusarlos de falta de transparencia.
Recordemos cuál es la solución al impasse, una muy superior a la que planteó recientemente el Presidente García. Primero, coordinar con el Poder Judicial para que revierta las leguleyadas que protegen a los nuevos barones del azúcar. Además de revertirlas, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) deberá actuar diligentemente para sancionar a esos malos jueces. Segundo, llevar a procedimiento concursal a las azucareras, como se hace con toda otra empresa del país que no paga sus deudas laborales, tributarias, y comerciales. Así, se protege a pensionistas y trabajadores, antes que al resto evitando que se sigan desangrando y vendiendo sus acciones a un precio ridículo. Se revalorarán sus acreencias, las irán cobrando y podrán decidir libremente y sin desesperación qué hacer con sus acciones. Tercero, instalar una comisión ad hoc del Instituto de Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que administren el concurso los mejores profesionales del Perú, personas competentes que ya han lidiado con situaciones complejas, incluyendo grupos inescrupulosos, sus políticos a sueldo y sus leguleyos.