Comisiones Congreso y aranceles
15 de agosto de 2002
Mejora coordinación entre Ejecutivo y parlamentarios
• El congresista Glodomiro Sánchez Mejía, presidente de la Comisión de Energía y Minas, señaló que los activos de Petroperú y Electroperú deben pasar a manos privadas. Explicó que «este proceso tiene que ser consensuado. La venta de estas empresas es fundamental para el Perú». El parlamentario se mostró a favor de reducir las regalías a las empresas del sector hidrocarburos así como la devolución del IGV para la etapa de exploración, y señaló que la legislación minera y petrolera debe ser actualizada para promover la inversión. De otro lado, el presidente de Petroperú, Héctor Taco, aseguró que esta empresa no figura en la agenda de privatización del gobierno y señaló que la utilidad neta generada en los primeros seis meses de este año asciende a US$140 millones.
• El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Yonhy Lescano, señaló que un camino alterno a la revisión consensuada del contrato de concesión de Telefónica podría ser un juicio demandando que la empresa cambie la unidad de facturación del minuto al segundo para telefonía fija, pues existen mecanismos que permiten la revisión de reglas si éstas benefician injustamente a alguna de las partes.
• Comentario IPE: La mejor coordinación que se ha hecho evidente entre el Ejecutivo y sus representantes y aliados en el Congreso parece estar dando sus frutos, particularmente en el caso de las comisiones de Economía, Agricultura y Energía. Aunque no podemos afirmar lo mismo de la Comisión de Defensa del Consumidor, en la que parece que el tema de consigna será el de telefonía y el irrespeto abierto de los contratos firmados por el Estado.
• Está en manos del Ejecutivo recoger las iniciativas de los legisladores y traducirlas en acciones concretas, de manera que retomar las reformas pendientes conduzca a la modernización y la mejora en productividad y eficiencia del aparato estatal. Resulta curioso que el premier Solari, en su presentación ante el Congreso, no haya dejado espacio para la privatización y en vez de ello sí hablara sobre procesos de concesión, capitalización, joint ventures, etc. Quedan todavía cosas por afinar.
El tema arancelario nuevamente sobre el tapete
• El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Raúl Diez Canseco, señaló que el ministro Silva Ruete informó que la situación del fisco impediría disminuir los aranceles a los bienes de capital, pero adelantó que, de concretarse la reducción, inicialmente no incluiría a todo tipo de maquinaria, sino sólo los equipos necesarios para elaborar productos beneficiados por el ATPA. Fuentes del MEF estimaron en US$72 millones al año el costo de la rebaja arancelaria y descartaron la propuesta alternativa de Diez Canseco por contravenir la política comercial del país al aplicar la reducción con discrecionalidad.
• De otro lado, el titular de Agricultura, Álvaro Quijandría, afirmó que su despacho considera necesario el aumento del arancel al algodón, para impulsar la exportación de prendas de algodón Tangüis peruanas a EE.UU. y proteger la producción nacional, medida que iría acompañada de algún aliciente a la industria para consumir el algodón nacional.
• Comentario IPE: Aunque ya el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso se mostró en contra de aumentar la protección al sector, el ministro Quijandría ha vuelto a plantear el esquema de sobretasas, aún cuando está plenamente demostrado (ver estudio de Javier Escobal, investigador de Grade: «El Gran Ausente: el Agro», en «La Reforma Incompleta») que la mayor parte de las rentas que generan este tipo de políticas se quedan en los intermediarios, debido a la ineficiencia y al bajo nivel de competencia existente en la comercialización de los productos agrícolas.
• Sería prudente preguntarse qué es lo que, cómo país, nos conviene: ¿proteger a los agricultores, elevando la ineficiencia y asignando mal el beneficio otorgado, o aprovechar al máximo los beneficios del ATPDEA? Probablemente, lo mismo que se pretende con el esquema de sobretasas podría ser cubierto con subsidios directos o incentivos para la mejora en la calidad del algodón nacional, invirtiendo en Investigación y Desarrollo para lograr mejores fibras y con mayor productividad.