Andina/difusión

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16 de septiembre de 2002

Estabilidad absoluta o no: he ahí el dilema

• El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Villarán, informó que su despacho ha solicitado formalmente al Tribunal Constitucional (TC) que aclare el fallo que dispone la reposición de trabajadores despedidos de Telefónica. El ministro Villarán destacó que respeta al TC pero que se debe ser consciente de las dificultades que puede causar el fallo. Indicó que es necesario precisar las implicancias de la sentencia “para saber, por ejemplo, si es retroactiva o tiene efecto sólo a futuro”. Reiteró, asimismo, que comparte la preocupación del empresariado nacional sobre este particular.
• El gerente de finanzas de TIM, Sergio Muñiz Mantero, criticó que el Congreso y el TC estén generando un clima de incertidumbre y dando señales negativas a los inversionistas. En relación al fallo del TC, que ordena la reposición de trabajadores en Telefónica, afirmó: “Preocupa que después de muchos años de emitida una ley, sea cuestionada desde el punto de vista constitucional”. Mikey Peters, presidente de Duke Energy en el Perú, opinó que el fallo del TC “resulta fatal para las inversiones”. “Este fallo significa un cambio en la ley y es una señal muy negativa en momentos en que ya está resultando muy difícil atraer inversiones. Aumentará los costos de las empresas, pero más importante que eso es que de por sí significa un cambio en las leyes laborales”, añadió.
• La Célula Parlamentaria Aprista presentó el Proyecto de Ley N°3864 que propone derogar el segundo párrafo del artículo 34° del D.L. N°728, que regula el despido arbitrario. En la exposición de motivos se afirma que esta norma “ha venido siendo aplicada conjuntamente con otras disposiciones que permiten en forma indiscriminada la contratación de trabajadores a través de terceros, impidiéndose de esta manera el ejercicio de derechos humanos fundamentales en materia de trabajo, tales como la sindica[liza]ción, la negociación colectiva y la obligación de no discriminación, entre otros, lo que resulta incompatible con la vigencia de una sociedad democrática y pluralista en la que se reconocen derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos por igual”. Agrega que “el uso excesivo e inmoderado del artículo” ha originado en nuestro país miles de despidos arbitrarios y que los empleadores han utilizado dicha fórmula legal para limitar reclamos laborales “bajo la amenaza constante de ser despedidos arbitrariamente”.
• Entendemos que el Tribunal iba a precisar las implicancias del fallo el viernes pasado. Suponemos que, como ello no ocurrió, el MTPE optó por solicitar formalmente una aclaración al TC. En tanto ésta no se produzca, seguiremos asumiendo que regresó la estabilidad laboral absoluta: así lo han sostenido todos los especialistas en legislación laboral a quienes hemos consultado sobre el tema desde el miércoles pasado.

EGASA-EGESUR: el voto dirimente es cada vez menos relevante

• La privatización de EGASA y EGESUR sigue en suspenso: la Corte Superior de Arequipa no logró, por segunda vez consecutiva, un acuerdo unánime sobre la validez de la operación. Ahora hay dos votos a favor de la venta de las generadoras eléctricas y dos en contra. “Se llamará al vocal de la segunda sala civil de Arequipa, Luis Villanueva Fernández, y se convocará para el 20 de septiembre una nueva causa de vista en que se definirá la sentencia”, dijo a la agencia Reuters una fuente judicial. “La corte no ha llegado a un acuerdo puesto que dos de los vocales reconocen la existencia de la región Arequipa y creen que hay un conflicto de competencia con el gobierno central por la propiedad” dijo Herber Campano, abogado del alcalde Guillén. Las autoridades arequipeñas han adelantado que si el fallo no les es favorable recurrirían al Tribunal Constitucional. Además, Juan Manuel Guillén anunció la semana pasada que, a mediados de este mes, emitiría una ordenanza municipal para iniciar la organización de una consulta popular que determine la titularidad de las acciones de EGASA.
• En Arequipa, Alan García se declaró opuesto a la privatización de empresas públicas, en general, y a la de EGASA-EGESUR, en particular. El líder aprista justificó la multitudinaria protesta mistiana contra la decisión del gobierno de transferir las dos empresas eléctricas a Tractebel. Sostuvo que los conceptos de regionalización y privatización no son compatibles. “No se trata de vender lo que existe, sino de que juntemos lo que tenemos para crear lo que no existe”, afirmó, agregando que la inversión privada es “una buena alternativa”. García mencionó la necesidad de un nuevo Banco Agrario, reducir la deuda agraria, promover la educación gratuita real, reformular el pago de la deuda externa y reducir el precio de las medicinas.
• El congresista de la Unión Parlamentaria Descentralista (UPD), Javier Diez Canseco, criticó el doble discurso de Alan García respecto de la privatización de EGASA. “Cuando se desató el conflicto en Arequipa, García desapareció del mapa y ahora da un discurso en la Ciudad Blanca para mostrase como antiprivatizador”, señaló. Diez Canseco demandó coherencia a García y recordó que el año pasado la bancada aprista votó a favor de la venta de EGASA, que era parte del financiamiento del Presupuesto del 2002. El legislador también recordó que, cuando Arturo Valderrama irrumpió en la subasta de EGASA y EGESUR para protestar por el acto, el APRA afirmó que el legislador actuaba a título personal.
• De acuerdo con Santiago Pedraglio, columnista de Perú.21, la iniciativa de García de empezar su campaña en el sur apunta a disputar la conducción de las municipalidades y regiones a los independientes de movimientos regionales, en especial los de Arequipa y Cusco, anulando un eventual crecimiento de Acción Popular (AP) y, particularmente, de Valentín Paniagua, su más importante adversario. Esta sería una reacción a la alianza AP – Somos Perú (SP) que se perfila como el más importante rival, a vencer en las elecciones de noviembre. “Pero el interés del APRA por el sur puede estar ligado no al deseo de acrecentar la presencia de su partido en esa región y a obtener saludables resultados electorales, sino también a la eventualidad de unas sorpresivas y adelantadas elecciones generales”, concluyó Pedraglio en su comentario del domingo.
• Dudamos que, así se produjera un eventual fallo judicial a favor de la posición del gobierno, Tractebel mantenga el interés por las dos generadoras eléctricas. Seguimos creyendo que es más probable que la empresa belga compre una hidroeléctrica a otro operador interesado en reducir su presencia en el país.

La concesión de la carretera Pucusana-Pisco-Ica también se postergaría

• Trascendió que los postores que participan en la concesión del tramo Puente Pucusana-Pisco-Ica de la Panamericana Sur han solicitado a ProInversión aplazarla hasta después que el gobierno incremente los peajes. Así, la buena pro se postergaría hasta, por lo menos, inicios del próximo año.
• Como lo comentamos hace una semana, la firma del contrato de concesión del tramo Ancón-Huacho-Pativilca, programada originalmente para el 24 de septiembre, se postergó porque el gobierno incumplió una de sus cláusulas: no aumentó los peajes de US$0.71 a US$1 por eje. Por la misma razón, tampoco se otorgaría la concesión de la ex “Red Vial 6” este año como lo sugiere el cronograma vigente de ProInversión.
• El gobierno ha puesto, supuestamente, el énfasis de la política de privatización “con rostro humano” en el programa de concesiones. La experiencia reciente del programa de concesión de carreteras, sin embargo, ha vuelto a demostrar que la transferencia de la propiedad de activos públicos no es el único problema político que el Ejecutivo prefiere evitar.

Por si alguien duda, tampoco se privatizaría SEDAPAL

• El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, advirtió que el gobierno no tiene planificado “concesionar ni privatizar” SEDAPAL en el corto plazo. Explicó que se ha previsto construir y mejorar la infraestructura necesaria en el interior del país y, a partir de ello ampliar, los servicios de agua y desagüe con la cooperación de la inversión privada.
• El presidente de SEDAPAL, Jorge Villacorta, aseguró que la empresa no será privatizada porque presenta resultados positivos y no genera costo alguno al gobierno. Villacorta informó que la utilidad de la empresa fue de S/5.5 millones en el 2001 y se espera una utilidad mayor para el 2002.

¿Observará el Ejecutivo la ley del “minuto por segundo”?

• El ministro Javier Reátegui informó que el Consejo de Ministros evaluará y decidirá, el próximo lunes, si observa o no el proyecto de ley que cambia la unidad de medida para la facturación de telefonía fija del minuto al segundo, aprobado por el Congreso. “La entidad que regula las tarifas, para renta básica como para las llamadas que se realizan, es OSIPTEL. Una ley de ese tipo indicaría que el regulador no sería el único organismo con esa capacidad”, puntualizó Reátegui.
• El gerente de Finanzas TIM, Sergio Muñiz señaló que cambiar la unidad de medida para la facturación telefónica “significa un cambio en las reglas de juego”.
• Recordemos que, según el artículo 79° del Reglamento del Congreso de la República, el Ejecutivo tiene hasta el 24 de este mes para observar o promulgar la norma que propone la sustitución del minuto por segundo. Vencido este plazo, corresponde al presidente del Congreso promulgar la ley.
• Es lamentable que el Ejecutivo, que señaló inicialmente que observaría el despropósito legal promovido por algunos congresistas, indique ahora que evaluará la ley y tomará una decisión a inicios de la próxima semana.

Algunas declaraciones económicas del presidente Toledo

• El presidente Toledo indicó que el déficit fiscal ascendería a 2.6-2.8% del PBI en el segundo semestre. Aseveró que las privatizaciones y concesiones son indispensables para el crecimiento del país. Dijo que “no está claro” que el gobierno reciba los US$400 millones de recursos de privatización que ha presupuestado para el 2003. Señaló que la recaudación tributaria crecerá en septiembre a un ritmo similar al observado en agosto (15%). En cuanto a la próxima emisión de deuda soberana, Toledo informó que hay veintiocho bancos interesados en colocarla y aseguró que las tasas de interés no deberían variar mucho del 9% pagado en la última emisión.
• El estimado presidencial de déficit fiscal para el segundo semestre es consistente con la meta oficial de 2.2-2.3% del PBI para el 2002. De acuerdo con los estimados vigentes del IPE, la brecha fiscal ascendería a 2.5% del PBI este año.
• Si “no está claro” que el gobierno recibiría alrededor de US$400 millones de ingresos de privatización en el 2003, ¿para qué se volvió a incluir esta incierta fuente de financiamiento en el proyecto de presupuesto?
• El “Perú 12”, el bono soberano emitido en febrero, se negoció hoy a 87.1% de su valor nominal, lo que implica un nivel de riesgo país de 765 puntos base (ó 7.65%). Así, quien lo compró hoy día obtendría un rendimiento anualizado (yield-to-maturity) de 11.4%. De acuerdo con banqueros de inversión a los que consultamos sobre el tema la semana pasada, la garantía revolvente que otorgaría CAF reduciría el costo del financiamiento en alrededor de 100 puntos base (ó 1%). Así, si se emitiera mañana, se colocaría el bono garantizado a alrededor de 10-10.5%. Además, hay que considerar el costo que la garantía de CAF representaría para el país, así como el mayor costo de la comisión de estructuración de la operación, ya que la multilateral subcontrataría a un banco de inversión. En términos netos, creemos que la emisión de deuda garantizada por CAF costaría al país un poco más que lo que representaría emitir deuda sin garantía. La gran diferencia es que, gracias a la garantía parcial de CAF, el gobierno se aseguraría el acceso al mercado de capitales internacional…

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