Núñez, Risco y Negreiros intentan reelegirse generando mayor informalidad en el empleo

18 de noviembre de 2005

La Comisión de Trabajo del Congreso (CTC) aprobó 15 nuevos artículos del proyecto de la ley general del trabajo, referidos a las causalidades de despido, indemnización por despido, destaque de personal, reglamento interno en los centros laborales y período de prueba. Según el especialista Ricardo Herrera, la propuesta aumentaría la indemnización por despido arbitrario de 12 hasta 24 sueldos. (Gestión)

La propuesta de la CTC ha desnaturalizado el proyecto enviado al Congreso por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) -que gozaba de consenso parcial- y nos llevaría a una mayor rigidez en la legislación laboral. Por esto, y dada la coyuntura electoral, la elaboración de una nueva ley general debiera recaer nuevamente en el CNT y obtener el consenso de trabajadores y empleadores. La nueva norma debiera promover la generación de empleo formal (la informalidad en provincias alcanza el 84% y en Lima 65%), con el balance adecuado entre flexibilidad y fiscalización, de manera que las empresas gocen de las herramientas para adaptarse rápidamente a los cambios en los mercados y los trabajadores tengan la certeza de que la labor fiscalizadora del cumplimiento de sus derechos será efectiva por parte del Estado.

Un síntoma de que la norma promovida por la CTC intenta perpetuar la sobreprotección, la estabilidad laboral absoluta, la ineficiencia y los privilegios de la reducida aristocracia sindical del sector público es que establece barreras más altas para el despido de dirigentes sindicales. Es obvio que los sindicalistas apoyan esta propuesta porque les permite seguir viviendo del Estado sin hacer nada más que promover paros, protestas y bloqueos de carreteras; es decir, obtener rentas a pesar de tener cero productividad laboral. Y en la CTC sus promotores (Dora Núñez, José Luis Risco y Luis Negreiros) intentan correr con la aprobación porque la legislatura termina a mediados de diciembre y son concientes de que no tienen oportunidad laboral en el sector privado (quizá ahí nace su animadversión contra la actividad empresarial). Y no les interesa si, de paso, promueven también la informalidad.

Basta de legislar para las minorías sindicales y para unos cuantos formales, buscando la reelección. Es hora de terminar con las limitaciones a la movilidad de trabajadores y las decisiones empresariales en relación con ésta: los beneficios adicionales por destaque fuera del lugar de residencia del trabajador que promueve esta norma son exagerados y sólo desincentivarán a las empresas de mejorar la calificación laboral de los trabajadores de provincias, porque traer gente más capacitada será caro y engorroso.

 

 

 

Lo aprobado duplica la indemnización por cese intempestivo y la convierte en la más alta de la región (hasta 24 sueldos). También eleva la indemnización mínima a 3 sueldos (aún trabajando menos de un año, se cobra como si se hubiera trabajado dos).
Necesitamos mayor flexibilidad para ganar competitividad y estar en capacidad de adaptaros a los cambios de los mercados, en el actual contexto de competencia global.

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