Doble depreciación, remesas del exterior y pensionistas

 

18 de marzo de 2003.

Cuestionamiento de la lógica económica de la doble depreciación retraería la inversión

• Según Correo, en las próximas horas SUNAT emitiría una resolución de intendencia declarando no aplicable el mecanismo de la doble depreciación que utilizaron las empresas eléctricas en los casos de fusión o escisión, y que les permitió reducir el pago de impuestos al fisco. El diario agrega que trascendió que ayer se reunió por última vez la plana mayor de intendentes de la Administración Tributaria a fin de tomar una decisión sobre la publicación de dicha resolución.

• La noticia publicada por Correo confirma información de la que ya disponíamos. Entendemos que SUNAT envió, hace semanas, una carta a las empresas eléctricas que estabilizaron los beneficios tributarios de la doble depreciación en caso de reorganización societaria, cuestionando la lógica económica de la operación. La misiva reconoce que la aplicación del DS-120-94-EF fue legal, que el arbitraje al que se sometieron las eléctricas fue adecuado, pero que éstas no debieron escindirse y posteriormente fusionarse para aprovecharse del escudo tributario.

• Admitiendo que desconocemos las implicancias jurídicas de la decisión, nos aventuramos a emitir una opinión. La decisión de las autoridades es, desde nuestro punto de vista, inconveniente. Los abogados tributaristas que asesoran a las empresas se dedican, precisamente, a identificar vacíos en la legislación que permitan a sus empleadores, dentro del marco legal, reducir sus pagos del impuesto a la renta. La autoridad tributaria debe colaborar con el Ejecutivo y el Congreso para que estos promulguen leyes más simples, sujetas a interpretaciones legales unívocas y, si no lo consiguen, deben reducir las distorsiones existentes evitando que los tributaristas del sector privado consigan sus objetivos. Aparentemente, como no han tenido la capacidad de hacer respetar sus fueros y, en algunos casos, han cometido errores técnicos, parecen haber optado por patear el tablero.

• Nos preocupa que el Ejecutivo haya cedido a la presión política ejercida por algunos congresistas y líderes de opinión que, desde nuestro punto de vista, tienen un concepto distorsionado de responsabilidad social de las empresas. Recordemos que SUNAT publicó un informe que resume los costos fiscales de los convenios de estabilidad tributaria y la doble depreciación. No publicó, sin embargo, cuál fue la recaudación tributaria de las empresas que se acogieron a estos mecanismos. Dijo, en su momento, que el MEF emitiría un informe más amplio. El MEF tampoco lo hizo y, en lo que consideramos una irresponsabilidad extrema, sugirió que las empresas interesadas deberían elaborar el estudio.

• Somos de la opinión que esta noticia tendría un efecto considerablemente negativo en la inversión. No descartamos, por ejemplo, que alguna(s) de las empresas eléctricas implicadas opten por elevar este caso a un tribunal internacional.

• Lo anteriormente expuesto está basado en que, desde nuestra perspectiva, el gobierno estaría a punto de volver a cambiar las reglas de juego cediendo a presiones políticas. Seguimos siendo de la opinión, sin embargo, que el DS-120-94-EF constituyó un grave error de política económica. Seguimos sin entender cuál era el sentido de otorgarle un considerable escudo tributario a operadores internacionales de empresas eléctricas, por ejemplo. Debió haberse restringido los alcances de la norma. Para evitar errores como este en el futuro, coincidimos con los técnicos que señalan que todos los proyectos con implicancias tributarias, preparados por el Ejecutivo o el Congreso, deberían contar con la opinión técnica de SUNAT. Así se evitarían yerros como éste o el desagio tributario, por ejemplo.

Remesas serían mayores a lo registrado por el BCRP

• El gerente del Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN), Donald F. Ferry, reveló que el año pasado las remesas del extranjero al Perú crecieron en 24%, alcanzando los US$1,265 millones. Sin embargo, señaló que preocupa los costos totales de estos envíos, que en el caso de Latinoamérica, son los más caros. Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños residentes en naciones industrializadas enviaron unos US$32,000 millones en remesas a sus países de origen durante el 2002, registrándose un incremento de 17.6% con respecto al año anterior, según un reciente informe del FOMIN.

• En 1999, el BCRP revisó al alza la información sobre transferencias del exterior (ver gráfico). El estudio del FOMIN sugiere que se quedaron cortos. Si este informe estuviera en lo cierto, el año pasado, por ejemplo, el déficit de la cuenta corriente habría ascendido a sólo 1.4% del PBI, 0.6 puntos porcentuales por debajo de lo reportado por el Central.

 

Transferencias Corrientes: Series Original y Revisada del BCRP; y Datos de FOMIN, 1989-2002 (En Millones de Soles)

 

 

Fuentes: BCRP, FOMIN e Instituto Peruano de Economía

 

Composición de la Inversión Extranjera Directa y los Préstamos de Largo Plazo al Sector Privado, 1999-2001 (En Porcentaje)

 

 

 

Fuentes: BCRP e Instituto Peruano de Economía

 

¿Y la contingencia con los pensionistas públicos?

• El jefe de la ONP, Carlos Espinoza, informó que el monto requerido a valor presente para hacer frente a las obligaciones de pago (actuales y futuras) de los pensionistas de los regímenes 19990 y 20530 asciende a US$36,286 millones. “Existe un conjunto de ideas. Para que éstas se concreten reuniremos a un conjunto de especialistas que se encargue de elaborar una propuesta para solucionar el problema del sistema pensionario (público) en el país, para esto pienso que debería trabajarse sobre la base del documento (Análisis y Recomendaciones) presentado en julio del 2001. Quiero poner la voz de alerta sobre esta deuda”, señaló. Agregó que este año el Tesoro cubrirá el 78.8% del costo de la planilla, lo que equivale a US$701 millones y que por ello el sistema ya no es provisional, sino asistencial.

• Insistimos en que es indispensable que se siga profundizando la reforma previsional. Las pensiones públicas, que incluyen la profundamente injusta “cédula viva”, ya están desfinanciadas. El futuro, como nos lo acaba de recordar la ONP, es sumamente incierto.

• Invocamos, una vez más, a las autoridades económicas a que incluyan las contingencias previsionales en sus estimados de sostenibilidad fiscal. Ignorarlas, como lo hacen actualmente, nos parece, simple y llanamente, una tremenda irresponsabilidad.

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