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El estudio menso del MINSA

15 de marzo del 2011

INDECOPI investiga a 11 laboratorios por concertación de precios. Afirmó que tal proceso se basó en el informe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) difundido por el Ministerio de Salud (Minsa) en enero pasado. Sin embargo, Indecopi no precisó si está ampliando la investigación por su propia cuenta. (El Comercio 17/03/2011)

Que INDECOPI investigue posibles conductas anticompetitivas en un mercado como el farmacéutico, en el cual abundan problemas de información que con frecuencia requieren regulación nos parece perfectamente razonable. La pregunta relevante es qué indujo a INDECOPI a realizar una investigación en este mercado. Si existieran pruebas o indicios de conductas no competitivas pues adelante y que, como ya ha ocurrido y hemos comentado antes (CD 24/01/2011), se sancione a las empresas que puedan resultar culpables.

Lamentablemente para quienes entendemos y apoyamos el rol tan importante que cumple una institución como INDECOPI en nuestro mercado, la información proporcionada en la nota que reproducimos arriba y en otras semejantes indica que la investigación fue motivada por un estudio del Ministerio de Salud (MINSA) “Impacto de las medidas de inafectación tributaria en los precios de los medicamentos para el tratamiento oncológico” (ver estudio). Este estudio fue presentado en el Congreso por el ministro del sector y se usó como supuesta justificación para hacer afirmaciones entre absurdas y falsas que fueron referidas repetidas veces en los medios. Invitamos a los lectores a leer el documento y sacar sus propias conclusiones, pero, a riesgo de contarles el final, vale la pena resaltar las dos principales conclusiones del documento:

“En general, podemos observar que las medidas tributarias dispuestas para reducir el precio de los medicamentos destinados al tratamiento oncológico, si han tenido impacto en los precios de dichos medicamentos, sin embargo su traslado hacia el precio de venta ha sido de carácter voluntario de acuerdo a la política comercial de cada empresa farmacéutica.”

Esta conclusión sólo explica la manera en que un mercado libre funciona y en modo alguno señala un comportamiento anticompetitivo de alguna empresa. Es más, y contrario a lo que se ha repetido en los medios, el documento concluye que en general la reducción de impuestos si resulta en reducciones de precios al usuario, aunque el tamaño de esta reducción depende de las políticas comerciales de las empresas, como es natural y legal. ¿Pero de qué dependen estas decisiones comerciales de las empresas? Veamos la siguiente conclusión del documento:
“Es evidente que la disminución de precios existente en estos medicamentos se deriva del nivel de competencia existente en el mercado de cada principio activo y de la capacidad de negociación que tenga el adquiriente, capacidad de negociación que no existe en el mercado retail y que en el mercado público se encuentra dispersa.”

Esta segunda conclusión parece sacada de una clase de economía y no hay nada que discutirle. Tampoco señala ningún tipo de conducta anticompetitiva. Y debe notarse que en el mercado farmacéutico las patentes que se otorgan a quienes desarrollan medicamentos nuevos con frecuencia resultan en posiciones monopólicas que la ley acepta. Ser el único que ofrece un medicamento no es ilegal ni lo es cobrar por él lo que el mercado esté dispuesto a pagar.

El informe señala claramente que el sector público adquiere más del 90% de los medicamentos oncológicos que se venden en el Perú, que cuatro instituciones públicas adquieren el 99% de lo que compra el sector público y que tres medicamentos representan el 56% de estas compras (ver gráfico). Claramente lo que el documento señala es que existe un serio problema en los mecanismos de adquisición del sector público y que estos problemas son largamente más importantes que la conducta competitiva de los laboratorios para explicar los precios a los que el sector público adquiere medicamentos en el Perú.
Lamentablemente, aparte de la valiosa información de base que permite estas conclusiones, el documento también incluye afirmaciones sin base alguna (e incluso sin sentido) y es muy pobre en la forma imprecisa en que presenta otra información y conclusiones. Se hacen afirmaciones basadas en información groseramente insuficiente y con un nivel de análisis primitivo por decir lo mejor. Si el documento fuera un trabajo de curso de microeconomía universitario el autor sería reprobado sin duda. Que trabajos tan pobres se usen para hacer política pública es indignante. Que los medios no se den el trabajo de leerlos antes de repetir afirmaciones sin base de funcionarios públicos y congresistas es una lástima.

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