Multilaterales e inseguridad jurídica
20 de enero de 2003.
Multilaterales opinan a favor de prudencia fiscal
• El subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Eduardo Aninat, recomendó a los empresarios en el Perú “menos quejas y más cooperación”. Afirmó que este año su organismo será más riguroso y advirtió que si en los próximos tres años no hay reformas estructurales, el Perú volverá a tener un crecimiento mediocre y agregó que en el corto plazo no percibe agudas restricciones de financiamiento del déficit fiscal, enfatizando que hay margen para reducir el gasto público. Aninat destacó los avances logrados en la década de los noventa con una política comercial pro exportadora, lo que se reflejó en mayores volúmenes exportados y resaltó la necesidad de fortalecer las exportaciones. Sin embargo, opinó que los marcos de integración como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no deben tener un alto costo económico ni social con el simple afán de consolidarse, ni ser una excusa para no buscar mercados más amplios, sino buscar formar parte de la globalización. (Diarios).
• El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, recomendó mantener la prudencia en la política fiscal (sin flexibilizaciones) para seguir creciendo este año e informó que los créditos para el 2003 estarían en el rango de US$500-700 millones. Iglesias sostuvo que la inversión en la década de los 90 en América Latina no fue consistente sino volátil, porque las reformas no se dieron o no fueron estables. (Diarios)
• El representante en el Perú de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Germán Jaramillo, sostuvo que este año, entre créditos y facilidades sectoriales para los sectores público y privado peruanos, el presupuesto de la CAF ha previsto un monto de US$400-500 millones. (Diarios)
• Creemos que un buen programa de gobierno que apunte a la sostenibilidad fiscal debería plantearse como meta para este año un déficit de 1.5% del PBI y una reducción gradual anual en medio punto porcentual (como mínimo), para lograr un superávit de 0.5% del PBI hacia el 2006. Esto permitiría al gobierno pagar la deuda previsional, que en valor actual representa el 70% del PBI. Pero implicaría ser más prudentes con el gasto, desistiendo por ejemplo de realizar costosos cambios de logotipos o proyectos de inversión no rentables como Chira-Piura, Olmos o algún otro similar. Incluso el programa del Vaso de Leche tendría que ser, al menos, reestructurado, pues en la actualidad sólo el 29% del beneficio es obtenido por el niño, mientras que en el camino se diluye (cual leche en polvo) el 71% restante. Otra de las decisiones inmediatas tendría que ser el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos que no han sido evaluados, incluyendo a los maestros.
• En el aspecto comercial el objetivo es la integración al mundo. Para esto hay tres caminos: hacerlo de forma unilateral; buscar acuerdos bilaterales con bloques mayores; y establecer un ingreso simultáneo en varios mercados (multilateral), que nos parece el camino más adecuado. En la práctica, sin embargo, el Perú está limitando su integración al mundo a la voluntad de los otros (ver artículo adjunto de Rodrigo Botero, ex ministro de Economía de Colombia y fundador de la Comunidad Andina de Naciones, CAN). En este sentido, nos parece que la posición del presidente Toledo de proponer acuerdos bilaterales y promover una integración acelerada es la correcta. Pero lamentablemente sus ministros no parecen apoyarlo en la cruzada, mientras los diplomáticos, algunos de ellos “aficionados a la economía”, deberían mostrar un poco más de dignidad y buscar el beneficio comercial del país en lugar de puestos de trabajo.
• En cuanto al llamado a cooperación, pensamos que ésta no se le puede pedir a quien “mayormente” desconoce cómo se desarrolla el mundo. Aquellos que todavía no se ajustan a la idea de no ser quienes nombran a las autoridades, por vivir en una “democracia” representativa.
Los costos de la inseguridad jurídica
• La Comisión de Delitos Económicos del Congreso de la República informó que el Estado dejó de recaudar aproximadamente S/1,140 millones por los convenios de estabilidad tributaria suscritos durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. (Apoyomail)
• Aunque no conocemos la fuente de la cifra proporcionada, ni la seriedad del estudio realizado, saludamos que la comisión haya encontrado el costo para el Estado de ser un país jurídicamente inseguro, donde el Congreso intenta modificar las reglas de juego a cada instante y se intenta discriminar entre lo nacional y lo extranjero; y donde el gobierno modifica la estructura tributaria cada vez que encuentra dificultades fiscales. Eso, sin mencionar los fallos del Tribunal Constitucional y los arrebatos populistas de los presidentes regionales y del primer mandatario. A ver si se dan cuenta de lo costoso que resultan sus acciones.