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Columnas de opiniónEstadísticas Regionales

Reforma mal hecha sólo engrosaría planilla pública en más de 60 mil trabajadores

21. 10. 2005

21 de octubre de 2005

El Pleno del Congreso continuará el próximo jueves el debate de la Ley General del Empleo Público, a la espera de mayor consenso sobre el tema. De ser aprobada dicha ley, se eliminará la tercerización de los servicios y el período de prueba en el sector público. (Gestión)

La reforma del empleo público debe ser parte de una reforma integral del Estado, proceso que no ha sido tocado durante este gobierno y que es difícil de emprender ahora que la actual administración está prácticamente de salida. Los proyectos de reforma del empleo público formaron parte de una iniciativa positiva que se planteó hace dos años. Sin embargo, por distintos motivos estos proyectos han sido bloqueados todo este tiempo y modificados para consolidarlos en una sola propuesta que es la que hoy se debate y que, lamentablemente, carece de los aspectos fundamentales que debieran guiar la reforma.

El proyecto tiene problemas serios: no considera la posibilidad de que el personal del sector público sea evaluado permanentemente, que reciba una remuneración en función de sus méritos y que responda ante la sociedad por los actos que realiza (accountability). Además, incorpora el mecanismo de la negociación colectiva, lo cual pondría al Estado contra la pared cada vez que a los sindicalistas se les ocurra que es hora de un incremento de sueldos.
Otro aspecto negativo del proyecto es la eliminación de la tercerización en el sector público. Esto no sólo impide la posibilidad de que éste obtenga mayor eficiencia y productividad, sino que también genera mayores costos porque todo el personal de las actividades “tercerizables” tendría que ser incorporado a la planilla. En este sentido, deberíamos tomar como ejemplo experiencias como la de Inglaterra, donde el Estado está obligado por ley a tercerizar una actividad siempre que el costo sea menor que realizarlo con personal propio. Incorporar una norma como esta en la legislación peruana mejoraría considerablemente la calidad del gasto público, aspecto en el que no se ha avanzado.

Tal como está, esta ley sólo garantiza mayor gasto por el engrosamiento de la planilla del Estado en al menos 61,300 personas. Aunque podrían ser muchas más, dada la cercanía de las elecciones. Este tema debe ser visto por el siguiente gobierno como parte de una reforma integral y no como punto aislado.