Andina/difusión

Cautela con las cautelares

21 de febrero del 2011

Jueces paralizan inversiones por más de US$ 1500 millones. La ministra de justicia, Rosario Fernández, plantea que las medidas cautelares sobre proyectos de servicios públicos no se deben solicitar en juzgados de provincias sino en los de lima. (Gestión, 21/02/2011))

Rosario Fernández, Ministra de Justicia, dio una larga entrevista sobre cómo el Estado intenta enfrentar el abuso de algunas medidas cautelares. El gobierno y algunas empresas, especialmente las de servicios básicos, están muy preocupados por el grado en el cual las acciones de amparo detienen inversiones. La Ministra Fernández mencionó que la estrategia que está adoptando el Poder Ejecutivo se diseñó en la Comisión Anticorrupción de Alto Nivel, que incluye al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia (ver Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia). El Poder Ejecutivo ya ha enviado un Proyecto de Ley sobre la materia al Congreso. En esencia, se espera introducir el debido proceso en la adopción de medidas cautelares, como acciones de amparo, lo cual incluye restringir que solo se otorguen “por jueces competentes” en Lima “quienes están mucho más familiarizados con [los casos]” y no en provincias.

La Ministra Fernández mencionó que se habían identificado US$ 1.5 mil millones de inversiones paralizadas por la inseguridad jurídica asociada a este problema. Especificó que los proyectos de Chavimochic, Muelle Norte, Ferrocarriles Sur y Oriente, Majes-Siguas II y el Aeropuerto de Pisco están parados por medidas cautelares, entendemos que indebidas. Primero, dudamos seriamente que Dubai Ports World haya recurrido a una criollada para defender sus intereses de un arbitrario cambio en las reglas de juego en la promoción de la inversión privada en el puerto del Callao. Debería separarse la paja del trigo al presentar este problema. Segundo, la inversión total en nuestro país el año pasado fue más de 23 veces superior a los US$ 1.5 mil millones que mencionó la ministra. Dentro de la lista de proyectos de inversión priorizados políticamente, aquellos mencionados por la ministra están detenidos por medidas cautelares. El costo económico de la inseguridad jurídica es muy superior. Es una de las mayores trabas al desarrollo del país. Es una pena que las autoridades políticas y judiciales solo pongan peso político para enfrentar un aspecto del problema, tras recibir una orden que, suponemos, es de Palacio. Paradójicamente, una decisión política del Ejecutivo contribuiría a reducir la falta de independencia del Poder Judicial (ver gráfico).

En las últimas semanas hemos comentado la batalla campal que hay, en sentido estricto y figurado, entre los nuevos y más criollos barones del azúcar, de un lado, el Estado, trabajadores, pensionistas y empresas, de otro (CD 15/02/2011). Durante este gobierno, así como los anteriores, los azucareros criollos han tenido aliados de altísimo nivel en el Estado. La respuesta política frente a sus abusos, por ello, ha tardado y aún no es lo contundente que se requiere. El uso y abuso de medidas cautelares ha sido constante a lo largo del periodo. Nos atreveríamos a afirmar que ha sido el instrumento principal de su estrategia mafiosa. ¿Cómo es posible que el Estado no haya actuado en todo este periodo? ¿Cómo es posible que aún no lo haga de manera decidida? ¿Es creíble el afán de introducir el debido proceso en las medidas cautelares considerando esta realidad?

Cuando discutimos la reforma del Poder Judicial, típicamente nos centramos en los aspectos de la reforma que son más cercanos a las empresas. La noticia que comentamos hoy constituye un ejemplo. El exitoso caso de los juzgados comerciales, otro. Siempre nos ha llamado poderosamente la atención que no haya el mismo interés político por reformar la justicia que más afecta a los ciudadanos. La mayoría de jueces de paz no letrados son provisionales. Así, los conflictos, por ejemplo, por linderación no son resueltos satisfactoriamente, ya que los fallos son apelados o trabados, aprovechando la temporalidad. Así, ya sea por desidia o porque los intereses en conflicto son muy jugosos, la justicia sigue siendo todo menos justa salvo, claro está, aquello que colisiona con la voluntad presidencial.

COMENTARIOS

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