Institucionalidad a lo Aduviri

20 de junio del 2011

Aduviri mantiene postura y rechaza consulta popular en Puno (La República 20/06/2011)

Walter Aduviri acaba de protagonizar una de las más recientes expresiones de la tremenda precariedad institucional que nos aqueja. De un lado -y utilizando el lenguaje que corresponde a la ocasión- la plataforma de lucha que dice representar busca, en el extremo, que se cancelen las alrededor de trescientas concesiones mineras y de hidrocarburos que el Estado ha otorgado en el sur de Puno. La propuesta oficial de consultar a las comunidades indígenas, en el marco del Convenio 169 suscrito con la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y el Decreto Supremo N° 023 que lo reglamenta, no es considerada una reivindicación suficiente. Los diversos «comités de lucha» quieren que se prohíba una actividad económica sin más motivo que la amenaza de utilizar la violencia para imponer tremendos costos a la sociedad (y algunos muertos a sus engatusados «seguidores») si no se hace lo que ellos piden, sin querer ni permitir ningún proceso democrático para la toma de decisiones. El Financial Times y otros medios especializados, desgraciadamente, vienen citando a nuestro país con mucha mayor frecuencia que antes y denominan a este fenómeno el «nacionalismo de los recursos naturales». Pero no es nacional lo que impone una turba local a los ciudadanos de toda la nación.

Peor aún, la realidad objetiva es que la turbamulta que llevó esta supuesta plataforma de lucha a los titulares más bien protegió los intereses de contrabandistas, otros delincuentes tributarios, narcotraficantes y delincuentes en general. Efectivamente, como es sabido, la turba escogió cuidadosamente entrar a oficinas del Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a robar, para luego quemar, expedientes que involucran penalmente a quienes han cometido los delitos antes mencionados. Como lo reportaba en vivo un funcionario público, sabían perfectamente adonde ir y qué expedientes tomar. Siendo esto así, cabe preguntarse ¿Cuál es verdaderamente la agenda relevante y quiénes los beneficiados?
En cuanto a la precariedad institucional, la primera interrogante que nos surge es ¿qué representatividad tiene el Sr. Aduviri en la «nación aimara»? ¿Quién lo eligió y mediante qué procedimientos? ¿Su legitimidad es mayor que la de los representantes locales y regionales elegidos como manda la ley? ¿Es también líder en Bolivia, donde se asientan una participación mayor de los descendientes de una de las tres culturas madre? ¿Es conveniente distinguir a los peruanos y sus supuestos líderes por donde nacieron sus ancestros o a qué cultura pertenecían en un país pluricultural, pero aún racista como el nuestro?

Asimismo, ¿qué hace un experimentado congresista electo interfiriendo en el trabajo del Poder Judicial? Por qué crea el enésimo precedente de exactamente lo que él critica -el lado ancho del embudo para él y sus amigos, y el otro para sus enemigos. ¿Realmente puede sorprender en este contexto que la reforma constitucional que propuso en campaña genere incertidumbre? Tras su reciente triunfo electoral, Ollanta Humala Tasso representará al mismo Estado (burgués), indolente e ineficiente que sus socios políticos han criticado tanto, en muchas ocasiones, con toda la razón. ¿Cómo hará para que este Estado ahora sí funcione y tenga la legitimidad que requiere para actuar en nombre de todos los peruanos y no de los grupos de presión que mejor se organicen? (ver gráfico 1). La plataforma política que le ayudó a ganar la presidencia es radical, lo trasciende y consideró prescindir de él tras la elección del 2006. El Sr. Aduviri es, ahora sin duda alguna, un líder regional de dicha plataforma. ¿Responderá a las decisiones del nuevo gobierno electo? ¿Cómo se comportarán otros que reclaman plataformas de lucha, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), organización que busca restringir e incluso revertir las urgentes reformas educativas, como lo admiten personas del entorno de Humala en privado?
Douglas North, Premio Nobel de Economía, definió a las instituciones como «restricciones creadas por los seres humanos para restringir su comportamiento» para poder así lograr resultados beneficiosos para todos. Sin instituciones, los grupos sociales usualmente ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en qué queremos hacer. Si lo hacemos, nos cuesta muchísimo trabajo actuar para lograr poner en marcha los que acordamos. El Perú simplemente no puede seguir desarrollándose con las instituciones que (no) tiene, ya sea la supuesta representación aimara, el Poder Judicial o el resto del establishment político (ver gráfico 2).
¿Por qué en vez de citar constitucionalistas y comparar el Derecho, los representantes políticos no empiezan por no promover que un grupo de delincuentes hagan lo que quieren, en su legítimo deseo de representar a los aimaras y su nacionalismo de los recursos naturales?