Concentrémonos en aprender a comprar

24 de marzo del 2011

Estudio sobre fármacos oncológicos enfrenta públicamente a ALAFARPE y al MINSA. Ayer, el titular del sector respondió la lluvia de críticas que recibió por parte del gremio farmacéutico y del Instituto Peruano de Economía (IPE), que calificaron el mencionado documento de pobre e impreciso. (El Comercio 23/03/2011)

Según lo que hemos podido leer en los medios, el Ministro de Salud salió en defensa del estudio realizado por la DIGEMID del Minsa (ver estudio), el cual comentamos hace unos días (CD 18/03/2011). Si bien en nuestro comentario criticamos la pobreza del estudio, nos centramos en lo que consideramos sus dos principales conclusiones, con las cuales concordamos. Como indicamos en nuestro comentario, estas conclusiones y las estadísticas de compras estatales presentadas en el estudio señalan que el principal problema con los precios de los medicamentos oncológicos son las deficiencias en los sistemas de compras de las cuatro instituciones públicas que adquieren el 93% de todos estos medicamentos. Más que la política comercial de los laboratorios (la cual es libre en la medida en que no existan prácticas anticompetitivas) o que su respuesta a las reducciones de impuestos por parte del gobierno (las cuales no generan ninguna obligación al sector privado), lo importante es la pobre gestión logística de estas instituciones (posiblemente debido a factores fuera de su control, como los requerimientos ineficaces, innecesarios y encarecedores que con frecuencia se imponen a las compras públicas).

Nos complace que el Ministro de Salud parece concordar, por lo menos en parte, con nuestro análisis, ya que en sus declaraciones a los medios anunció que “tenía previsto oficializar la disposición que obligará a todas las entidades estatales de salud a sumarse a las compras corporativas de medicinas para así abaratar los costos” (ver noticia). Recomendaríamos concentrar los esfuerzos del sector en esta dirección y no en “crear una comisión gubernamental que se encargará de hacer un seguimiento de la evolución de los precios”. Como cualquier abogado nos puede explicar, la comisión no tendría ninguna capacidad de acción porque el que el Estado reduzca un impuesto a algunos bienes no obliga a nadie a bajar ningún precio. Es por ello que este tipo de subsidios indiscriminados suelen ser malas políticas públicas. Si la preocupación es que las medicinas estén al alcance de quienes tienen dificultad para adquirirlas, sería más eficiente concentrar los recursos y esfuerzos del Estado en comprar barato y en otorgar subsidios directos y focalizados a quienes los necesitan y no a todos los peruanos independientemente de su necesidad.

Dicho esto, que es lo más importante, podemos pasar a otros temas. Primero que nada, el Ministro se queja de que las críticas al estudio se centran “en la discusión técnica y no en si la exoneración de impuestos generó una reducción de precios”. Nos sorprende esta afirmación ya que, hasta donde entendemos, el objetivo del estudio era justamente determinar técnicamente si dichas reducciones de precio habían existido. El estudio se realiza no porque exista alguna obligación incumplida de que los precios bajen al darse la exoneración, sino para evaluar si la medida (la política pública) fue efectiva o no en lograr la disminución de precios. Por ello, si la metodología del estudio es deficiente, éste no puede siquiera determinar si dichas exoneraciones se trasladaron al precio o no. Debe notarse que no basta con mirar los precios antes y después de la exoneración (esto sería muy fácil), porque el precio de las medicinas depende de muchos factores y no sólo del IGV. Además, como en toda política pública, lo relevante no es determinar si todos los precios de todos los medicamentos disminuyeron como se buscaba sino si, en términos agregados, la medida fue razonablemente efectiva. El Ministro ya respondió afirmativamente a esta pregunta al haber ratificado la exoneración (de lo contrario, no entendemos su decisión).

Para terminar, detallamos sólo una de las muchas limitaciones del estudio de la DIGEMID. El estudio muestra que hay 75 medicamentos oncológicos que adquiere el sector público (ver cuadro). Pero para estudiar el comportamiento de sus precios sólo cuenta con información sobre los precios de adquisición de 8 de ellos (lo cual demuestra lo malo que es el sistema logístico del sector público). Cabe notar que, de estos 8 medicamentos, para uno de ellos no se cuenta con precios antes de la exoneración y por lo tanto no se puede medir un cambio; para otro, se cuenta con el precio de sólo una adquisición antes de la exoneración, lo cual hace difícil sacar conclusiones; y para los otros seis medicamentos, sus precios bajan notablemente inmediatamente después de o dentro de los tres meses de la exoneración. Huelgan comentarios.