Primó el facilismo; mayor tasa de ITF financiará aumento de sueldos; ¿y la predictibilidad para la inversión?; y Deficiencias en infraestructura aumentan y afectan competitividad

25 de noviembre de 2005

La Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006 fue aprobada ayer con 49 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones. El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) se mantendría en 0.08% el próximo año. Asimismo, cerca de S/.120 millones, producto de los recortes presupuestarios en consultorías y de las reservas de contingencias, se orientarán a engrosar el presupuesto de las regiones. Al Poder Judicial se le asignaron S/.50 millones adicionales a su presupuesto original. (El Comercio)

A pesar de oponerse inicialmente a la permanencia del ITF, al final el Ejecutivo se acomodó a la propuesta del Congreso. Otra medida temporal que por supuestas razones de coyuntura se convierte en permanente, sin importar la competitividad del país. La lección que nos queda es que ni el Ejecutivo ni el Congreso son poderes en los cuales se puede confiar en relación con el cumplimiento de la palabra y, lo que es peor, el respeto de las leyes. Por lo tanto, no se les puede confiar la política tributaria pues hasta hoy lo único que han hecho es introducir altos niveles de incertidumbre en relación con las reglas de juego en materia tributaria que el sector privado debe incorporar en su horizonte de planeamiento. Sin predictibilidad en esta materia es poco lo que se puede hacer para atraer mayor inversión y generar más empleo. Nuevamente, la improvisación prevalece a la visión de largo plazo.

Pero el problema es mayor porque se insiste en la mala práctica de financiar gasto permanente (sueldos de FF.AA. y FP.PP.) con ingresos temporales (ITF), lo que obligará al siguiente gobierno a buscar una fuente alternativa de recursos para financiar dichos gastos (¡qué miedo!). Ojalá la siguiente administración promueva mecanismos para evitar el facilismo con el que se generan gastos que conducen a la creación de impuestos (o aumentos de tasas). Serían necesarias vallas más altas (aprobación por mayoría calificada) para evitar que sigamos expuestos a las expropiaciones y confiscaciones recurrentes por parte de un Estado que ni siquiera es capaz de proveer servicios públicos básicos con la cobertura y calidad adecuados.

 

 

 

Alrededor de S/.175 millones se obtendría como ingreso adicional para el presupuesto del próximo año como resultado de mantener la tasa del ITF en 0.02 puntos porcentuales por encima de lo legalmente establecido.
El MEF debe aclarar si con este aumento se viola la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal en relación con el 
incremento del gasto no financiero.

 

 

 

 

Deficiencias en infraestructura aumentan y afectan competitividad

En el Perú se requiere una inversión de US$22,879 millones para cubrir el déficit de inversión en infraestructura de servicios públicos, es la conclusión a la que llega un estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) por encargo de la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP). Un segundo estudio, elaborado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), revela que la falta de infraestructura significa para el país una pérdida anual de US$1,425 millones, en particular para la población de bajos recursos económicos. (Diarios)

La brecha de inversión en infraestructura se ha ampliado, alcanzando un equivalente al 33% del PBI del 2004. El resultado de ello es la pérdida de la competitividad del país en relación con el proceso de integración al mundo y con nuestras posibilidades de desarrollo. Lo peor de todo es que nuestra competencia sigue avanzando. Por ejemplo, en el caso del sector saneamiento, la brecha con Chile se incrementó, sobretodo, en relación con el tratamiento de las aguas servidas (entre el 2001 y el 2004, la brecha aumentó en promedio casi 10 puntos porcentuales por año). Asimismo, el retraso persiste en sectores importantes como el de transportes (carreteras, puertos y aeropuertos), lo que dificulta consolidar una cadena logística integrada que facilite las operaciones de comercio exterior.

En relación con los sobrecostos producto de la falta de infraestructura, estos afectan en mayor medida a los más pobres (el 83% de estos corresponden a las provincias y el 17% restante a Lima). Asimismo, poco más del 46% del total de sobrecostos anuales provienen de la falta de infraestructura eléctrica rural. Cabe precisar que del total de sobrecostos anuales, US$787 millones responden a costos de transacción y US$638 millones a la pérdida de eficiencia social producto de ésta.

 

 

 

 

Las necesidades de inversión se orientan, principalmente a las provincias (73% del total de la brecha). En éstas, la inversión en infraestructura de red vial es más necesaria, mientras que, en Lima, el sector telecomunicaciones compite en importancia con el de saneamiento (recordemos que el limitado acceso a los servicios de agua y desagüe tiene nocivos efectos sobre la salud).

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