agroindustria

Azucar; se sigue legislando para unos pocos y mayor presion tributaria tiene costos

26 de octubre de 2005

Las deudas tributarias de las empresas agrarias azucareras no podrán cobrarse siempre que éstas se encuentren en el marco del régimen de protección patrimonial. Así lo dispone un dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso de reactivación y promoción de la inversión en las empresas agrarias azucareras. (Gestión)

Esta es una muestra más del errado concepto de nuestros legisladores en relación con la iniciativa empresarial. No terminan de entender (o quizá no quieran hacerlo) que las empresas ineficientes deben salir del mercado para dar paso a nuevas empresas, más eficientes y competitivas. Y con esa competencia y eficiencia el consumidor se beneficia de menores precios y mayor calidad.

No es la primera vez que se legisla para unos pocos y se hace pagar por ello a la gran mayoría. La norma beneficia a un reducido grupo de empresas azucareras, algunas de las cuales cuentan, además de la participación del Estado, con capital de inversionistas privados. Pero perjudica al Estado como acreedor, que seguirá sin recuperar el dinero que debe invertir para brindar adecuados servicios públicos; a los contribuyentes, que continuarán financiando y subsidiando a empresas ineficientes, que no pueden cumplir con sus obligaciones; y a los consumidores, que deberán seguir pagando el azúcar más cara.

Desde el punto de vista del Estado como acreedor, es necesario hacer conciencia de que este tipo de propuestas incentiva la cultura del no pago y permite una subsistencia artificial que genera distorsiones en los mercados y aumenta las cargas y obligaciones que debemos asumir los demás. Es hora de dejar de ver al Estado como una fuente inagotable de recursos y de recurrir a su protección cada vez que somos incapaces de cumplir las obligaciones y responsabilidades que asumimos al hacer empresa.

Las empresas azucareras, como parte del sector agroindustrial cuentan ya con una serie de beneficios tributarios, financieros, patrimoniales y comerciales. En relación con estos últimos es necesario recordar que los consumidores peruanos pagamos el azúcar más cara de la región, en razón de la alta protección arancelaria (tasa de 20%, sobretasa de 5%) y barreras como la franja de precios. Todos estos beneficios han permitido que varias de ellas encuentren el camino de la eficiencia. Y las que no lo han hecho enfrentan problemas de carácter administrativo que les impide concentrar eficientemente sus recursos en la generación de riqueza. No hay razón para seguir protegiéndolas, porque esta protección genera competencia desleal frente a aquellas empresas del sector no protegidas.



Mejor recaudación sí; pero, ¿a costa de qué?

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, informó que la presión tributaria de este año estaría entre 13.8% y 13.9% del Producto Bruto Interno (PBI), nivel de recaudación que no se registraba desde 1998. Además, indicó que se ha elevado a 6% el estimado del crecimiento del PBI de este año. (Gestión)

De alcanzar la presión tributaria proyectada por el MEF, ésta sería la más alta desde 1998, cuando se alcanzó el 14% del PBI. Pero la tasa más alta de los últimos 35 años fue la de 1997, cuando se registró una presión tributaria de 14.2% del PBI. Sin embargo, habría que precisar que en 1998 la tasa de crecimiento del PBI fue sustancialmente mayor a las registradas en los últimos 4 años y, a diferencia de aquella época, en la que los precios de los commodities cayeron, hoy estos tienen una tendencia al alza (generando mayores ingresos). Además, durante este gobierno se ha producido un sustancial incremento de la carga tributaria: entre ITF, ITAN, medidas administrativas y el punto porcentual adicional en la tasa del IGV hay más de S/.5,500 millones adicionales de recaudación, versus alrededor de S/.1,700 millones de menor recaudación por la eliminación del IES, IAE y el Anticipo Adicional del IR. ¿Dónde está la mayor eficiencia?

¿Y dónde se irían los mayores ingresos? Si ocurre lo que hasta ahora, entonces seguirá el deterioro en la calidad del gasto: aumentarán los salarios en el sector público, se engordará la planilla del Estado y continuarán los subsidios ineficientes. En este sentido, llama atención que el MEF afirme que el crecimiento del gasto no financiero del gobierno general estaría este año apenas por encima del límite de 3%, cuando en el MMM 2006 – 2008 se señalaba que aumentaría en 9.8%. Lo cierto es que violar la ley por mucho o por poco es siempre una violación. Y la situación se agrava cuando predominan niveles de discrecionalidad que la ley no otorga, como cuando se afirma que dicho incumplimiento no significa que “vayamos a morir”. De ahí la importancia de imponer sanciones a los responsables. ¿Hasta cuándo esperaremos esta reforma?

Quizá una de las peores prácticas de nuestras autoridades -lamentablemente institucionalizada- sea la de convertir en permanente lo que nació como temporal. El Congreso renueva todo tipo de beneficios supuestamente temporales cada año. Y el Ejecutivo sigue el ejemplo. Por eso es que no habrá reducción del punto adicional del IGV, que el ITAN sólo será rebautizado con otro nombre (excluida la palabra “temporal”) y que las medidas administrativas seguirán hasta “sabe Dios cuándo”. Es hora de que la política tributaria se rija por metas y plazos, más allá de la presión tributaria. Las medidas administrativas, por ejemplo, deberían eliminarse una vez que se consiga reducir la evasión del IGV a un nivel y en un plazo determinados. Eso le daría el nivel de predictibilidad del que carece nuestro sistema.

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