Farra electorera del Congreso alcanzaría los S/.1,500 millones; alguien debe detenerlo
27 de octubre de 2005
El costo para el Estado de financiar las demandas del Congreso que generan gastos a través de nombramientos de personal y pagos sin sustento técnico es de S/.858 millones, sólo por los proyectos aprobados este año. (El Comercio
El artículo 79º de la Constitución señala claramente que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Pero aunque esto ha venido siendo letra muerta, en los últimos meses se ha desatado una preocupante farra electorera debido a la cercanía de los comicios de abril. Creemos que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta situación, que más allá de vulnerar leyes como la del presupuesto y de equilibrio financiero y generar riesgos fiscales considerables, desalienta la inversión privada por las señales distorsionantes que introducen significativos niveles de incertidumbre.
La cifra revelada por El Comercio –y que entendemos es parte de un informe alcanzado por el MEF a la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso– se queda corta si se considera la homologación de los sueldos de los catedráticos (no menos de S/.400 millones) y la ampliación de la cobertura del SIS (que estimada en función del aumento de la demanda superaría los S/.230 millones). Estos cerca de S/.1,500 millones (3% del presupuesto y 0.6% del PBI de este año) alcanzarían, por ejemplo, para cubrir la cuarta parte del déficit existente en infraestructura educativa y de salud.
Pero eso no es todo, el Congreso ha hecho todo lo posible por impedir un mayor crecimiento de la economía al desincentivar la inversión privada. Ahí están la congresista Núñez y su intento por sacar una ley de trabajo no consensuada y sumamente rígida; el intento de la Comisión de Trabajo (en jugada en pared con la OIT) por aumentar el salario mínimo; los intentos por excluir a los gobiernos subnacionales del filtro del SNIP; los múltiples proyectos por reactivar y promover la aventura empresarial del Estado (ahora quieren reflotar TANS y afirman que es rentable; ¡vaya contradicción!); y la constante intromisión en los mercados para controlar precios y tarifas (en algunos casos reguladas). Alguien tiene que parar esto. No es posible que la debilidad institucional ocasionada por el Congreso siga debilitando nuestras posibilidades de alcanzar el grado de inversión.
