Andina/difusión

Rescate institucional y apoyo político => más competencia

28 de enero del 2011

De acuerdo con lo informado ayer por Indecopi, la más alta instancia del Poder Judicial concluyó que, efectivamente, Pacífico, Generali, La Positiva, Mapfre, Rímac, Royal & SunAlliance y Sul América infringieron el Decreto Legislativo 701, que sanciona las prácticas restrictivas de la libre competencia, al acordar fijar en US$60 el precio del SOAT, que empezaba a ser obligatorio para los vehículos particulares. (El Comercio 28/01/2011)

Hace unos días comentamos los intentos del Ministerio de Salud porque se moderaran los precios de los medicamentos para tratar el cáncer; y unos días antes de eso comentamos respecto a las preocupaciones del Ministerio de Agricultura de que conductas anticompetitivas podían explicar los movimientos de precios de algunos productos de consumo masivo. En ambos casos sugeríamos que, de existir preocupaciones respecto a conductas anticompetitivas se debería recurrir a INDECOPI, en lugar de interferir arbitrariamente con el funcionamiento del mercado. La noticia de hoy abona a favor de esta alternativa y la lección debería ser aprendida no sólo por los ministros de Salud y de Agricultura, sino aparentemente por la mayoría del actual gabinete, ya que se han aprobado recientemente medidas controlistas que indican un intervencionismo estatal excesivo y equivocado.

Asegurar la vigencia de conductas competitivas en el mercado es muy importante para el desarrollo de cualquier economía, pero lo es quizás aún más en el caso peruano. Recordemos que si bien la economía peruana ha crecido mucho, aún es pequeña. Este tamaño reducido y las distorsiones que existen en mercados fundamentales (capital, trabajo, tierra, agua, información) tienden a llevar a que existan relativamente pocas empresas locales que atiendan los distintos mercados. Existen dos principales formas de reducir el riesgo que pueden representar esta tendencia a que existan posiciones de dominio en el mercado local. Primero, el libre comercio internacional, el cual al posibilitar la importación frena las conductas anticompetitivas locales. Segundo, un regulador fuerte y eficiente que asegure que las posiciones de dominio en el mercado, que de por si no son un problema, no sean abusadas. La importancia de INDECOPI es frecuentemente subestimada.

La concertación de precios es un riesgo real en el Perú y en el mundo. El diario que citamos al inicio de este comentario recuerda que “la Corte Suprema confirmó la multa de S/. 4.3 millones a doce empresas del sector avícola y la Asociación Peruana de Avicultura (APA) por encarecer el precio del pollo”, además de citar otros casos de presunta concertación. Tampoco cuesta tanto entender cómo se pudieron concertar precios en el caso del SOAT. Primero, el Estado creó un mercado cautivo, obligando a todos los vehículos a contratar el SOAT, para proteger a terceros de los conductores. Segundo, el mercado asegurador, como el bancario y previsional privado, está concentrado ver el primer gráfico) y hasta los años noventa sus precios eran fijados por el Estado (motivo por el cual el mercado era entonces subdesarrollado e ineficiente). Tercero, al establecerse el SOAT no se tomaron medidas para asegurar la competencia en un mercado cautivo. Para tomar un ejemplo, en Chile se han licitado paquetes de nuevos afiliados entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Entendemos que se ha considerado adoptar esa idea en nuestro país. Quizás se podría hacer algo similar con el mercado cautivo del SOAT.

El problema radica en crear las condiciones para que INDECOPI tenga la fortaleza y capacidades necesarias para evitar los abusos de las posiciones de dominio. Sin embargo existen indicios de que INDECOPI corre riesgo de no poder cumplir adecuadamente con su función. Varios de los que eran entre los más prestigiados miembros de sus comisiones ya no trabajan en INDECOPI. Pareciera que el Instituto aún no llega a cuajar como institución..O lo hizo y fue debilitado por, por ejemplo, la absurda decisión de cortar los sueldos en el sector público. O quizás ya no tiene el apoyo político que le dieron los reformistas de los noventa, lo cual explicaría su aparente renuencia a actuar con la fuerza necesaria para enfrentar la reestructuración de las políticamente sensibles azucareras. En todo caso, los planes de gobierno de los candidatos deberían incluir su posición respecto al necesario fortalecimiento de INDECOPI.

COMENTARIOS

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