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Crédito: ¿es idóneo hacerlo desde el Estado?

2 de agosto del 2021

Informe IPE – El Comercio

En su discurso presidencial, Pedro Castillo señaló la necesidad de que el Estado asuma el financiamiento directo de créditos a los segmentos menos atendidos por el sistema financiero. Sin embargo, la experiencia previa del Estado peruano en este tipo de préstamos ha sido, en el mejor de los casos, desfavorable.

Las entidades prestadoras estatales han mostrado una serie de errores. Entre ellos, no otorgar créditos bajo una lógica de rentabilidad financiera positiva; no tener políticas de cobranza adecuadas; reprogramar recurrentemente deudas, lo que lleva a que los préstamos no sean devueltos; y no evaluar apropiadamente los riesgos de los acreedores. De esta manera, en caso el gobierno impulse los préstamos estatales, los escasos recursos del Estado podrían no ser asignados eficientemente hacia fines productivos.

Experiencias pasadas

Una de las experiencias que ofrece evidencia de la débil capacidad del Estado para actuar como intermediario financiero fue el Banco de Materiales (BanMat). Este fue creado en 1980 con el objetivo inicial de prestar materiales de construcción, pero luego otorgó créditos para vivienda y autoconstrucción a familias de bajos ingresos. El BanMat –que nunca fue regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– estuvo marcado por la poca transparencia en sus operaciones, sin validación de auditores externos.

Según estudios del economista Felipe Morris, como resultado de los préstamos a tasas de interés subsidiadas y una política de cobranza poco estricta, el BanMat alcanzó niveles de moratoria de alrededor del 90%, por lo que se llevó a cabo programas de condonación de deudas en varias ocasiones.

En 2012, la reconstrucción de sus estados financieros reveló un patrimonio negativo de S/ 229 millones, luego de lo cual se decretó el inicio de su liquidación, la cual continúa hasta hoy bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

Otro caso similar de banca estatal ineficiente es el Banco Agropecuario (Agrobanco), el cual ha sido sucesor del antiguo Banco Agrario, liquidado en 1992 por enfrentar enormes pérdidas y ser una de las principales fuentes de la emisión monetaria que llevaron a la hiperinflación de fines de los años ochenta.

Agrobanco fue establecido en 2001 para atender las necesidades de financiamiento de aquellos productores agrícolas y pecuarios que no cumplen con los requisitos crediticios exigidos por el sistema financiero tradicional. Ello se dio a pesar de que el Estado pudo tomar otras medidas.

Por ejemplo, si el problema de acceso para los agricultores hubiese sido la falta de garantías, el sector público podría haberlas otorgado a las entidades financieras privadas, como en el programa Reactiva; en caso las tasas de interés hayan sido muy elevadas, pudieron ser subsidiadas acorde a las necesidades de los productores.

Luego de 19 años de operaciones, los resultados de este modelo de negocio exhiben deficiencias de gestión.

En efecto, entre el 2017 y 2019, el porcentaje de créditos atrasados de Agrobanco se incrementó poco más de 50 puntos porcentuales y, a diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, este ya alcanzaba el 84,6% del total de colocaciones.

Asimismo, a mayo del 2021, la morosidad presenta un nivel de 85,2%, más de doce veces por encima del promedio de las microempresas en el sistema financiero (6,6%). Más aún, a pesar de que las pérdidas netas se han reducido durante los últimos años, estas ascienden al 38,2% del patrimonio de Agrobanco.

Gestión de recursos

En el caso particular de la agricultura, el presidente propuso adicionar S/ 3000 millones al programa FAE Agro, programa creado en el 2020 con el objetivo de garantizar créditos baratos a los pequeños productores agropecuarios.

Sin embargo, a la fecha, el FAE Agro solo ha colocado cerca de S/ 230 millones de los S/ 2000 millones que tenía asignado, un 11% del total. Resulta evidente que el programa no requiere de mayores fondos, sino de una mejora en el diseño y gestión que tome en cuenta las condiciones de acceso al sistema financiero.

De esta manera, es importante que el sector público se concentre en la consolidación de mecanismos financieros de “segundo piso”, que canalicen préstamos a través de entidades financieras privadas. La ventaja de ello es que las instituciones privadas cuentan con mejores incentivos para proveer créditos que después puedan ser repagados.

Un ejemplo peruano de que este tipo de esquema puede funcionar es la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). El ser únicamente una institución de “segundo piso” le ha permitido tener niveles de morosidad similares a los del promedio de la banca múltiple.

En un contexto de mayor profundización del sistema financiero privado, estos esquemas representan mejores alternativas para la asignación de recursos que regresar a los experimentos fallidos de banca estatal en el pasado. Por el contrario, la ruta del gobierno entrante debería pasar por adoptar medidas que incrementen la competencia en el sistema financiero y que tendrían un mayor éxito para el objetivo de cerrar las brechas de acceso al crédito en la población más vulnerable.

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2021-08-02 - Crédito es idóneo hacerlo desde el Estado - Informe IPE - El Comercio

COMENTARIOS

  1. Luis Barrios Medina
    Agosto 10, 2021 Responder

    Si se implementa una banca de segundo piso, deberia trabajarse como se hizo con REACTIVA, encadenandose el interes final que ofrecen los bancos cercano al 5 por ciento. Porque con COFIDE, los bancos cobran como si la plata fuese propia y cobran un interes de acuerdo a sus intereses, que bordea el 30 por ciento

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