Dirección y velocidad
Columna de Diego Macera, Gerente del IPE, publicada en El Comercio.
A todos nos gustaría estar mejor. Tener más seguridad para nuestras familias, acceso a mejor salud y educación, ingresos más altos, más tiempo libre, etc. Para muchas familias vulnerables, estar mejor no es cuestión de comodidad; se trata de llevar una vida digna. Ahora, cuando pensamos en cómo mejorar nuestro nivel de vida, no solo nos fijamos en lo que nos falta actualmente, sino en la tendencia que hemos seguido. Si, a pesar de esfuerzos, llevamos estancados por varios años en el mismo sitio sin mejoras visibles –o, peor aún, retrocediendo–, algunos cambios profundos intentaremos. Si, por el contrario, a pesar de que aún tenemos carencias notamos que hemos logrado una mejora sostenida, será cuestión de afianzar el rumbo y caminar más rápido en la senda que conocemos.
Algo muy similar sucede a nivel de país. Uno de los errores más comunes cuando se trata de propuestas de política pública es centrarse en los problemas y privaciones de la situación actual –innegables por donde se les mire– sin tener en cuenta el contexto o punto de partida. Destacar todo lo que no se ha podido solucionar a la fecha suele ser, a la vez, políticamente rentable. Es verdad que aún hay pobreza, falta de servicios básicos, subempleo, y otros tantos males que aquejan el Perú, pero lo que realmente importa para efectos de cambio en política pública no es si existen estos males –obviamente, ahí están–, sino si estamos en proceso de corregirlos o no. El caso del agro es emblemático: el empleo formal total en el sector es muy bajo aún, pero en la costa ha ido creciendo a pasos agigantados en los últimos años, tanto que la agroexportación y sus actividades vinculadas se consolidaron como los principales creadores de nuevo empleo formal en el Perú, con la consiguiente mejora de salarios. El problema persiste en gran medida, pero la tendencia a reducirse es lo que importa.
Un ejercicio básico de dos preguntas puede graficar con simplicidad el análisis. La primera: ¿estamos mejor que hace algunas décadas? Si la respuesta es afirmativa, vale preguntarse ¿hemos mejorado a velocidad suficiente? Respecto de la primera interrogante, aún los más críticos del sistema económico tendrán que conceder que la calidad de vida mejoró en todos o casi todos los aspectos relevantes para la gran mayoría de la población en las últimas dos décadas y media. Es muy difícil apuntar a un solo indicador de progreso económico o social que no haya mejorado ostensiblemente desde entonces. El golpe ocasionado por la pandemia nos ha hecho retroceder en muchos frentes, pero con políticas adecuadas –hoy cada vez más raras, es cierto–, el impacto sería temporal.
La segunda pregunta es más difícil, y también tanto más útil. Los peruanos mejoramos nuestra calidad de vida a un ritmo que pudo, y debió, ser mayor. El camino fue el correcto, pero la velocidad fue insuficiente, sobre todo del 2014 en adelante. Entre los motivos centrales del lento avance estuvieron la incapacidad del Estado para garantizar acceso a servicios públicos de calidad (educación, salud, justicia, seguridad, etc.) a pesar de contar con ingresos tributarios mucho mayores, y el abandono de políticas efectivas para promover la inversión y el empleo formal.
Para realizar cambios de política pública a cualquier nivel –constitucional, legislativo, local, reglamentario–, el énfasis debe estar en el análisis de la tendencia que se ha seguido y cómo mejorarla. Los problemas estructurales existen, están ahí, y no desaparecerán de la noche a la mañana, al margen de lo que propongan algunos irresponsables. Toca, decíamos, afianzar el rumbo y caminar más rápido en la senda que conocemos. O se nos pasa el tren.
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