El costo económico de la corrupción

30 de enero del 2017
Instituto Peruano de Economía(IPE)
El Comercio
El escándalo de Odebrecht sin duda tiene efectos en el PBI, la creación de empleo y reducción de la pobreza. Pero estas malas prácticas no solo se dan en las grandes obras.
El costo económico de la corrupción no se reduce al dinero que desaparece de las arcas públicas, sino que tiene implicancias que van mucho más allá. En primer lugar, como reportó este Diario, la mayoría de analistas económicos han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento del PBI del Perú para el presente año a consecuencia del escándalo de Odebrecht y la paralización de las inversiones en las que la empresa brasileña tenía participación. El costo en términos de crecimiento del producto nacional sería de aproximadamente medio punto durante el 2017, lo que a su vez redunda en la menor creación de empleo y menor reducción de la tasa de pobreza.
En segundo lugar, revelaciones de este tipo perjudican la legitimidad del esquema de asociaciones público privadas (APP) en particular, y el ambiente de negocios en el Perú en general. La distorsión en los esquemas de incentivos no invita a que las empresas –nacionales o internacionales– honestas y eficientes compitan para hacerse de la obra pública o de una porción del mercado. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un país con problemas de corrupción incrementaría en aproximadamente 5% su inversión privada a través del fortalecimiento del marco institucional que protege a los inversionistas de estas prácticas. Además, el Foro Económico Mundial (WEF) estima que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer empresa, y en hasta 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo. En otras palabras, la corrupción mina el ambiente de negocios y aleja las inversiones saludables.
—En el día a día—
En tercer lugar, conviene tener en mente que la corrupción no se trata solo de grandes obras públicas. La ‘pequeña corrupción’ que se da en trámites burocráticos y en el acceso a servicios básicos impone también un costo económico sobre las familias. De acuerdo con un trabajo de la Universidad del Pacífico, “los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan escasos para ellos como la policía y salud, además de los casos de gobiernos regionales y ministerios”. La ‘pequeña corrupción’, así, afecta principalmente los ingresos y oportunidades de acceso a servicios de las familias con menores recursos.
En cuarto lugar, el costo económico más grave de la corrupción quizá sea su efecto sobre las decisiones de inversión. Odebrecht, por ejemplo, habría entregado –según la fiscalía– US$7,7 millones para asegurar la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro. La compañía brasileña, por supuesto, esperaba obtener una rentabilidad a partir de este gasto adicional. De acuerdo con la contraloría, la obra demandó una inversión inicial de US$410 millones, pero el valor se incrementó en US$109 millones luego de modificaciones. En Cajamarca, la contraloría señaló que José Panta Quiroga, vinculado a Gregorio Santos, recibió más de S/403 mil para adjudicar obras por S/130 millones a empresas que no contaban con requisitos mínimos para ejecutarlas. En ambos casos, el tamaño del soborno es poco significativo en relación al costo de la obra.
Casos como estos –que redundan en obras públicas sobrevaloradas o con deficiencias en su ejecución y que por tanto deben rehacerse– reflejan que uno de los principales costos de la corrupción está en las malas decisiones que se siguen en búsqueda de un incentivo ilegal. Costos que al final termina pagando siempre el contribuyente.
En agregado, el costo de la corrupción –expresado a través de menor crecimiento del producto, detrimento del ambiente de negocios, falta de acceso a servicios públicos y malas decisiones de política pública– es muchísimo mayor a lo que inicialmente se estima.
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