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El Estado pobre y derrochador

23. 01. 2024

Columna de Miguel Palomino, presidente del IPE, publicada en La República

Los peruanos ya estamos acostumbrados a escuchar discursos de funcionarios públicos respecto a la escasez de fondos públicos para tal o cual fin. A veces, este reclamo parece tener sentido, por ejemplo, cuando se trata de la educación. ¿Acaso alguien piensa que la educación está sobre atendida en el Perú? Otras veces, más bien cuesta pensar cómo se les ocurre gastar más dinero, como en el caso de Petroperú.

¿Por dónde comenzamos a evaluar estas afirmaciones? Primero, es necesario ponernos de acuerdo en qué se debería gastar el dinero financiado con nuestros impuestos. El dinero de los impuestos es limitado, por lo tanto, debemos priorizar el gasto público. ¿En qué queremos gastar el dinero con que contamos? Es necesario actuar como todo hogar cuando decide en qué utilizar su presupuesto.

Hay algunas cosas en las que existe cierto consenso respecto a que el Estado sí debería involucrarse (como, por ejemplo, la educación). Hay otras cosas en las que el Estado no debería involucrarse, por lo menos no mientras no haya resuelto los problemas priorizados. Mientras la gran mayoría de peruanos no esté sana, segura, educada y con sensación de que el país es más bien justo y está progresando, no tiene sentido gastar nuestro dinero en cosas como una empresa petrolera.

En general, en economía suele decirse que existen ciertos bienes públicos en los que el Estado está en una posición favorable para involucrarse en su oferta. Típicamente, se habla de salud, seguridad, educación, justicia, etc. Son bienes para casi todos y que producen mayor bienestar que el que percibe directamente un individuo. Que el Estado esté involucrado en su provisión no significa que deba proveerlos directamente, sino que juegue un rol en su disponibilidad para la comunidad.

Lo siguiente para poder priorizar es saber con cuántos recursos contamos. Al pensar en esto, siempre debemos recordar que son nuestros impuestos los que financian todo gasto público y que todos contribuimos en su generación. Sí, todos. No solo porque la fuente de impuestos más grande es el IGV (que todos pagamos), sino porque los precios por los bienes y servicios que pagamos ya reflejan las tasas de impuestos que están obligadas a pagar las empresas que nos proveen. Así que es nuestro dinero el que está en juego.

Una forma en que podemos comparar países es calcular el total de impuestos pagados y expresarlo como un porcentaje del PBI. La suma de todos los impuestos y contribuciones dividida por el PBI se denomina la presión tributaria. Esta es la forma más usual de comparar la carga fiscal de un país, pero podrían usarse otras y los resultados no serían muy distintos. En el caso peruano, la presión tributaria es de aproximadamente el 18% del PBI. La presión tributaria comparable en América Latina (AL) es de aproximadamente 22% y en los países más bien ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de aproximadamente 34%. Es decir, es significativamente mayor.

Sin embargo, lo curioso es la composición de esta diferencia. ¡La contribución del impuesto a la renta de personas jurídicas es mayor en el Perú que en la OCDE y es el mismo que en América Latina! Donde hay una diferencia muy grande es en las contribuciones sociales: 7 puntos porcentuales más en la OCDE y 2,5 puntos porcentuales más en AL; y en impuestos a los bienes y servicios, donde la diferencia es de 2,5 puntos porcentuales en AL y de 2 puntos porcentuales en la OCDE. La otra gran diferencia con la OCDE es que esta recauda 7 puntos porcentuales más que el Perú por concepto de impuesto a la renta de personas naturales.

¿A qué se deben estas enormes diferencias? Fundamentalmente, a la elevadísima informalidad y baja productividad en el Perú (que lleva a bajas contribuciones sociales), a una ineficiente estructura tributaria en otros países (que tiene altos e ineficientes aranceles como Argentina y Brasil) y a una mayor pobreza y una excepción muy alta al impuesto a la renta de personas naturales en el Perú.

Es decir, excepto por los elevados aranceles que tienen algunos países y que no habría que imitar, lograr mejoras en los impuestos y contribuciones del Perú requiere luchar contra la informalidad que tanto daño nos hace. Serán necesarios muchos años de esfuerzo de atacar al problema desde muchos ángulos si se quiere obtener resultados. No existe una bala de plata.

Además, antes de pensar en si es necesario recaudar más, debemos pensar en qué se va a usar tanto el dinero que se quiere recaudar como el que actualmente se recauda. El Estado existe fundamentalmente para asegurar la provisión eficiente de bienes públicos (como educación y salud). ¿Qué ha pasado con la percepción de satisfacción con estos servicios públicos en los últimos años?

Si vemos los datos publicados (más o menos bianualmente) por la encuesta del prestigioso Latinobarómetro, encontramos que desde el 2014 hay una clara tendencia al deterioro en la satisfacción con los servicios de educación y salud (son los únicos que se miden). Aun tomando los malos resultados a partir de la pandemia y el desastroso gobierno de Castillo, se puede notar la clara tendencia a la baja entre 2014 y el 2019.

¿Qué podemos pensar al ver que los salarios del sector educación se han aumentado en 83% real desde el 2016, mientras que ha caído fuertemente el porcentaje de niños que rinden satisfactoriamente tanto en lectura como en matemáticas? ¿O que el personal no médico del Ministerio de Salud ha visto un aumento de 61% en su remuneración real en los últimos seis años sin un avance significativo en la lucha en favor de la salud pública? O más escandalosos aún (pero mucho menos significativo en términos de costo), ¿qué podemos pensar al ver a los congresistas otorgarse aumentos y bonificaciones mientras aprueban leyes que aseguran el fin de la meritocracia en la educación y facilitan el avance de la criminalidad en la llamada minería informal?

Tenemos que mejorar la asignación del presupuesto público viendo si funciona efectivamente y evitar que el Estado se convierta en un lastre que tenemos que arrastrar con nosotros. Un Estado que en lugar de atrasarnos nos ofrezca más oportunidades y más justicia. Hay, aunque los cínicos no lo crean, innumerables trabajadores públicos que hacen cada día su mejor esfuerzo por que el país progrese. Ese ejemplo deberíamos fomentarlo.

Para que eso sea posible, el Estado debiera concentrarse en hacer bien lo que nadie puede hacer por él. Un Estado pobre no puede seguir derrochando recursos humanos y económicos sin ton ni son. Debe construir un ambiente propicio para que el sector privado crezca rápidamente, como respuesta, lo hacía hasta hace unos años, y que con ese crecimiento proporcione los recursos para que el Estado haga mejor su labor para el beneficio de todos los peruanos.

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