El Gobierno busca legislar sobre minería

15 de diciembre del 2011
El Comercio
 
Trascendió hace algunos días que la Presidencia del Consejo de Ministros prepara un pedido de facultades para legislar sobre temas relacionados con las concesiones mineras. Las declaraciones de diversos ministros respecto a la prioridad en el uso del agua, la intención de establecer un fondo de garantía que cubra pasivos ambientales generados por la minería y los anuncios de formalización de la minería informal dan una idea respecto a lo que se estaría planeando. Al respecto, pensamos que existe amplio espacio para mejoras en la legislación referente a concesiones mineras y al uso del agua, si bien esto último debe aplicar no solo a la minería que solo hace uso del 2% del agua que se utiliza sino principalmente a la agricultura, que consume la mayor parte del recurso. También se puede mejorar el cuidado ambiental y la forma en que aseguramos que los pasivos ambientales sean adecuadamente atendidos por quienes los generan. Por ello, el pedido de facultades puede proporcionar una oportunidad para mejorar el ordenamiento legal existente, siempre y cuando la labor se haga de manera integral y técnicamente coherente.

PRIMERO QUE SE ENTIENDA LA LEGISLACIÓN
Para comenzar, el gobierno debiera hacer una campaña para que la población tenga un entendimiento adecuado de lo que constituyen las concesiones mineras y las concesiones o permisos de beneficio, y los derechos y  responsabilidades que cada una confiere (el portal web del Ministerio de Energía y Minas tiene valiosa información
al respecto). Debe quedar claro que la concesión minera no representa ningún derecho sobre el predio superficial, que cualquier actividad requiere de la autorización del propietario del derecho superficial y que las operaciones
mineras se realizan sobre una parte muy pequeña del territorio nacional. También que la actividad minera formal no
se puede realizar sin antes obtener los permisos necesarios, que incluyen la presentación y aprobación de un estudio de impacto ambiental, y planes de remediación y de cierre de minas.

¿QUIÉN CONTROLA?
Uno de los principales retos del gobierno es lograr un mejor ordenamiento de las responsabilidades de las instituciones encargadas del cumplimiento de la regulación ambiental. Los expertos que hemos consultado se inclinan hacia potenciar una institución que tuviera a su cargo toda la supervisión y el cumplimiento de la regulación ambiental, en lugar del rompecabezas hoy existente. También debiera perfeccionarse la actual división de responsabilidades entre el gobierno central, que se encarga de la mediana y gran minería, y los gobiernos regionales, que son responsables de la pequeña minería y la minería artesanal. El hecho es que los gobiernos regionales carecen de las capacidades para cumplir con la responsabilidad que se les asignó, lo cual viene teniendo funestas consecuencias ambientales. Probablemente debiera devolverse dicha responsabilidad a oficinas descentralizadas del gobierno central, en un modelo semejante al que opera la Sunarp.

QUE SE PAGUE COSTO DEL AGUA
En cuanto al agua, la mejor manera de asegurar su buen uso es poniéndole un precio adecuado. Si el agua prácticamente se le regala tanto al usuario agrícola como al minero, no se fomenta el buen uso de ese recurso escaso. Según la Autoridad Nacional del Agua, el usuario agrícola en Cajamarca pagó el último año 6 milésimas de centavo por metro cúbico de agua utilizado y si bien Yanacocha pagó una tarifa cincuenta veces mayor, también esta fue muy baja para un recurso tan escaso. A quienes piensan que a los pequeños productores agrarios no se les debe cargar costos mayores, les señalamos que lo mejor es que por el recurso escaso se cobre lo que cuesta producirlo y que si se desea subsidiar a los agricultores más pobres esto se haga mediante transferencias directas y focalizadas, que permitan determinar exactamente en manos de quién están acabando los recursos del Estado. Es razonable que las minas paguen el real costo del agua que utilizan y/o que realicen las inversiones necesarias para reponerla.

ASEGURAR LOS RIESGOS AMBIENTALES
En esta misma línea, la existencia de un fondo de garantía que asegure que se cubran los pasivos ambientales no previstos es muy razonable, siempre y cuando la distribución de los costos se realice en función de los riesgos ambientales generados, incluya todos los esquemas de remediación –como por ejemplo los fondos ya existentes para asegurar los costos de cierre de minas y mantenga la competitividad de la actividad minera. Por último, se debe asegurar la formalización de la minería informal que no cumple con la legislación ambiental. Este proceso debe
basarse principalmente en hacer cumplir la ley, más que en crear regímenes especiales que condonen la depredación del medio ambiente. Para ello, los expertos que hemos consultado señalan que el camino más efectivo sería el control estricto de las empresas que procesan el mineral que producen los informales.
 
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