El reto de la educación superior

23 de agosto de 2021

Informe IPE – El Comercio 

En su discurso inaugural, el presidente Pedro Castillo propuso una política de ingreso libre a la educación superior. Según el Minedu, la medida se implementaría de forma gradual y focalizada, y estaría acompañada por otras estrategias para fortalecer las universidades e institutos existentes.

Si bien es verdad que existen problemas de acceso, parte de la prioridad debe estar en continuar con las políticas de mejora de la calidad de la enseñanza, y poner mayor énfasis en la educación técnico-productiva.

Acceso y equidad

Durante las últimas dos décadas, el acceso a la educación superior universitaria se ha incrementado de manera significativa en el país.

Mientras que, en el 2004, el 16% de los jóvenes entre 19 y 25 años se encontraba cursando o había culminado la universidad, en el 2020 dicho porcentaje ascendía a 33%, lo que representa un incremento de 661 mil personas con acceso a educación superior.

Ello ha significado una población mucho más preparada que antes para enfrentar los retos del mercado laboral.

No obstante, los datos también dan cuenta de restricciones de acceso a la educación universitaria en las instituciones públicas del país. Información de la Sunedu muestra que, en el 2016, solo el 20% de los casi 300 mil postulantes a las universidades públicas en el ámbito nacional logró acceder a una vacante.

Así, el incremento del acceso a la educación superior se explicaría sobre todo por el aumento de la oferta de instituciones privadas de las últimas décadas que, sin embargo, presentan una gran variabilidad en cuanto al costo y la calidad de los servicios educativos ofrecidos.

Por su lado, aumentar significativamente el número de alumnos en educación superior pública tiene barreras estructurales de oferta: no solo la necesidad de mucho mayor presupuesto público, sino también de infraestructura, docentes y personal –carencias que no se solucionan rápidamente y pueden afectar negativamente la calidad–.

Un acceso totalmente libre, en ese sentido, es imposible. Al respecto, Pablo Lavado, economista e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), señala que la medida propuesta por el Gobierno sería positiva siempre que se puedan definir adecuadamente los criterios de selección de los estudiantes que cuentan con las capacidades necesarias para cursar educación superior, e ir monitoreando el avance progresivo.

De lo contrario, indica Lavado, existiría el riesgo de deserción, lo que representaría una pérdida tanto de tiempo como de recursos para los estudiantes y las instituciones de educación superior.

Calidad

La política de acceso libre también debe considerar que incrementar las opciones para nuevos estudiantes no siempre les asegura mejores oportunidades laborales.

En el 2015, Gustavo Yamada y otros investigadores de la UP encontraron que “solo el 62% de las carreras universitarias presentan retornos positivos, mientras que solo el 4% de las carreras técnicas son rentables”.

Ello significa que, en retrospectiva, para muchas personas acceder a educación superior probablemente no habría sido la mejor decisión en términos económicos.

Mejorar la calidad de la enseñanza sería clave para que la educación superior tenga un retorno positivo. Los mismos investigadores de esa casa de estudios estimaron que el acceso a una universidad de buena calidad tendría un efecto de 17% sobre los ingresos de los egresados.

En un estudio más reciente, Alan Sánchez y otros (2021) encontraron resultados similares utilizando los datos de Niños del Milenio, una encuesta que ha seguido a jóvenes desde que tenían 8 años hasta los 26.

En particular, destaca que, durante la pandemia, el haber estudiado en una institución de buena calidad sirvió como un factor protector frente a la crisis. En contraste, no se encontraron efectos significativos en el caso de los que asistieron a universidades de menor calidad.

La diferencia entre la situación laboral de los egresados de universidades licenciadas y de los de instituciones no licenciadas también demuestra la importancia de la calidad en la enseñanza.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), las personas que estudiaron en una universidad que recibiría licenciamiento no solo perciben más ingresos que otros con el mismo nivel educativo, sino que la brecha se ha ido incrementando en el tiempo.

Además, los egresados de universidades licenciadas tienen una mayor probabilidad de tener un empleo formal y de trabajar en una empresa grande. Así, resulta importante continuar con el fortalecimiento de la calidad de la educación superior en el país. El proceso de licenciamiento universitario llevado a cabo por la Sunedu constituyó un primer paso para transparentar las condiciones de la oferta educativa superior.

Una opción viable

El énfasis en promover el acceso a la educación técnico-productiva sería fundamental. Esta es un buen mecanismo para que más personas accedan a mejores oportunidades laborales. Por ejemplo, según la Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo, cerca del 20% de los puestos a ser contratados en el 2021 requerirían conocimientos técnicos, en comparación con solo el 12% que requeriría estudios universitarios.

Además, se debe tener en cuenta que existen carreras técnicas que ofrecen buenos retornos económicos, incluso en comparación con otras carreras. Por ejemplo, según el portal web Ponte En Carrera, los recién egresados de institutos técnicos en Ingeniería de Minas perciben ingresos más altos que los egresados de Arquitectura, entre otras carreras.

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