Eliminación de IAE no llevó a incremento de inversión en empresas públicas

20 de septiembre de 2005

La aerolínea estatal TANS operará en un plazo de tres semanas una nave de las Fuerzas Armadas para cubrir sus operaciones en la selva peruana. Con esta medida, se busca cubrir un servicio que no atiende actualmente otro operador, mientras se estudian otras alternativas, informó Hilda Sandoval, directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. (El Comercio)

Otro ejemplo más de la escasa firmeza en la posición de este gobierno. Hace menos de un mes, escuchábamos al titular del sector decir que se evaluaría el retiro de TANS del mercado o su transferencia al sector privado. Ahora resulta que se le va incorporar un nuevo avión perteneciente a las Fuerzas Armadas. Habría que preguntarse por qué no se han hecho públicos los resultados de la evaluación anunciada por el ministro de Transportes, considerando que se ha decidido que la empresa seguirá operando. Además, ¿se habrá hecho un análisis costo beneficio entre alquilar una nave a las fuerzas armadas (de uso para la defensa y seguridad interna) o alquilarla a un tercero? Y lo peor de todo, ¿estará esa nave preparada para el transporte de pasajeros?

TANS es una empresa que arrastra una mala situación económica desde hace varios años (pérdidas contables acumuladas por S/.40 millones). De acuerdo con la memoria de la empresa (2004), el capital de trabajo es deficitario (S/.36 millones), el capital adverso asciende a casi S/.32 millones y arroja pérdida por casi S/. 2.4 millones. Por ello, el dictamen de los auditores indica que “esta situación implica que se encuentra comprendida en la causal de disolución de sociedad de acuerdo a la Ley General de Sociedades; y representa una duda sustancial sobre la capacidad de empresa para continuar como negocio en marcha”. Es alarmante, entonces, que el Fonafe esté garantizando las operaciones de una empresa que está quebrada y que, por tanto, debiera liquidarse. Ya es hora de dejar la aventura empresarial del Estado.

El Fonafe ha revelado, además, que en los primeros 5 meses del año, las empresas del sector público han invertido apenas el 54% de lo presupuestado. Esto debido, principalmente, a problemas en la gestión interna. En este sentido, somos de la idea que se debería restituir el Impuesto a las Acciones del Estado (IAE), pues recordemos que éste se eliminó con la finalidad de que las empresas públicas destinen esos recursos a gastos de capital. La realidad ha sido totalmente distinta. Al reponer el IAE, lograremos que el Tesoro recuperare los recursos anuales que ha dejado de recaudar (S/.580 millones en el año 2001), con lo cual se podría compensar, en parte, los recursos que se dejarían de percibir al regresar la tasa de IGV a su nivel original (18%).

Implementemos medidas de austeridad para emprender una verdadera reforma policial

El presidente Alejandro Toledo anunció que el gobierno invertirá, entre este año y el próximo, S/.284 millones en la Policía Nacional. Explicó que se han destinado S/.104 millones para el pago, este año, de las vacaciones atrasadas y para la entrega de un bono extraordinario a cada policía, por única vez, de S/.150. Agregó que en el 2006 los policías recibirán un aumento de S/.110 en dos armadas. (Semanam@il y diarios)

Lo trascendente no ha sido el anunciado aumento de sueldos y el bono extraordinario a los policías, aunque esperamos que vengan acompañados de mejoras en la productividad e incluyan una evaluación de la consecución de metas de la policía. El tema de fondo es, sin duda, la necesidad de emprender una reforma policial, destinada a fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Esta, debería venir acompañada de medidas de austeridad que permitan cumplir con los ofrecimientos, que para el 2006 alcanzan los S/.180 millones, sin comprometer nuevos incrementos de gasto en el presupuesto.

En este sentido, se podría obligar a las entidades públicas adscritas el presupuesto a generar un ahorro adicional de 3% sobre las compras de bienes y servicios, y así disponer de un ahorro de S/.460 millones. Lograrlo dependerá de ciertas acciones que deben emprender las entidades públicas: (i) minimizar los gastos por concepto de representación, viajes y viáticos; (ii) afianzar la austeridad en el uso de los servicios públicos (luz, agua y teléfono), transporte local, contratación de servicios externos (services y consultorías); y (iii) realizar las compras (insumos y servicios) de manera centralizada y vía internet, aprovechando las economías de escala y descuentos de cantidad.

Además, se debería eliminar las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones, pues sus funciones no sólo son ajenas a la Constitución e incompatibles con el proceso de regionalización, sino que significan un elevado costo que debemos asumir todos los peruanos. Considerando que estas funciones ocupan a alrededor de 10,000 personas y que se les destina anualmente cerca de S/.50 millones, fácilmente estos recursos se podrían usar de mejor manera transfiriéndolos a incrementar el número de efectivos y los sueldos de los mismos. Así, se podría aumentar progresivamente a 3 los turnos por día en las comisarías. Y con ello, dar mayor seguridad a la población.

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