Es indispensable una visión hacia el desarrollo territorial para que los recursos de la minería impulsen a las regiones
RCR
Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), enfatizó que el Estado debe implementar una visión de desarrollo territorial, para que los recursos generados por la minería puedan impulsar el crecimiento de las regiones del Perú, en la conferencia “El desafío de la descentralización, minería y desarrollo”, realizada en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“La minería es un pilar indispensable en el desarrollo del Perú, es la única actividad que puede movilizar millones de dólares de manera descentralizada en todo el Perú. Hemos tenido un proceso de desarrollo minero que es la envidia de varios países, aunque estamos lejos de llegar al pico de producción”, dijo.
Señaló que una visión de desarrollo territorial es fundamental. “Estos planes de desarrollo regional deben ir acompañados de un catastro nacional, que es indispensable. Chile tiene un buen sistema que ayuda a tomar decisiones sobre el territorio. Otro de los puntos centrales es completar la base de datos de los pueblos indígenas, sobre las cuales se construye la consulta previa. Otro punto importante es mejorar la trazabilidad del canon y las regalías mineras. Eso es lo que ha hecho Chile más o menos bien”, indicó.
“Las transferencias de canon y regalías han sido muy significativas en los últimos años y existe una buena estructura tributaria. El tema es que no se han venido ejecutando de la mejor forma. El uso varía en cada región, pero en promedio estamos hablando de un uso del 65% del canon ejecutado y esto es parte del problema. El problema no solo es la ejecución, sino como lo estamos ejecutando y que tipo de brechas estamos cerrando”, precisó.
Remarcó que la minería genera 8 puestos de trabajo indirecto por cada puesto generado de manera directa. “También hay mucho trabajo generado en la etapa previa en construcción y proveedores. La minería paga impuestos, es una de las cargas tributarias más altas y tiene cargas extras”, subrayó.
Destacó que hay un potencial muy grande que tenemos que aprovechar. “La minería es uno de los motores que tenemos para salir de la crisis actual y consolidar el crecimiento a mediano plazo y ya es hora de asumir que todos queremos lo mismo y hay mucho trabajo para hacerlo realidad”, remarcó.
Mencionó que la conflictividad es relativamente alta y ha venido reduciéndose, según la Defensoría del Pueblo. “Muchos de estos conflictos tienen su origen en actas o acuerdos, que se han percibido como que no se han ejecutado o una de las partes no ha cumplido con su parte del acuerdo. Lo principal es tener actores estables con los cuales se puedan llegar a acuerdos válidos y que haya una rendición de cuentas, y eso es lo que ha fallado y ha afectado las inversiones mineras”, explicó.
“Hasta el 2019 los proyectos con conflictos eran más de 12,000 millones de dólares y que el freno de las inversiones termina traduciéndose en menos recursos para todos y menos empleos y menos desarrollo en las zonas donde se ejecuta. También tenemos ausencia del Estado en las zonas donde se ejecuta. También tenemos ausencia del Estado en las zonas donde se desarrolla la minería, lo cual hace que la minera deba asumir ciertos roles que le debería corresponder al sector público”, detalló.
Advirtió que cuando las empresas empiezan a asumir ciertos roles que le corresponden al sector público, la dinámica de las regiones empieza a cambiar, lo cual no siempre es para bien. “Esto debe ser acompañado con un desarrollo de los servicios públicos y una presencia del Estado más significativa. La presencia del Estado es fundamental”, precisó.
“Ha habido mucha carga regulatoria que en buena parte está justificada por nuevos requisitos ambientales, que son razonables y atendibles, en parte por la consciencia del mayor dinamismo en las comunidades, pero hay que revisar cuales con los procedimientos que son redundantes y cuáles son los que hay que darle valor”, comentó.
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