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¿Estamos seguros en línea?

29 de setiembre de 2022
Nicolás Zevallos Trigoso
Instituto de Criminología

Si bien ya eran conocidos, durante la pandemia más de uno recibió un mensaje de texto felicitándonos por haber ganado una camioneta último modelo, alguna alentadora oferta de trabajo, ha sufrido el robo de algún producto vendido en línea, o ha recibido el pedido de un “miembro de la realeza africana” dispuesto a compartir su herencia a cambio de un depósito en una cuenta bancaria. Entre el 2018 y el 2021, las denuncias por delitos informáticos en el Perú han crecido en poco más de un 400%.

La denuncia de delitos informáticos ha crecido radicalmente. Si bien esto se puede relacionar al aumento del interés y de la capacidad de la ciudadanía para denunciar, y a la necesidad de denunciar para recuperar o cambiar un bien (seguros, tarjetas, anulación de líneas telefónicas, etc.), en el caso de los delitos informáticos el aumento ha implicado (objetivamente) reconocer la vulnerabilidad de los sistemas y de la ciudadanía en este escenario.  Hemos pasado de registrar 2,917 denuncias en el 2018 a reportar 14,671 denuncias en el 2021 por delitos informáticos. Entre el 2020 y el 2021, esta variación ha superado el 65%, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia peruano.

En efecto, los delitos informáticos son los que más crecieron en la última década. Dicho aumento se debe, en parte, a que hay más disponibilidad de acceso a medios y aparatos electrónicos (computadoras, tabletas y teléfonos con acceso a internet), a que cada vez existen más servicios que implican estos dispositivos (cuentas bancarias, acceso a servicios locales, etc.), así como a un progresivo incremento de la conectividad. Por ende, hay más probabilidad de ser víctima, así como más facilidades para cometer delitos informáticos. La ampliación de la conectividad -sin las medidas de protección correctas- nos hace altamente vulnerables a estos delitos.

Del total de denuncias de delitos informáticos, lo más resaltante es el crecimiento del fraude informático, que pasó de 6,946 denuncias en el 2020 a 10,924 en el 2021. De acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 30171, este delito se define como “El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático”.

La red está repleta de mensajes y links preparados para embaucar a la ciudadanía y ya hay un espacio muy desarrollado en el que la lógica del engaño y la inseguridad se ha instalado en el mundo virtual. Se pueden encontrar casos de phishing (que implican engaños para que la persona comparta información confidencial), el scamming, (por ejemplo, la solicitud de envío de dinero a cuentas interbancarias de personas desconocidas), o la suplantación de identidad.

Hay que tener en cuenta que las lógicas de otros delitos no se aplican al delito informático. Sin tener necesariamente un espacio físico para cometer el delito, los perpetradores son difíciles de encontrar (pueden incluso estar en otros países o regiones, distintas a las de las víctimas), y las medidas regularmente utilizadas para otros delitos (más vigilancia operativa, cámaras) no ayudan mucho en este ámbito. Asimismo, los marcos para intervenir son complejos: la investigación de estos delitos requiere un conocimiento informático que no necesariamente es extendido en las líneas de investigación criminal. Así, se trata de delitos con baja probabilidad de ser resueltos, pero que afectan a miles de ciudadanos.

Todo apunta a que se trata de delitos que mantendrán una tendencia ascendente en los años siguientes. Para enfrentar este problema, es necesaria la especialización del cuerpo policial y fiscal; pero también la difusión adecuada de estos delitos, sus modalidades y maneras de actuar, los criterios para prevenir y evitar las trampas de los delincuentes informáticos, y el desarrollo de un sistema de fiscalización con sanciones eficientes. Si bien la última línea de la seguridad informática son los cuidados que debe tomar el usuario, resulta importante preguntar a nuestras autoridades qué medidas se vienen tomando para protegernos de estas situaciones en nuestras vidas en línea.

Referencias
-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2022). Ciberdelincuencia. Reporte de información estadística y recomendaciones para la prevención. Observatorio Nacional de Política Criminal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima. Recuperado de:  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1528/cap04.pdf

 

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