Examen de calidad para las normas
06 de febrero del 2017
Instituto Peruano de Economía(IPE)
El Comercio
El gobierno busca que los procedimientos administrativos solo tengan vigencia por tres años. El objetivo es eliminar trámites innecesarios que ralentizan la economía.
Según la última edición del reporte Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, para abrir un negocio estándar en el Perú se debe atravesar un proceso que se alarga en promedio 26 días. En este interviene la Sunarp, Sunat, la municipalidad del distrito y un notario público.
Si bien ha habido avances en este proceso (hace 14 años el mismo procedimiento demoraba en promedio 100 días), es crucial que exista una herramienta para optimizar los trámites administrativos que impone el Estado.
En este sentido, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310, recientemente emitido por el Ejecutivo en el marco de sus facultades legislativas, establece que todas las entidades de este poder del Estado deben presentar un análisis de calidad regulatoria (ACR) de las normas que crean procedimientos administrativos –con excepción de las contenidas en leyes, las que tengan rango de ley y las tributarias–. Una vez aprobado el ACR, los procedimientos solo tendrán vigencia por tres años, período luego del cual tendrán que volver a demostrar su eficacia y necesidad. El decreto aplica para los nuevos procedimientos y para los que ya se encuentran vigentes.
El potencial del decreto legislativo es significativo. El ACR tiene como objetivo identificar, reducir o eliminar los procedimientos que sean innecesarios, injustificados, desproporcionados o redundantes.
De acuerdo con los índices de gobernabilidad elaborados por el Banco Mundial, la calidad regulatoria en el Perú ha empeorado entre 1996 y el 2015. Un estudio trabajado por economistas de las universidades de Manchester, Bradford y Cranfield del Reino Unido estima que si se incrementa en una unidad el índice de calidad regulatoria (que va de -2,5 a 2,5), el crecimiento económico aumentaría entre 0,6% y 0,9% al año gracias al aumento en la eficiencia de las políticas y la mejora de la gobernabilidad.
Teniendo en cuenta los beneficios potenciales de mejorar la calidad regulatoria, es importante destacar algunos aspectos sobre esta medida. En primer lugar, se debe distinguir la evaluación tipo ACR del análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés).
Mientras que la primera crea un instrumento para evaluar una serie de características de los procesos administrativos como la necesidad, duplicidad y efectividad, la segunda es una herramienta más profunda que evalúa los beneficios y costos de propuestas de políticas públicas –no solo procedimientos– y sus alternativas. Ambos procesos van en línea con las recomendaciones de la OCDE para mejorar la calidad de los servicios del Estado.
—Ahorros significativos—
Más allá de la profundidad del análisis, la extensión de la tarea en el Estado Peruano la hace retadora. Se estima que serán casi 2.000 los procedimientos administrativos por revisar durante los siguientes dos años. Entidades como la Sunarp y el Ministerio de Defensa presentarían aproximadamente 500 procedimientos para revisión, en tanto que instituciones como los ministerios del Ambiente y de Comercio Exterior y Turismo no más de 70, debido a la naturaleza de su trabajo. En los primeros meses, además, se priorizaría la revisión de aquellos procedimientos que contribuyan a la reactivación económica.
La experiencia internacional sobre la implementación de mejoras regulatorias, algunas a base de RIA y otras de ACR, es interesante. Resalta el caso de México, país que implementó una reforma regulatoria en el 2009 con el fin de mantener solo las normas indispensables. Así, según el Gobierno Mexicano, se derogaron más de 16 mil normas y 2.000 trámites de la administración pública federal, lo cual significó una reducción de costos del sector privado de US$2.500 millones.
En el caso de Chile, se creó el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados con el objetivo de evaluar los efectos de las leyes promulgadas. En la misma línea, según un estudio de la OCDE, la aplicación de mejores regulaciones en el Reino Unido habría incrementado en £16 billones su PBI en el 2005 con una inversión de solo £35 millones para su implementación. Regular mejor parece resultar ampliamente rentable.
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