Extorsiones se multiplican por 6 y presupuesto para seguridad cae en 18%

La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el Perú, y afecta tanto la calidad de vida como el desarrollo económico del país. Según el INEI, al tercer trimestre del 2024, más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves, solo superado por la corrupción. El aumento de las extorsiones, robos y amenazas, sumado a la insuficiencia de recursos para combatir el crimen –evidenciada en las limitaciones del equipamiento y la precariedad de la infraestructura policial– anticipan niveles de inseguridad cada vez más críticos.

Criminalidad en aumento

Desde el 2019, las denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes se han incrementado en todas las regiones del país, multiplicándose por seis a escala nacional. En particular, La Libertad es la región más afectada, con un número de denuncias por extorsión cuatro veces mayor que en el 2019. La extorsión afecta principalmente a comerciantes, transportistas y microempresarios. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 13,000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023, poniendo en riesgo la operatividad y el crecimiento de mypes. En esa línea, Videnza Instituto estima que los pequeños negocios en Lima Metropolitana pierden casi medio millón de soles diarios debido a extorsiones, robos y amenazas. En adición, el BCRP estima que las pérdidas generadas por la criminalidad representan el 2.8% del PBI.

Paradójicamente, si bien la proporción de la población peruana víctima de algún hecho delictivo aumentó de 18.3% a 27.7% entre el 2021 y 2024, el presupuesto en términos reales del Ministerio del Interior (Mininter) se redujo en más de 18% entre el 2019 y 2025. Este abandono del Estado limita la modernización de la infraestructura policial y la adquisición de equipamiento necesario para enfrentar el crimen. Con menos recursos y una criminalidad en ascenso, la seguridad en el país enfrenta uno de sus momentos más críticos.

Deficiencias en equipamiento y recursos policiales

Las severas limitaciones de recursos para combatir el crimen se reflejan en la falta de equipamiento y la precariedad de la infraestructura policial. En el 2023, solo el 25% de las comisarías a escala nacional tenían una radio portátil, cifra que llega hasta 4% en Moquegua. La situación es aún peor con los GPS, disponibles solo en 4% de las comisarías a escala nacional. En cuanto a computadoras, motocicletas y camionetas –aunque la mayoría de las comisarías las poseen–, una parte significativa no está operativa. Por ejemplo, el 58% de las motos están operativas, pero este porcentaje baja a 17% en el Callao. Similar situación en el caso de camionetas operativas, donde el promedio nacional (57%) cae hasta 28% en Tumbes.

A esto se suma las deficiencias en infraestructura. Menos de la mitad de las comisarías a escala nacional cuenta con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, requisito fundamental para garantizar la seguridad estructural de los establecimientos. Además, la modernización o ampliación de las comisarías enfrenta obstáculos administrativos: solo un tercio cuenta con saneamiento a nivel de titularidad, lo que dificulta la inversión en mejoras.

A esta precariedad se suma la escasez de personal policial. El número de policías por cada 100.000 habitantes en el Perú se redujo de 170 en el 2019 a 155 en el 2023. Con ello, se encuentra por debajo del estándar recomendado por la ONU (180 policías) y de países vecinos como Chile (232 policías), que cuenta con un 49% más de efectivos policiales en proporción a su población. Este déficit de personal limita no solo la presencia policial en las calles, sino también la capacidad de reacción y prevención ante hechos delictivos.

Para revertir la crisis de inseguridad, es fundamental una respuesta integral que fortalezca a la policía y a las instituciones del sistema de justicia. En parte, esta estrategia implica optimizar los recursos asignados al Mininter e impulsar el aumento del número de efectivos policiales. Además, resulta clave mejorar la infraestructura y el equipamiento de las comisarías mediante mayor inversión privada, a través de mecanismos de cooperación entre el sector público y privado como obras por impuestos y asociaciones público-privadas.