Fiscalización en rojo
8 de abril del 2019
El Comercio
Informe de El Comercio – IPE
Fuera de foco. La inspección laboral de la Sunafil en el sector informal es muy limitada. En la actividad de transporte, 8 de cada 10 trabajadores son informales y esta problemática continúa en aumento.
La semana pasada, 17 personas fallecieron en el incendio de un bus en el terminal terrestre de Fiori, el cual no contaba con licencia municipal de funcionamiento. Esta terrible tragedia vuelve a poner en discusión el alto nivel de informalidad de la economía y la escasa capacidad de fiscalización de las entidades reguladoras sobre los no formales. Solo en el sector transportes, por ejemplo, ocho de cada diez trabajadores son informales.
—Alta informalidad—
En el 2017, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, el sector transportes empleó a más de 1,2 millones de personas, de las cuales más de un millón fueron empleadas en el sector informal. Así, el trabajo informal alcanzó al 83% del total de trabajadores del sector y registró la cuarta mayor tasa, solo por debajo de las actividades agropecuaria (96%), trabajadores del hogar (92%) y alojamiento (84%). Además, en los últimos cinco años, el número de trabajadores informales en el sector transportes aumentó a un ritmo anual de 3,7%, mientras que el crecimiento promedio del empleo informal total fue de 1%.
La alta informalidad tiene un serio impacto negativo sobre la productividad del trabajador. En el 2017, cada trabajador formal del sector transportes produjo mensualmente en promedio S/16.709, mientras que los trabajadores informales solo S/3.500. Es decir, la productividad laboral del sector formal es casi cinco veces la del sector informal. Por otro lado, esta baja productividad se traduce en menores salarios y peores condiciones de trabajo y seguridad. El salario de los transportistas informales es casi la mitad del de los formales.
A diferencia de lo que se señaló en el reciente discurso del primer ministro Salvador del Solar frente al Congreso, la definición de trabajador informal –en línea con el INEI y la OIT– incluye a los independientes del sector informal, los asalariados sin seguridad social y los trabajadores familiares no remunerados.
—Sistema de inspección laboral—
El Sistema de Inspección de Trabajo (SIT), regulado por el D.S. 002-2017-TR, está integrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y los gobiernos regionales (GORE) a través de sus gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Esas instituciones son las principales entidades encargadas de la fiscalización laboral en el ámbito nacional.
Según el Plan Sectorial de Inspección del Trabajo 2019-2021, la Sunafil y las GORE desarrollaron casi 45 mil inspecciones por año entre el 2013 y el 2018. Estas se agrupan en dos tipos: aquellas generadas por denuncia y los operativos programados. Entre esos años, las fiscalizaciones por denuncia representaron anualmente el 74% del total de actividades (en promedio más de 33 mil inspecciones por año). Según la propia Sunafil, este elevado número de inspecciones por denuncia demuestra que las fiscalizaciones tienen un carácter reactivo e infractor, cuando deberían estar enfocadas en la prevención.
Además, entre los operativos programados (casi 12 mil por año), el 11% de este tipo de fiscalizaciones culmina con un acta de infracción. Es decir, anualmente menos de dos mil inspecciones detectan alguna infracción. Ello se explicaría, en parte, porque las fiscalizaciones se concentran en el sector formal, cuando quizá conseguirían mejores resultados al enfocarse en el sector informal que, efectivamente, incumple largamente con la normatividad laboral y de seguridad. Sin embargo, según el plan, la priorización de sectores económicos por fiscalizar se basa en la cantidad de trabajadores formales que no recibieron el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS).
Por otro lado, en el 2018, el número de inspectores de la Sunafil y los GORE fue de 671 en total y, en los últimos tres años, se incrementó en 43%. No obstante, esto resulta insuficiente, puesto que solo existe un inspector por cada 25 mil trabajadores, aproximadamente.
—Reformas—
Uno de los principales problemas del SIT es la limitada intervención al sector informal debido, en buena medida, a la inadecuada priorización de las intervenciones y al reducido número de inspectores. En este sentido, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) menciona que la Sunafil debería realizar una supervisión basada en matrices de riesgos, como ratios de consumo de inselectricidad, para detectar la contratación de trabajadores informales. De esta forma, se incrementaría la probabilidad de identificar y sancionar la contratación informal.
Otra de las principales deficiencias del SIT es la falta de predictibilidad en la interpretación y aplicación de las normas durante las inspecciones al sector formal. Esto se debe a la dispersión, desorden y excesiva complejidad de la legislación laboral. Por ello, desde el 2017, la Sunafil ha implementado diversos grupos de trabajo para uniformizar los criterios de aplicación frente a una misma norma, a fin de reducir la discrecionalidad de los fiscalizadores. Asimismo, con el objetivo de sistematizar la legislación laboral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) elabora un compendio que incluye las normas laborales actualizadas y las resoluciones, protocolos y directivas aprobadas por la Sunafil.
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